La Administración de la Universidad de Puerto Rico enfrenta un gran reto al inicio de este semestre. Los conflictos obrero-patronales están presentes en tres de los gremios más importantes que agrupan al personal universitario. Aunque estos conflictos no son nuevos la situación en el primer centro docente del país se vuelve insostenible.
Los enfrentamientos entre la actual administración del Recinto Universitario de Mayagüez y la Federación de Empleados Universitarios del RUM (FLEURUM) cada vez son más. Ha llegado incluso a los tribunales. La situación se calienta con las recientes denuncias del Sindicato de Trabajadores de la UPR (STUPR) y los reclamos de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), quienes vieron amenazadas las negociaciones de su convenio colectivo. Todas las uniones coinciden en alguna medida en sus reclamos: mejoras salariales, defensa de los derechos más básicos de la clase trabajadora, y la defensa de sus convenios colectivos.
La HEEND pidió un voto de huelga a finales de enero luego de que la administración universitaria y los representantes del Presidente de la UPR se levantaran de la mesa de negociaciones. Cerraron el mes de enero con actividades de movilización sindical en varios de los recintos metropolitanos, logrando que el miércoles 1 de febrero la Administración Universitaria regresara a negociar.
El pasado viernes 3 de febrero se reunieron la Junta de Directores y los Delegados en asamblea para discutir los acuerdos de la negociación colectiva. Están en espera de una asamblea general para que la matrícula ratifique los acuerdos negociados. Según el resumen de la negociación colectiva, lograron acuerdos nuevos y otras mejoras a artículos ya existentes en el convenio colectivo. Algunos son logros importantes: el reconocimiento de la HEEND como representante bajo la Ley 130, la cláusula de patrono sucesor, la acumulación de licencias durante la licencia de maternidad, cambios en los procedimientos disciplinarios y de querellas, las permanencias condicionadas, la implementación de un plan de clasificación y retribución que asegura que se haga justicia a aquellxs empleadxs que actualmente cobran $7.50 la hora, así como el programa de desarrollo académico que permite los estudios en la institución universitaria de empleadxs y sus dependientes, aunque quedó en suspenso la cláusula de exención de matrícula. Además, llegaron a acuerdos en otras cláusulas de carácter económico, como el bono de negociación de $2,750 en beneficio de los trabajadores de dicha unidad apropiada. El nuevo convenio se comenzará a negociar en agosto de 2023.
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