Terremotos y la estructura de las escuelas públicas

Hugo J. Delgado-Martí

Caucus de Maestras y Maestros

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El colapso de la escuela intermedia Agripina Seda del pueblo de Guánica ha creado un clima de desasosiego entre el magisterio y la ciudadanía. Desde días antes, maestras y maestros se manifestaban preocupados por la capacidad de las estructuras que habitamos maestros y estudiantes para soportar el gran sismo que se espera aproximadamente cada 100 años. El regreso de los estudiantes se pospuso hasta el 13 de enero y luego se nos informó que el regreso del personal quedaba pospuesto indefinidamente hasta tanto se realicen unas inspecciones y certificaciones. Al día de hoy desconocemos la fecha de regreso de maestras o estudiantes.

En este asunto, desafortunadamente, se están mezclando muchos temas que ameritan discusiones serias profundas y mesuradas. La seguridad de nuestra población y en especial de niñas, niños y adolescentes están en juego y no es para menos que se tomen todas las medidas cautelares que se requieran independientemente de las consecuencias sobre el calendario escolar, el tiempo lectivo, y hasta el aprovechamiento académico. La vida de nuestra gente vale mucho más que eso. El problema que veo es que esta mezcolanza solo sirve para los intereses de los administradores y los ricos que ven en cada desastre una oportunidad económica.

En primer lugar está la reapertura de las escuelas. La gobernadora Wanda Vázquez ordenó que se inspeccionaran todas las escuelas y según ha trascendido en las comunicaciones a directoras escolares estas se realizarán en los próximos días, con la esperanza de inspeccionarlas todas antes de la próxima semana. Las inspecciones no han pasado de ser oculares y rutinarias. Se desconoce los objetivos concretos y los criterios que se usan para esas inspecciones pero sospechamos que no responderán los interrogantes del magisterio en cuanto a su seguridad y la del estudiantado.

A nuestro entender la reapertura de las escuelas debe cumplir más que con una revisión ocular somera de parte de un empleado de la Autoridad de Edificios Públicos o la Oficina para el Manejo de las Escuelas Públicas.

Primero se debe evaluar los daños que hayan ocurrido y distinguir los daños estructurales, de los daños superficiales con el objetivo de arreglarlas inmediatamente. Incluso los daños que puedan ser “cosméticos” son importantes para crear un ambiente de confianza.

En segundo lugar están las garantías que las escuelas cumplan con los códigos de construcción tanto en sus planos como en la ejecución de la construcción. Si las escuelas no cumplen con los criterios que se contrataron tiene que haber rendición de cuentas de aquellos que usaron el dinero del pueblo pero chapucearon.

Tercero hay que revisar si esos códigos de construcción están adecuados a lo que se espera ocurra y garantizan adecuadamente los intereses de la comunidad. En ese sentido se requiere un proceso transparente y abierto de análisis, el DE debe publicar los planos e informes para que todas y todos tengamos acceso de forma que ingenieras e ingenieros independientes puedan dar sus opiniones y recomendaciones.

Cuarto, se tienen que desarrollar criterios superiores para las zonas de mayor riesgo del sur, suroeste y oeste. El gobierno debe asignar todos los recursos a su haber para resolver este problema de las escuelas de manera diligente, pronta y adecuada. No se puede escatimar en gastos en estos momentos. La Junta de Control Fiscal, Keleher, Rafael Román, Ricardo Roselló y Wanda Vazquez se llenarán las manos de la sangre de todos aquellos maestros y maestras, estudiantes y personal no docente que sufra las consecuencias de su ineptitud.

De otra parte este proceso demuestra lo equivocado que fue el proceso de cierre de escuelas de los pasados años. Ese alegado exceso de estructuras hoy nos hubiera servido como sistema de redundancia para una crisis. Hoy contamos con un inventario reducido de estructuras hábiles para captar las matrículas de todas y todos nuestros estudiantes.

El magisterio, y en particular el magisterio militante, tiene que tomar con seriedad este asunto y por un lado exigir condiciones adecuadas de trabajo que le garanticen la seguridad al estudiantado y por el otro la defensa de nuestra escuela pública. Queremos escuelas seguras pero abiertas.