Vida digna para las mujeres trabajadoras

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El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras se conmemora este 8 de marzo. El Caucus de Mujeres del MST denuncia las malas condiciones de vida de las mujeres trabajadoras en Puerto Rico. Estas condiciones de vida no sólo han sido malísimas bajo los diferentes gobiernos, sino que han empeorado bajo el gobierno de Pedro Pierluisi y las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal (JFC). La pobreza entre las mujeres jóvenes, mayores, jubiladas, trans, casadas, trabajadoras, se ha vuelto cada vez peor. Por eso, no nos quedamos en la denuncia, sino que exigimos cambios profundos y una vida digna para las mujeres de la clase trabajadora. Algunos de estos cambios pueden lograrse con la lucha en la calle bajo la colonia, pero muchos sólo los lograremos en una nueva sociedad. Por eso, nos enfocamos en aquellas condiciones que han empeorado bajo este gobierno y la JCF.

Derecho a los servicios esenciales y la privatización

Días atrás, llegó a mi casa un carro destartalado. Una muchacha al volante entre múltiples bizcochitos y una bebé atrás. Con los párpados a media asta, me preguntó: ¿Tienen luz aquí? Por ahora sí, contesté. Suspiró y, mientras subía los hombros, me preguntó si podía cooperar con ella comprando algún bizcochito.

Con tanto cambio en voltaje y apagones, puede perder su mercancía para la subsistencia familiar. Ésta es una de esos “4 gatos”, que en su lucha por sobrevivir apenas logra llegar a manifestaciones contra LUMA. Puede ser una de las que no puede ir a las fiestas de la Sanse. Como tampoco pueden ir los que han muerto en hospitales a causa de LUMA. Estas son las víctimas silentes de LUMA: la gente vieja, las familias que murieron por explosiones de generadores, encamados que murieron por constantes apagones, pacientes a los cuales se les dañó medicamentos vitales, personas invisibilizadas en su desgracia. Tenemos que morir más para que el gobierno de turno ponga “otro parcho”, para que la gente aguante su explotación y su venta.

La energía eléctrica era privada para la década de los años 30. En contraposición con la finalidad de lucro de compañías privadas, se construyeron embalses en diferentes pueblos con el propósito de utilidad social. Nació la Autoridad de Fuentes Fluviales (1941), pública, cambiando su nombre a Autoridad de Energía Eléctrica en 1979 (AEE). Llegó la energía eléctrica a lugares inimaginables del país. Desde Estados Unidos (2015) llegó Anne Kruger y puso en práctica el terror con su informe que desencadenó en la Ley Promesa, que a su vez llegó de la mano con la Junta de Control Fiscal, millonario puñal. En el año 2014, llegó Jay Alix, dueño de la compañía Alix Partners, para quien trabajó Lisa Donahue, con sobre 400 millones en contratos para reestructurar la deuda de la AEE. Ésta suspendió la compra de materiales necesarios para la infraestructura, quitó fondos para mantenimiento de las utilidades, limitó el nombramiento de personal luego de jubilaciones, dejó de comprar abastos, equipo y herramientas indispensables para el funcionamiento de este servicio esencial. Donahue celebró su logro, un ahorro para Puerto Rico de más del doble de lo que ella había cobrado. Confirmó así que “esa economía lograda” fueron fondos arrebatados a nuestra AEE para desmantelarla. En el año 2017, llegó desde Oklahoma la empresa Cobra (con $2,000,000 en contratos) y, desde Montana, White Fish (con sobre $3,000,000 más). Ahsha Tribble, subdirectora de FEMA, protegió a estas empresas y cumplió en cárcel una condena por corrupción.

Al ocurrir desastres en Puerto Rico, se formaron estas empresas de momento (como Genera, la nueva privatizadora), cazaron contratos y llenaron sus arcas. Empresas sin experiencia con la energía eléctrica ni personal suficiente para ello, como GENERA (¡Igualito a LUMA!). La AEE tuvo que arreglar desastres hechos por estas empresas y hacer trabajos que estas empresas no hicieron, pero cobraron.

