El proyecto de Ley de Libertad Religiosa, PS1, fue presentado para reconocer nuevas protecciones y garantías relacionadas con la libertad religiosa. Sin embargo, la libertad religiosa ya está protegida por ley y nunca se ha encontrado bajo amenaza alguna. La medida tampoco atiende ningún problema en el país.
La propuesta se presenta como solución a la discriminación por creencias religiosas para entonces otorgar el derecho a discriminar por moralismo, lo cual plantea graves amenazas a derechos humanos como negar prestar servicios esenciales a personas de la comunidad LGBTQIAP+ bajo el pretexto de creencias religiosas. Además de potenciar un ambiente hostil en áreas como la salud, educación y justicia. El apoyo legislativo al discrimen abonará al problema de casos de violencia de género y crímenes de odio. Medidas como estas han sido parte de amenazas sistemáticas que resultan en crímenes de lesa humanidad.
Líderes de derechos humanos han denunciado intereses político-partidistas como motivo del apoyo a la medida ya que Proyecto Dignidad (PD) ha representado el voto del sector ultra-conservador en las últimas dos elecciones. PD se ha destacado en presentar medidas fundamentalistas bajo premisas falsas que pretenden legalizar el discrimen. Por lo que el apoyo del PNP ha sido señalado como una mera movida política que busca una alianza de ultraderecha entre el PNP y el PD.
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