¿Tribunal “Supremo” o cucasmonas coloniales?

Los llantos, lamentos y maldiciones están choretos.Hay luto en las filas de los desmemoriados, muchos de ellos letrados, por el asalto de la falange fortuñista al tribunal colonial que aquí eufemísticamente denominan, Supremo. No hay justificación posible para que se añada dos jueces a un foro legal cuyos miembros actuales atienden un promedio de 27 casos por juez. Esa realidad es incontrovertible. Súmele dos millones de dólares y la ecuación le costará cara al desvencijado bolsillo del pagano pueblo. Hasta ahí, acompaño a los deudos, sin reserva alguna.

El problema está en algunas cosas que se dicen y otras que se evaden o esconden acomodaticiamente. Desbrozar el camino siempre puede ser útil. ¿Tribunal Supremo de qué? Supremo significa el más alto, de mayor rango, que tiene supremacía y mayor jerarquía. ¿Un tribunal cuyas decisiones están sujetas a tribunales de otro país se puede llamar supremo? Eso es una caricatura. Realmente, en Puerto Rico el único tribunal supremo es el Tribunal Supremo, imperialista, de Estados Unidos. El llamado supremo boricua es un tribunal colonial de segunda o tercera jerarquía, aunque el lenguaje y los modismos legales le asignen una supremacía que no tiene. El pomposo nombre de “supremo” es parte del yagrumesco discurso colonial entronizado por el muñocismo para engatusar a los gambusinos modernos. Le queda mejor el nombre de supremito. Fortuño lo que hizo fue aumentar la cantidad de testaferros del poder jurídico-político colonial.

Romper con el lenguaje engañoso y encubridor del vasallaje no es suficiente. Denunciar el carácter de clase del que los vendedores de sueños llaman, engolando la voz, ‘nuestro más alto foro judicial”, es acuciante para elevar la consciencia de los de abajo que no tienen mucho que esperar del tribunal de los de arriba. El supremo colonial, facsímil razonable del Supremo Imperial, es un tribunal absolutamente clasista. Sus decisiones se guían por el libro de la sagrada propiedad privada y los derechos y prerrogativas de los burgueses propietarios del país, a la usanza de su Hermano Mayor de la Metrópoli. Prueba al canto. Cuando el gobierno anti-obrero de Aníbal Acevedo Vilá descertificó brutalmente, para destruir, a la Federación de Maestros, por haber aprobado un voto de huelga, es decir por ejercer el derecho a la libre expresión, el odio de clase del “supremo” colonial botó la bola. ¿Qué se creen esos proletarios líderes de la Federación? ¿A caso no saben que la huelga está prohibida, precisamente para proteger la sagrada legalidad burguesa? Alardeaban los Fernos y compañía. Nunca olvidaremos que varios connotados juristas burgueses que hoy lanzan maldiciones contra el asalto de Fortuño, batieron palmas aplaudiendo al gobierno criminal de Aníbal y Aragunde, mientras pisoteaban los derechos de los maestros y maestras. Descertificar a la Federación de Maestros era bueno, pero eliminar la colegiación compulsoria de los abogados, es un crimen. El supremo de embuste de esta ínsula USA, no tiene el menor empacho en ejercer la supremacía de clase contra los trabajadores y demás sectores oprimidos del pueblo. Sólo para eso se le puede llamar “supremo”.

Quien dijo clasismo dijo elitismo de la peor calaña. Los miembros del “más alto foro judicial” boricua viven como reyes y reinas en su paraíso feudalesco. Se ganan, sin mucho sudor de la frente, jugosos salarios y obtienen beneficios que los ubican en la cúspide del Olimpo legal del país. Cuando se jubilan, antes o al cumplir los 70 años, el estado de derecho que ellos tan lindamente han custodiado, les asigna una no menos sabrosa pensión del 100% del salario de por vida. Y si fallecen, a sus conyugues, por herencia señorial quizás, también se le garantiza la pensión completa. ¡Qué bonito, señoras y señores! Pero eso no es todo. Una vez se retiran, los venerables jurisconsultos dignos representantes del derecho colonial boricua, suelen montar sus bufetes privados y aprovechar los contactos privilegiados acumulados durante la carrera casuística para seguir amontonando riqueza. Da vergüenza ajena ver en vivo y a todo color al ex juez presidente del “supremo” colonial, José Andreu García, posar como abogado de varias de las principales empresas hoteleras (Hiatt) muchas de las cuales han convertido la zona marítimo-terrestre en un boulevard de cemento y escombros.