Ahora, políticos se enchufan con privatizadores y aseguran su futuro: Rafael Hernández, Pedro Pierluisi y José L. Dalmau nos rematan con la culminación de la privatización de nuestro servicio esencial, la energía eléctrica. ¿Quiénes ganan? Ganan las garrapatas abusando del poder. Y nuestra gente muere…

Derecho a un hogar digno:
Gentrificación y desplazamientos

María (nombre ficticio) es una joven madre trabajadora que vive en un condominio de Santurce. El condominio donde reside con su hijo de 5 años y su perrita fue adquirido por un grupo de inversionistas y recientemente recibió una notificación informando que, efectivo el próximo mes, su renta será aumentada $250 y además se cobrarán tarifas adicionales por mascota. Ahora se encuentra buscando, muy preocupada, otro lugar para vivir con su hijo y su mascota, ya que no puede costear el aumento que se suma al alza en los costos de agua, luz y alimentos. El caso de María es uno de miles que se están dando en Puerto Rico, donde las leyes de incentivos a los ricos apoyadas por el PPD y PNP fomentan la especulación y recrudecen el desplazamiento y la gentrificación.

Pero ¿qué es la gentrificación? Es, en pocas palabras, la transformación de zonas de vivienda accesible mediante la especulación e inversión de capital privado para convertir dichas áreas en productos atractivos y rentables con hoteles, AirBnBs y edificios de lujo. El resultado de esta transformación es el aumento desmedido de la renta y el aumento en los precios de venta de un 63%. Según el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), con el aumento del costo de vida y con ello el desplazamiento que, señala Harvey que “casi siempre tiene una dimensión de clase, ya que suelen ser las más pobres y menos privilegiadas, las marginadas del poder político, las que más sufren en esos procesos.” Para esta transformación, se requiere de una forma u otra violencia.

Según la organización Ayuda Legal Puerto Rico, el 70% de los casos de desplazamiento que atendieron en el 2022 eran de mujeres jefas de familia. En otras palabras, las mujeres se encuentran en una situación de mayor de vulnerabilidad ante la amenaza de quedarse sin techo.

No ha habido cambios, por parte del gobierno, en las políticas públicas para frenar los desplazamientos y la gentrificación. Al contrario, el gobierno ha sido colaborador y cómplice, aprobando las leyes de incentivos contributivos a los ricos, así como facilitando los desarrollos y construcciones en áreas ecológicamente sensibles. La organización comunitaria para resistir los desplazamientos es crucial. Exigir la proliferación de vivienda cooperativa, el control de renta, restricción de AirBnBs y otros alquileres a corto plazo así como la prohibición de la especulación en la compraventa de propiedades son, entre otras, algunas de las reformas a exigir a corto plazo para atender la situación que atravesamos las trabajadoras.

Sin embargo, estas reformas se quedan cortas. Hay que atacar la concentración de la propiedad privada en manos de los especuladores y desarrolladores. Se deben expropiar las viviendas desocupadas, prohibir los desalojos y crear un registro de propiedades disponibles al servicio de las trabajadoras.

Derecho a vivir en un país con un medioambiente sano

Vivir en un medioambiente sano es necesario para nuestra salud física y mental, nuestra seguridad alimentaria y para permitirnos el disfrute de los recursos naturales. Las mujeres pobres de clase trabajadora y jefas de familia constituyen el 46% de la población y, por eso, son las que más se afectan con la contaminación del ambiente y la privatización de los recursos naturales.

En todo el mundo, quienes más sufren con el cambio climático son las mujeres, las Naciones Unidas explican en un informe que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres. También, esto resulta en un aumento en la violencia de género y las violaciones en los campos de refugiados y albergues temporeros a los que se mudan las mujeres. Además, muchas terminan en situaciones de semiesclavitud por el trabajo sexual y en matrimonios obligados durante la adolescencia para poder sobrevivir. En Puerto Rico, el desplazamiento de familias pobres de áreas naturales pasa todos los días y ha pasado por décadas, como podemos recordar del caso de Adolfina Villanueva, quien fue asesinada por la policía bajo el gobierno de Carlos Romero Barceló.

El cambio climático y la privatización de las playas, tierras agrícolas y otros recursos naturales afectan a las mujeres de clase trabajadora más que a ningún otro grupo, particularmente a las madres solteras. El desarrollismo de los ochenta y noventa trajo las industrias farmacéuticas, los vertederos, fábricas de papel, pesticidas y petroquímicas (como la CORCO), que han causado la contaminación más grande que ha sufrido nuestro país con dieciséis (16) áreas de alta contaminación conocidos como superfondo (superfund sites, según la EPA). Entre las áreas donde las industrias se salen con la suya y continúan contaminando, está Guayama con la carbonera AES, que ha contaminado los acuíferos y es uno de los consorcios que aspira a traer “energía renovable” con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. No es casualidad que haya alta incidencia de asma, bronquitis crónica y abortos espontáneos en el área donde opera la AES (estudio de Ciencias Médicas), ni que la incidencia de cáncer haya aumentado un 64% entre 2000 y 2014 (ver estudio del Dr. Gerson Jiménez) en esta área. De hecho, el cáncer de ovario en Puerto Rico es más alto que el promedio en los Estados Unidos (National Cancer Institute) y la segunda causa de muerte entre las mujeres en Puerto Rico son los tumores malignos (Informe del Departamento de Salud de 2017). La contaminación del medio ambiente afecta nuestra salud física directamente; pero esta y la privatización de los recursos naturales afectan también nuestra salud emocional.

