| Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores
| Publicado el 16 febrero 2021
Diversas organizaciones feministas han reclamado por mucho tiempo que se declare un Estado de Emergencia por la Violencia de Género. Los asesinatos de mujeres por sus esposos o compañeros sentimentales, el asesinato de mujeres trans a manos de personas transfóbicas se han disparado y se han convertido en una pandemia dentro de la pandemia. Por eso, la Orden Ejecutiva presentada por el gobernador Pedro Pierluisi parece como un rayo de esperanza para muchas de nosotras. Sin embargo, el contenido de esta orden ejecutiva deja mucho que desear.
Primero, esta orden no implementa una educación con perspectiva de género, sino campañas publicitarias de tipo educativo, que probablemente se convertirán en contratos para los amigos. De hecho, la orden se compromete «a desarrollar un currículo de perspectiva de género»; pero ya existe un currículo que se desarrolló en 2015 bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, que se dejó sin efecto bajo el gobierno de Ricardo Rosselló y bajo la Secretaria de Educación Julia Keleher. Segundo, incluye la participación de organizaciones no gubernamentales de tipo religioso-fundamentalista, cuyas posturas principalmente fomentan la subordinación de la mujer al hombre. Tercero, les da a las agencias como el Departamento de la Familia, que han probado su incapacidad para cambiar la situación de las mujeres, como también ha fracasado la Procuraduría de la Mujer, fondos sin ninguna directriz sobre los programas y protocolos que se van a implementar para proteger a las mujeres en situaciones de violencia. Cuarto, no es inclusiva ya que no menciona a las mujeres trans ni a su participación en los trabajos para implementar la Orden Ejecutiva. Y, quinto, excluye a muchos grupos feministas y otras organizaciones que lucharon para conseguir la declaración del Estado de Emergencia.
El texto de la Orden dice:
«Reconocemos la importancia de que nuestros servidores públicos, las organizaciones sin fines de lucro, de base comunitaria y de base de fe, sean la primera línea de defensa en contra de la violencia de género.»
Para lograr la implementación de la Orden Ejecutiva, el gobernador ordena la creación del Comité P.A.R.E. (Prevención, Apoyo, Rescate y Educación), compuesto de:
Como podemos ver, de 17 (diecisiete) miembros, once son empleados de confianza del gobernador y, entre los seis restantes, incluyen organizaciones de base de fe. Más aún, la Secretaria de la Familia y el gobernador escogen estos seis miembros adicionales. El gobernador tiene control total de la composición del comité y de los miembros que sirven en su gabinete. Los miembros del gabinete responderán a las políticas del PNP, que tiene fuertes vínculos políticos con la derecha religiosa. Recordemos que los fundamentalistas ahora cuentan con nuevas voces en la rama legislativa, como Rodríguez Veve y Lisie Burgos, cuyos discursos demagogos han ayudado a conformar en poco tiempo un movimiento reaccionario en contra de los derechos de las mujeres. Podemos imaginar lo que pasaría si se propone una educación con perspectiva de género con los enemigos y enemigas de las mujeres haciendo política pública sobre su cuerpo y su «bienestar».
En esta decisión de organizar P.A.R.E., se excluyó a muchos grupos feministas y otras organizaciones que han luchado para que se declare un Estado de Emergencia. Más aún, quien domina las decisiones de este grupo es un hombre a quien dos mujeres han acusado de hostigamiento: el gobernador, Pedro Pierluisi.
Por otro lado, las organizaciones de base de fe, en su mayoría, han predicado la superioridad del hombre como jefe de familia, la subordinación de las mujeres al hombre (justificación para la violencia de género) y el rol de madre como el único papel importante en la vida de las mujeres. Históricamente, se han opuesto a los derechos reproductivos (derecho al aborto) y a que la mujer trabaje fuera de la casa, lo cual les ha dado licencia para el discrimen laboral. ¿Cómo pueden estas organizaciones tener un rol en prevenir la violencia que resulta de sus propios discursos? Esto es inconcebible e ilógico.
La Orden Ejecutiva no atiende el elefante blanco en la habitación, obvia que en las filas de la Policía de Puerto Rico existe un alto número de perpetradores de violencia machista y delega en este cuerpo la implementación de planes de protección. Volvemos a toparnos con el mismo escenario: las cabras velando las lechugas. La policía ha demostrado de manera consistente su incapacidad y falta de voluntad para proteger a las víctimas de violencia de género. ¿Cuántas veces han sido irresponsables, poco diligentes a la hora de implementar una orden de protección? ¿Cuántas veces les han negado orientación a las víctimas y hasta las revictimizan por denunciar a sus agresores?
Existen leyes que se suponen creadas para atajar el problema de la violencia machista; sin embargo, el progreso para erradicarla ha sido poco o ninguno. Por ejemplo, ¿dónde están las salas investigativas que no están trabajando los casos de violencia doméstica? Hay elementos que se pueden atender, por ejemplo, cómo la policía no cumple con orientar adecuadamente y victimiza a la mujer que hace la denuncia. Pero esto no se hace.
Esta orden viene sin la capacidad de ser ejecutada, poniendo, fundamentalmente, en manos privadas (organizaciones no gubernamentales) y en manos de agencias dirgidas por militantes del PNP unas responsabilidades que no tendrán la voluntad de asumir, aunque ya existan leyes contra la violencia de género. Creemos que la Orden Ejecutiva busca acallar a los grupos que han llevado la voz cantante denunciando la crisis de asesinatos de mujeres. Sin un empoderamiento verdadero de las mujeres y sin educación con perspectiva de género, nada cambiará.
¿Qué necesitamos en un Estado de Emergencia contra la violencia machista?
Necesitamos un organismo dirigido por mujeres y las organizaciones feministas que decida las acciones que han de tomarse para erradicar la violencia de género. El gobierno debe asumir sin dilación alguna su responsabilidad e implementar una educación con perspectiva de género en las escuelas y no limitarse a campañas publicitarias. Las organizaciones feministas que han luchado por la incorporación de la perspectiva de género al currículo escolar deben continuar exigiendo que esto sea parte de la educación pública.
Hay que seguir denunciando y estar siempre alerta. Tanto el machismo, la triple explotación de la mujer bajo el sistema capitalista y el colonialismo son la raíz de los problemas que nos aquejan como sociedad. La opresión de las mujeres cis, de las mujeres trans, de otras personas no binarias, de la comunidad gay, así como la opresión del trabajo y la pobreza se originan en un sistema de desigualdad.
Hay que identificar las contradicciones de esta Orden Ejecutiva y desenmascararlas. Nos corresponde continuar en la calle ejerciendo presión para imprimirle mayor contenido e inclusión. Nos corresponde exigir la implementación del currículo de educación con perspectiva de género sin dilaciones innecesarias. La Orden Ejecutiva debió incluir que se restableciera la carta circular de educación con perspectiva de género en el Departamento de Educación (DE) y ordenar que al DE tomar las acciones necesarias para implementarla.
Exhortamos a los grupos que han exigido la declaración del Estado de Emergencia, por la violencia contra las mujeres, que levanten cuestionamientos sobre las disposiciones de esta orden. Aunque entiendan que es positivo que se haya aprobado la Orden Ejecutiva, pregúntense si esta orden atiende los reclamos de muchos años que han costado sudor y lágrimas a tantas compañeras y si podrá proteger a las mujeres de la violencia que es el pan nuestro de cada día.
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