Este 8 de marzo no es un día de celebración, sino de lucha. En una coyuntura donde la ultraderecha avanza con un proyecto de odio y exclusión, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora cobra una relevancia aún mayor. El fascismo de Trump en EEUU y las políticas reaccionarias de Jennifer González en Puerto Rico buscan desmantelar los derechos conquistados con décadas de lucha. Su agenda es clara: eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), borrar a las personas trans de la vida pública y precarizar aún más las condiciones de las trabajadoras.
El 8 de marzo es una fecha de resistencia. No podemos permitir que nos arrebaten nuestros derechos mientras promueven una sociedad de privilegios para unos pocos y opresión para las mayorías. Las políticas de género y de inclusión no son lujos ni caprichos, sino herramientas fundamentales para construir una sociedad justa. La derecha conservadora las ataca porque sabe que una clase trabajadora dividida por el racismo, la xenofobia, el machismo y la transfobia es una clase trabajadora debilitada.
La persecución contra la comunidad dominicana en Puerto Rico es otra manifestación de esta política de odio. Las deportaciones arbitrarias y la criminalización de esta comunidad trabajadora reflejan el mismo desprecio por la vida de quienes sostienen la economía con su esfuerzo diario. La lucha feminista debe ser también antirracista y solidaria con todas las poblaciones oprimidas, denunciando la xenofobia institucionalizada y exigiendo el respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes.
Cuando la derecha se organiza para oprimir, nosotras debemos organizarnos para resistir y avanzar. Las mujeres, las personas trans y toda la clase trabajadora debemos unirnos para rechazar la agenda fascista y luchar por un mundo donde nuestros derechos no sean una mera ficha de negociación en sus juegos políticos.