El gobierno de turno ha decidido poner a la venta nuestras áreas protegidas, como las Cuevas de Camuy, donde pasa el Río Camuy, fuente de agua para la población en Lares y Camuy, y la Cueva las Golondrinas en Aguadilla, entregada por el alcalde popular Julio Roldán a Carlos Román González, donante a su campaña política. También, ha pasado esto en la Cueva del Indio, las áreas de mangles de Salinas, entre muchos lugares amenazados por la ambición de ricos locales y extranjeros de vivir en áreas “bonitas” después de haber destruido ya otras áreas naturales. Los mangles son fundamentales para la limpieza de las playas. Al matar los mangles, se destruye el ecosistema y se elimina la protección natural que le dan a las costas de la erosión durante los huracanes y tormentas. Estas áreas de recreación pública están cerradas a las mujeres de clase trabajadora, a sus hijos y familiares.

No sólo los ricos extranjeros beneficiados por la Ley 22 quieren venir a tomar las áreas naturales y no permitirles a lxs puertorriqueñxs disfrutar de sus playas y recursos naturales, sino que los amigos ricos penepés de Pierluisi y populares del alcalde de Aguadilla construyen mientras el gobierno mira para el otro lado. La Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, sigue los pasos de Machargo, el secretario anterior, y se hace de la vista larga con los crímenes ambientales de estos mafiosos. Esta no es una aliada de las mujeres pobres con niñxs que no tienen acceso a áreas de disfrute gratuitas y accesibles porque los privatizadores ponen sus verjas y cobran por el paso a estos lugares. La salud mental depende de tener áreas donde disfrutar durante las horas de ocio y depende también de vivir en un medioambiente saludable y sin contaminación. La contaminación del aire produce cambios en el cerebro que afectan la salud mental, disparando enfermedades como el Alzheimer y otras demencias. Según un estudio de científicos en Dinamarca y la Universidad de Chicago, la contaminación causa propensión a la depresión y esquizofrenia, entre otros. La salud física depende de tener agua limpia y libre de contaminantes, de tener acceso a aire limpio, sin emisiones de carbón. La mujeres pobres, así como todxs, tenemos derecho a disfrutar gratuitamente de los recursos naturales, a no tener que pagarles a los donantes de los partidos políticos.

La destrucción y privatización de playas y áreas comunes ha pasado por años en Puerto Rico, desde Condado a Dorado, Palmas del Mar, Bayamón y los hoteles en Cabo Rojo y Rincón. Los burgueses y algunos “profesionales” del país creen tener más derechos que lxs trabajadorxs y mujeres pobres. Hasta se tiran a protestar después que ellos mismos se han lucrado de apropiarse de nuestras áreas naturales. Los que se adueñan de las tierras agrícolas también empeoran la situación de las mujeres de clase trabajadora.

Podríamos pensar que protegemos el medioambiente trayendo compañías de energía solar. Las privatizadoras de energía renovable y sus aliados entre los populares (como Ingrid Vila) quieren tomar las tierras agrícolas para poner sus placas y sus baterías de litio, que son super-contaminantes. Sin tierras agrícolas, nos condenan a la dependencia alimentaria. Con el aumento del precio de los productos importados, las mujeres, que sufren mayor pobreza que los hombres, no tendrán suficiente dinero para comprar comida para sus familias. El aumento de precios por la guerra en Ucrania y las consecuencias de la pandemia ponen de manifiesto la necesidad de tener una agricultura local productiva que nos lleve a la autosuficiencia alimentaria. Además, la historia de la destrucción de la agricultura local es también la historia de la privatización de las tierras y los recursos naturales, y de los favores que les deben los Pierluisi y otros políticos a compañías importadoras de productos esenciales, monopolios como Pan American Grain.

Sin la protección del medioambiente y las tierras agrícolas, no habrá vida digna para las mujeres de clase trabajadora. Como vemos, los ricos quieren apropiarse de las tierras y recursos naturales. Contra esto debemos luchar y por tener acceso a las áreas de recreación, por aire y agua limpios.

