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BREL1| Publicado el 8 mayo 2010
La Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte (CPCPM) expresó nuevamente su preocupación y rechazo a la práctica del Gobierno de renunciar a su jurisdicción para encausar casos criminales y referirlos a la jurisdicción federal donde puede imponerse la pena de muerte.
El gobernador Fortuño, en conferencia de prensa, informó que la investigación del caso de la lamentable muerte del copiloto del helicóptero Jesús Fernando Quiñones se cedió a la jurisdicción federal. Según indica la prensa también, el portavoz del FBI, Harry Rodríguez habló expresamente de la imposición de la pena de muerte en este caso.
“Como vemos este es ya el segundo caso en el cual se cede la jurisdicción estatal y se propone certificarse para pena de muerte” expresó Mariana Nogales Molinelli, Coordinadora General de la Coalición.
“La Coalición se solidariza con el dolor y sufrimiento de los familiares de Jesús Fernando Quiñones y esperamos que el caso sea esclarecido lo antes posible para mayor tranquilidad de los mismos” indicó Rubie Alicea Martínez, portavoz de la Coalición.
“Las estadísticas han demostrado reiteradamente que en ninguna de las jurisdicciones donde se ha impuesto la pena de muerte se han reducido los crímenes violentos. Así que el gobernador no debe estar jugando con las pasiones que estos crímenes levantan en la gente y debe hacer una búsqueda de soluciones más serias basadas en datos científicos, expresó Alicea. “Hay que atacar las verdaderas raíces del crimen para cambios verdaderos a largo plazo. No se trata se reaccionar de manera igualmente violenta cuando ya el crimen está cometido y no se han tomado las medidas sociales necesarias para evitarlos.”
El gobernador incumple con sus deberes y responsabilidades como primer mandatario al señalar que “deja este caso en manos federales porque sus leyes son más estrictas”. También actúa en clara violación a los deberes que le impone la constitución al jurar defenderla en el momento de su toma de posesión cuando indicó que “los responsables no verán la luz del día” en clara referencia a la pena de muerte.
“Recomendamos al gobierno que se dedique a atender las verdaderas causas de la criminalidad antes de actuar de manera precipitada, en violación a nuestra Constitución y claudicando las responsabilidades que le corresponden al Departamento de Justicia, entre otros” declaró la Dra. Lina M. Torres Rivera, portavoz de la Coalición.