Daniel Quiñones Zambrana
Unión de Juventudes Socialistas (UJS-MST)
Bienvenidos a un nuevo semestre académico en la Universidad de Puerto Rico. Mientras una crisis económica, social y política se manifiesta y se profundiza en todos los espacios del país, su institución pública de educación superior, como es de esperarse, no es la excepción.
Al regresar a nuestros salones de clase nos encontramos ante un panorama de cierre de sobre 500 cursos, aumento en los costos de matrícula y estudio, despido de profesores y trabajadores y el congelamiento de plazas y la descontinuación de servicios y ayudas como el de estudio-trabajo. Como si fuera poco, la administración ha preparado el camino para la represión más efectiva de cualquier protesta con la instalación de cámaras y vallas de seguridad y la coordinación con la policía de Puerto Rico y compañías privadas.
La justificación de este achicamiento, que parece ser consigna incansable de las últimas administraciones, es la crisis económica y la falta de personal. Lo que no se dice es que, a partir del 2009 con la aprobación de la Ley 7, la UPR perdió sobre $300 millones en fondos anuales. No se dice que al implantarse la cuota de estabilización fiscal (los $800), se hizo con la expectativa de que alrededor de 10,000 estudiantes quedaran fuera del sistema UPR. El desmantelamiento de la UPR al que nos enfrentamos no es el remedio ante una crisis espontanea e inesperada como quieren que creamos. Tampoco es el resultado de las tendencias totalitarias y la ineptitud de sus administradores como muchos estudiantes piensan; Ana Guadalupe, Ygrí Rivera y Luis Fortuño saben muy bien lo que hacen. El desmantelamiento de la UPR, al igual que el de todo el sistema público de enseñanza es un proyecto consciente, impulsado por sectores de gran capital político y económico tanto en Puerto Rico como en el exterior.
Ante este panorama, es natural que se asuma una posición de defensa de la universidad que parece estar en jaque. Sin embargo, cuando asumimos esta posición: ¿Qué estamos defendiendo? Defendemos una universidad que lleva décadas cerrada para la clase pobre y trabajadora, una universidad que es incondicionalmente gobernada por los partidos de turno, quienes, a su vez, son dictados por los grandes intereses del país , una universidad que cada vez se aleja más del pensamiento crítico y revolucionario, volviéndose hacia la especialización y la adaptación al sistema. En algo coincidimos con el Comité Asesor para la Reforma Universitaria: La UPR está perdida, sin rumbo y necesita un golpe de timón. Sin embargo, este golpe no puede ser de ricos y políticos para dirigir la UPR en función de los intereses del mercado, como proponen. Este golpe debe darlo la comunidad universitaria, principalmente aquellos sectores desventajados de la clase pobre y trabajadora, quienes cada vez son más excluidos del proceso universitario, y dirigir la UPR en función de sus intereses, que son los intereses de la mayoría del pueblo.
Es en este contexto que nos toca la tarea de reconstruir el movimiento estudiantil. La indignación del estudiantado se siente en cada salón, solo falta el trabajo consecuente que la pueda transformar en organización. Atrás deben quedar los intentos de negociación con la administración; no hay nada que negociar, queremos cosas fundamentalmente diferentes. Se necesita de una militancia firme e intransigente en sus reclamos que entienda que la universidad, para ser verdaderamente transformada, debe serlo a la par con el país. Para esto, debemos asumir con la mayor dureza la siguiente consigna: ¡UPR para el pueblo pobre y trabajador!