Derecho al trabajo, salario justo y retiro

Sin un salario digno, las mujeres terminan siendo dependientes de sus parejas. Esa dependencia las obliga a aguantar abuso de sus parejas y hostigamiento en el trabajo. Cómo están sujetas económicamente a otra persona, una de las características de este sistema donde una persona manda en la casa, tienen que soportar el abuso. Solamente el 35% de las mujeres tienen trabajo, comparado con el 49% de los hombres.

La violencia de género se ha disparado en los últimos años. Esto está ligado al poder que ejerce la pareja que es jefe de familia en el núcleo familiar, a la dependencia económica y emocional. La violencia de género es ignorada por la policía cuando les llaman porque muchos policías son abusadores que golpean a sus parejas. Cuando las mujeres luchan por su independencia económica y por un mejor salario, la policía y las empresas de seguridad defienden a los jefes y dueños en el trabajo. Ese es el caso de las mujeres que lucharon por mejores salarios en la fábrica Cadillac Uniform de Bayamón en el 2019. Mujeres que después de 15 ó 20 años de trabajo ganaban el mínimo federal, quienes fueron rociadas con gas pimienta y macaneadas por Capitol Security y la policía de Puerto Rico durante la huelga.

Asimismo, el gobierno ignora las condiciones de trabajo en ocupaciones dominadas por mujeres. Las enfermeras llevan años reclamando mejores condiciones de vida y aumentos salariales; pero Pierluisi, Riquelme y Jennifer González sólo están interesados en reunirse con los dueños de hospitales y en aprobar leyes, como la Ley 27, para favorecerles, permitiendo todo tipo de abuso laboral. Las enfermeras al igual que otro personal de salud (como tecnicxs de laboratorios, tecnicxs de terapia respiratoria, etc) se ven particularmente afectadas en un sistema de salud desregulado. Por décadas, este grupo de profesionales ha denunciado la falta de personal y las repercusiones que tiene la carga excesiva de trabajo en su bienestar. Aunque la crisis que experimentan lxs enfermeras es anterior a la pandemia, sin duda la COVID-19 ha exacerbado su condición. Son cada vez más lxs enfermerxs diestrxs que deciden abandonar su campo debido a los altos niveles de stress que enfrentan. El desgaste, la despersonalización y la disminución del desempeño personal son consecuencias del agotamiento que viven lxs profesionales de enfermería.

Por otro lado, las maestras han perdido el derecho a un retiro digno después del 2014. Ahora sólo tendrán migajas de una cuenta 401K y del seguro social cuando lleguen a la vejez, gracias a la legislatura y el senado dominados por populares y penepés, a la Junta de Control Fiscal (JCF) y a Pedro Pierluisi. El aumento de sueldo que ahora reciben lxs maestrxs es producto de su lucha y del temor de Pedro Pierluisi de tener otro verano como el de 2019. Las mujeres retiradas y mayores se convierten en cuidadoras de nietxs y de otras personas mayores. Como este país apenas provee cuido y ayuda para las familias con personas encamadas, las mujeres son quienes fundamentalmente cuidan a nuestros viejxs y personas con limitaciones físicas. El PNP y otros partidos sólo aparecen para pedirles el voto a lxs encamadxs. Pero son las mujeres quienes cuidan a estas personas el resto del año. Es importante resaltar las intersecciones de género y clase que convergen dentro de estos grupos de trabajadoras. La profesión de enfermería al igual que el magisterio están compuestas en su mayoría por mujeres. Lo que significa que muchas trabajadoras una vez salen de sus trabajos asumen una segunda jornada, la doméstica, y el cuidado de sus crías.

¿Por qué luchan las mujeres?

Es más que obvio por qué tenemos que luchar para que la vida de las mujeres de clase trabajadora sea una vida digna. Pero es importante enfatizar que nuestra lucha no es por las mujeres ricas y las que colaboran con este sistema opresor y capitalista. No luchamos por Sila Calderón, quien nos impuso a Ondeo; ni luchamos por Hillary Clinton, quien le ha ayudado a sus amigos a robarse el dinero que se donó a Haití después del terremoto; ni por Natalie Jaresko, que nos ha impuesto medidas de austeridad junto a la JCF para empobrecer más a la clase trabajadora; ni por la Jueza Swain, quien ha decidido tantas veces a favor de los bonistas y de las medidas de austeridad de la JCF. No, la lucha es por las mujeres que cuidan a lxs viejxs y a lxs niñxs, las que trabajan con sueldos miserables, a las que tienen que recurrir a la esclavitud del trabajo sexual, quienes emigran para buscar una mejor vida y se montan en un bote para venir a trabajar por sueldos míseros. Queremos cambios y queremos una sociedad de justicia e igualdad para todos, queremos una sociedad socialista.