Puerto Rico a la merced de un reglamento desconocido

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El pasado viernes, 16 de junio, el Tribunal Supremo comunicó su determinación de nulidad del Reglamento Conjunto, tanto del 2020 como así los reglamentos de permisos del 2015 y 2019. Ante esta determinación, la Junta de Planificación (JP) decidió activar un Reglamento de Permisos “de emergencia”.

Según el proceso del tribunal por el cual se evaluaron varias propuestas en los últimos años, la JP siempre supo que el reglamento era nulo y que jamás debió utilizarse. Los daños hechos a las comunidades, recursos naturales, recursos agrícolas, flora y fauna por la venta de tierras a nombre del desarrollismo le dejan al pueblo retos difíciles de manejar. La destrucción y contaminación de recursos ha llegado al punto de hasta cobrar vidas como lo ha sido el caso de la carbonera en Guayama. Como consecuencia, familias puertorriqueñas se han visto obligadas a vivir en precariedad, mientras que a otras la crisis de vivienda que enfrenta la clase trabajadora del país les obliga al exilio.

Ante estos años de otorgación de permisos de los cuales muchos han ido resultando en crímenes ambientales, la JP ha estado sometiendo borradores para un próximo Reglamento Conjunto los cuales han sido rechazados por el tribunal. El pasado mes de marzo, la OGPe suspendió los trámites de los permisos otorgados como parte de un desacuerdo en cuanto al Borrador del Reglamento Conjunto del 2022. Este suceso resultó en la salida del puesto de quien fuera la directora de la agencia. Este borrador no ha sido el único que se ha entregado. La iniciativa es producto de la alianza de la Junta de Planificación con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Reconociendo estos procesos controversiales, más el daño ya hecho y, por lo tanto, el caos que traería consigo esta sentencia de nulidad, el mismo Alto Foro atendió también este aspecto de la determinación. En su opinión legal publicada se confirmó que por el momento el Reglamento Conjunto del 2010 sería el que tuviera vigencia para atender y procesar los nuevos permisos hasta que se apruebe un reglamento de permisos nuevo. Además, la determinación aclara en detalle cómo se manejaría los distintos tipos de casos en proceso luego de la determinación del tribunal complementando la decisión de utilizar el reglamento de hace 13 años hasta que la JP pueda proveer un reglamento nuevo y aprobado. 

Sin embargo, a tan solo horas de la determinación, la Junta de Planificación aprobó de forma súbita y aislada un reglamento de total desconocimiento público. Legalmente, la JP estaba preparada para ampararse en una medida de protección firmada por el Gobernador Pedro Pierluisi mediante una Orden Ejecutiva creada en marzo luego del tumultuoso proceso de la última versión del borrador.

El reglamento de emergencia tiene a las mismas personas que han estado detrás de las decisiones de utilizar reglamentos que estaban por anularse por años. Los autores de este nuevo reglamento de emergencia son: el presidente de Junta de Planificación (JP), Julio Lassús Ruiz, junto a Manuel Cidre, como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y el licenciado Félix Rivera, quien desde la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) ha facilitado las decisiones de la Junta de Planificación.

La tendencia impulsada en los últimos años por estos funcionarios solo ha respondido a los intereses de partidos, de los ricos y de inversionistas locales y extranjeros. La utilización de varios reglamentos de permisos simultáneamente solo ha tenido como objetivo acelerar procesos con incongruencias con el fin de materializar proyectos, sin consultar a las comunidades, como en muchos casos es exigido por el reglamento y la calificación que tiene el terreno. Ante estas decisiones sin consenso, las comunidades se han visto obligadas a asumir posturas en oposición y luchar para defenderse de estos proyectos que llegan a sus casas sin aviso previo en ocasiones y hasta han amenazado con desplazar miles de familias. 

Sin discusión pública y traído al país por los mismos responsables detrás de las decisiones de utilizar varios reglamentos a conveniencia de los intereses de desarrolladores e inversionistas, este reglamento de permisos de emergencia representa una amenaza a la vigencia establecida del Reglamento Conjunto de Permisos del 2010 por el Tribunal ya que, con la firma del gobernador, se sobrepone a la determinación del Tribunal con un Reglamento Conjunto “fast track”. Este reglamento, del que no se sabe nada, establece parámetros inciertos con los que se tomarán decisiones en el país por un tiempo indefinido. De este momento en adelante toda diligencia de permisos y cada pulgada del suelo del país depende de un reglamento cuyos parámetros son completamente desconocidos y creado por el llamado “Cartel de Permisos”.