| Publicado el 16 octubre 2007
Los acontecimientos han demostrado que el despido de los 17 maestros de la Escuela Superior Luis Muñoz Rivera de Utuado nunca fue una controversia local o regional. El Secretario de Educación lo convirtió desde sus inicios en un objetivo nacional, y la administración del Gobernador Acevedo Vilá, al endosarlo, hizo suyo este objetivo.
El despido de estos maestros y el asedio a esa escuela debe ser ubicado como parte de la política del gobierno-patrono, que consistentemente ha mantenido durante años, para debilitar y destruir a la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).
La negativa a poner en vigor cláusulas de convenio colectivo, la violación consistente del mismo y la conspiración con los directores y sectores patronales del Departamento, como la Asociación de Maestros, fue la política oficial de la pasada administración.
El Dr. Aragunde ha endurecido esa política ubicándola dentro de los objetivos neoliberales del Gobernador y los ricos, de privatización, de recortes de derechos y reducción de empleos. Éste se ha negado a extender el convenio colectivo para los maestros mientras se han mantenido vigentes los de las otras unidades apropiadas del Departamento. Se ha negado a negociar los artículos principales como Salud y Seguridad, Organización Escolar y Nombramientos, entre otros. Ha pretendido eliminar derechos adquiridos mediante enmiendas a Reglamentos y por Cartas Circulares. Está entorpeciendo y retrasando la negociación, provocando que a más de 22 meses del vencimiento del convenio no se hayan negociado los artículos de condiciones de trabajo más importantes, ni los aspectos económicos.
Ha establecido una política de terror mediante imposición de multas a la FMPR, radicación de cargos y despido de maestros para intentar detener la resistencia de éstos a la constante violación a los derechos adquiridos. Todo para lograr el clima de docilidad necesario para implantar sus objetivos neoliberales.
Pese a esta ofensiva y a los obstáculos que establece la Ley 45, cuyo objetivo principal es criminalizar la lucha de los trabajadores de servicio público, la FMPR y el magisterio han dado ejemplo de lucha, lenta pero en ascenso.
Es en medio de esta lucha es que hay que ubicar las acciones del gobierno-patrono contra la Escuela Luis Muñoz Rivera de Utuado y el despido de los 17 maestros. Con esta acción el Secretario ha demostrado que prefiere su negativa irracional de afectar la productividad en la escuela, en lugar de permitir la implantación de una organización escolar que garantizara estabilidad y excelencia educativa desde mayo. En un claro mensaje al país ha preferido la sustitución de una facultad excelente, competente y cualificada para imponer una sin la preparación ni la experiencia requerida para ese nivel educativo. Ha preferido colocar a la escuela al borde del colapso educativo. Ha demostrado que escuelas de gran calidad y rendimiento educativo, aún en ciencias o matemáticas, si no están ubicadas en su política neoliberal de economía del conocimiento y controladas por el gran capital, no son prioridad para el gobierno.
También ha estado dispuesto a violar él, tanto como La Fortaleza, ante los ojos del país, sus propios compromisos con los padres, maestros y estudiantes con el objetivo de mantener vivo el conflicto.
Así debe entenderse la política que ha seguido el gobierno-patrono con la Escuela Superior Luis Muñoz Rivera de Utuado. Ésta persigue dos objetivos para la administración: primero, presentar a los maestros como culpables de la desorganización de la escuela para utilizarlo como argumento e intentar decertificar a la Federación de Maestros; segundo, utilizar el despido de los 17 maestros como escarmiento, enviando un mensaje de terror para evitar que la experiencia se propague a otras escuelas y distritos. Ambos objetivos pretenden prevenir la posibilidad de que la Federación de Maestros pueda concretar una huelga magisterial como respuesta a la ofensiva patronal.
El gobierno patrono está desesperado porque el magisterio y la FMPR han demostrado que pese a la campaña de cerco y aniquilamiento impuesta contra ellos, los maestros están lenta, pero consistentemente levantándose. Aún en condiciones tan adversas han ido aprendiendo a ofrecer la lucha. Han aprendido a retar la nefasta Ley 45 en defensa de sus derechos adquiridos y de la escuela pública. Pese a los golpes han mantenido la lucha y ésta va en ascenso. Pese al acecho han aprobado un voto de huelga en su Asamblea de Delegados. Todo esto en un periodo crucial para al gobierno, meses antes de que abra el año electoral.
Esto implica que desde que el gobierno-patrono unió la lucha de la Escuela Superior Luis Muñoz Rivera a la contienda nacional contra el magisterio, el éxito de ambas luchas está indisolublemente atado. El magisterio y los maestros despedidos no tienen otra opción que continuar y profundizar la lucha, garantizar la ratificación del voto de huelga y prepararse para la contienda. Para los trabajadores es mejor prepararse para la huelga y no tener que implantarla, que tener que afrontarla sin preparación. Para los sectores más alertas y activos del magisterio ésa es la tarea principal: construir la unidad y la voluntad de lucha necesaria para el triunfo.