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BREL1| Publicado el 25 julio 2017
Nueva ola de explotación
El pasado 30 de julio la Junta de Control Fiscal aprobó de forma dictatorial, el presupuesto del año fiscal en curso. Este contempla una serie de recortes en las principales agencias del país y tendrá como consecuencia el cierre de plazas ocupadas por empleadas y empleados transitorios, la reducción de servicios a la gente común, el impago a los suplidores, el desmantelamiento final de los sistemas de retiro, así como una reducción generalizada de los derechos y beneficios de las servidoras y los servidores públicos. La Junta de Control Fiscal no ha considerado medidas en contra de la corrupción: esta continúa de manera rampante. Tampoco vislumbra eliminar los contratos superfluos y onerosos, ni producir más empleos para desarrollar económicamente al país. Nunca toma en cuenta los efectos de las medidas sobre el pueblo pobre y trabajador.
Rosselló le hace el juego a la JCF
El gobierno de Ricardo Rosselló, Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González no ha hecho más que jugar al teatro político. Por un lado, se cantan los defensores de los intereses de la gente, se pintan ajenos a las decisiones más criminales de la JCF, vociferan en los medios de prensa que van a enfrentar a la Junta, pero a la hora de la verdad implementan, mansos, las directrices de Carrión. Sin duda, los intereses que representan los políticos del PNP y el PPD son los mismos que defienden los integrantes de la Junta, pero mantienen un espectáculo de populismo para agradar a la gente y capitalizar con el descontento generalizado por la situación de crisis económica y política.
Impagable la deuda
Lo que todos saben y nadie dice es que con o sin medidas de austeridad no se pagará la deuda gubernamental. Muchas de las medidas de austeridad tendrán efectos de contracción económica, lo que incrementará la emigración, el desempleo, la desigualdad social y desincentivará la productividad de la clase trabajadora, debido a que se reducirán los beneficios. Las nuevas leyes laborales que aplican al sector privado con mayor fuerza causarán una nueva ola de despidos que comenzó en el área de cosméticos de Walgreens, pero se ha ido propagando sigilosamente.
Esta ofensiva dirigida desde las oficinas de las empresas financieras de la Milla de Oro y Wall Street —pero implementada por la legislatura y La Fortaleza— busca someter a la clase trabajadora de Puerto Rico a un nivel de miseria y desamparo para así comenzar una nueva ola de explotación y saqueo mientras se mantiene a la deuda pública como chivo expiatorio. Esta contracción económica tendrá un efecto catastrófico en los recaudos de impuestos, lo que podría crear un círculo vicioso de aun más recortes que reduzcan aun más la economía.
A seguir el ejemplo de la UPR
Afortunadamente, el estudiantado universitario dio una lección de resistencia y se convirtió en el catalítico que aunó las fuerzas y voluntades de amplios sectores en lucha contra las medidas de austeridad; fueran estas las del gobierno PPD o PNP, o incluso de Trump. Los eventos del Primero de Mayo en la Milla de Oro demostraron el potencial que existe de una lucha dura de resistencia contra la ofensiva neoliberal. La huelga universitaria se convirtió en el referente de la lucha y mantuvo al gobierno a la defensiva durante meses. El estudiantado debe sentirse orgulloso de que, aunque la huelga no logró detener del todo la ofensiva contra la UPR, sí logró demostrar la capacidad de resistencia no solo del estudiantado, sino de amplios sectores del país. Producto de la lucha estudiantil, la misma JCF reconoció que la Universidad es un servicio esencial, y, aunque sabemos que eso es parte de su juego mediático, fue la lucha universitaria la que puso bajo el escrutinio público lo que hasta antes de la huelga parecían dioses que emitían sus decisiones desde el Olimpo.
Tribunales y Policía: instrumento de los ricos
Los recientes focos de resistencia en la UPR, Aguadilla, Peñuelas y por toda la isla han sido tan efectivos que el Estado ha tenido que recurrir a los estilos represivos que no veíamos desde hace más de 30 años. Vemos arrestos indiscriminados que parecen secuestros, violaciones de derechos civiles, uso de estilos contrainsurgentes de regar rumores, amenazas de infiltrar organizaciones y aislamiento de las personas arrestadas, tal y como ha sido el caso de Nina Droz. Junto a esos estilos de antaño se unen nuevas modalidades de represión del Estado: demandas e interdictos frívolos contra líderes y organizaciones en resistencia. Los tribunales sin duda se están convirtiendo en las agencias de seguridad de las empresas que son dueñas de este país: Walmart, El Nuevo Día, Banco Popular y UBS.
La ofensiva no se detiene ahí
Ahora van por la Autoridad de Energía Eléctrica: la declararán en quiebra para privatizarla. La AEE ha sido víctima del manejo de los empresarios que la comandaron, pero nunca creyeron en ella. Por años defalcaron a la AEE y la convirtieron en la ATH de los partidos políticos. Financió las empresas privadas de producción de energía y asumió todo el costo de la transmisión y distribución. En el caso del Departamento de Educación, existe una serie de medidas que lo que buscan es destruir el estado de derecho que garantiza la estabilidad de empleo y las permanencias de las maestras y maestros para facilitar e incrementar la privatización. Por último, la injerencia del conservadurismo religioso está tomando por asalto las instituciones laicas para imponer políticas discriminatorias en los centros de trabajo, retrasar los avances que trajo la perspectiva de género en las escuelas y eliminar los derechos adquiridos por las mujeres y la comunidad LGBTTIQ+.
A organizar la resistencia
Los efectos de las medidas de austeridad ya se ven en muchos lugares y la desesperación de las personas a la expectativa de ser contratados es más que palpable. Sin embargo, debemos ser conscientes de que las soluciones individuales a la crisis son insuficientes. Hay que organizar una lucha de resistencia que al menos frene la ofensiva neoliberal del momento. Esa resistencia requiere organización tanto sindical como política, así como comunitaria, y debe reconocer, respetar y defender las diversidades raciales y de género. Cada consigna debe ser igual de relevante que la otra.