La mentira, aunque se repita, no elimina la verdad. Los lloriqueos y los golpes de pecho de aquellos que en el pasado defendieron al supremito colonial bajo administraciones populares y ahora ponen el grito en el cielo por el “asalto” de Fortuño, no pasan de ser lastimosamente politiqueros. Cuando los populares controlaban el supremito y este era su pelotón de fusilamiento siempre listo a ejecutar con la mayor saña política las posiciones del PPD, no había problemas mayores. Todo era políticamente correcto. “Nuestro más alto foro judicial” era emblemático de los más caros principios de justicia e imparcialidad. ¡Embuste! ¡Coprofagia pura! Hasta Antonio Martorell exponía sus obras en las galerías del tribunal a mucho orgullo como el que está adornando un patrimonio nacional. Y ahora pide que las quiten para no ser cómplice de Fortuño. ¡Hipócritas politiqueros!

¡Qué rápido olvida alguna gente! Ya no se acuerdan cuando Luis Muñoz Marín, Hernández Colón y Aníbal Acevedo Vilá, entre otros, nombraban a sus comisarios políticos al “más alto tribunal” precisamente para asegurarse el más alto control de ese centro de poder político colonial. ¿Se acuerdan cuando Hernández Colón nombró a su jefe de campaña, actual Presidente del supremito, Federico Hernández Denton? ¿Se acuerdan de Víctor Pons, José Andreu García y de otras hermanitas de la caridad nombradas por los gobernantes populares? ¿Ya se olvidaron del nombramiento -finalmente retirado- de Ferdinand Mercado, arribista y politiquero protegido de Sila Calderón? Pocos procesos en este país han estado cubiertos de más fango politiquero que los nombramientos al “supremo” colonial.

El supremito siempre fue un férreo instrumento político del Partido Popular durante décadas y ahora, haciendo los pininos, del Partido Nuevo Progresista, y sobre todo de la clase burguesa en su conjunto. Seguro que la forma atropellada, evidente burla al proceso democrático burgués, en que se impuso el aumento de los jueces, es asqueantemente reprochable. Pero venir con el cuento de que Fortuño está entronizando la política partidista en el supremito, como si eso fuera algo nuevo, es mentar la soga en casa del ahorcao o culpar al gallo de cagarse en un gallinero. Por no decir que es una descarada desfachatez de los independentistas y populetes que insisten en retocarle el barniz puertorriqueñista a los populares como si el colonialismo pudiese pulirse.

La independencia judicial, que muchos abogados enarbolan maniáticamente, es tan real como las leyendas urbanas de aparecidos y las supercherías religiosas que adormecen a muchos. Es un mito cada vez más cadavérico. El poder político burgués puede tener sus contradicciones pero el ejecutivo, el legislativo y la rama judicial, son parte del poder hegemónico de la clase dominante. Desde la Constitución hasta las leyes, reglamentos y demás porquerías legales, atestiguan ese dominio burgués. Por eso suena a chiste de mal gusto cuando las mentalidades abogadiles, que parecen vivir en el país de las maravillas, alegan que Fortuño está destruyendo la independencia judicial porque nombra al supremito a unos jueces identificados con el PNP. La rama judicial es dependiente del poder del estado y toma sus decisiones fundamentales desde la óptica del poder burgués; los jueces del PNP, del PPD o independentistas, para poder cantar en ese coro aceptan sin chistar las reglas del juego legal burgués. Mientras haya estado y por consiguiente, clases sociales que lo justifiquen, la rama judicial será un instrumento de dominio de una clase sobre otra.

Quien vive de ilusiones muere de desengaños. A estas alturas o bajuras del juego político, no hay quien despinte el control politiquero del PNP sobre el supremito. Por mi parte, no soltaré una lágrima por la defunción del control de los colonialistas populares sobre ese tribunal. Que se jodan, a veces para curar una llaga putrefacta hay que quitarle la cáscara. Si no se cura, por lo menos coge aire. A los trabajadores de este país nos jode de igual manera el supremito, azul o colorao, por tanto, en ese vacuo debate en que los leguleyos nos quieren meter, lo correcto es denunciar el carácter colonial-clasista de esa institución burguesa, desenmascarar su elitismo y prepararse para seguir dando la lucha en la calle. Los tribunales son la llave de la mansión de los ricos y poderosos, nuestra única llave es la lucha de clases. ¡Basta ya de cucasmonas coloniales que sólo le añaden candados al régimen capitalista! ¡A llorar pa’ maternidad!