La lucha comunitaria por la defensa del libre acceso a la Poza del Obispo en Arecibo pone de relieve que el acceso público a las playas es una de las conquistas democráticas más importantes del pueblo de Puerto Rico. Se trata de un derecho fundamental que parte de una premisa sencilla: igual acceso a los recursos naturales para su disfrute y protección.

Desde los tiempos de España la ley considera a las costas de Puerto Rico como dominio público, es decir, no susceptibles de ser vendidas a particulares para su disfrute exclusivo. Son de todos y para todos. Pero como otros tantos derechos fundamentales, una cosa es la ley y otra la realidad. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos y algunos desarrolladores lograron el uso exclusivo de las playas para propósitos bélicos o para su explotación, respectivamente. Han explotado sus dunas, privatizado sus accesos y contaminado sus aguas. Para ello han contado con el respaldo de los gobiernos del PNP como del Partido Popular.

El litoral costero de Ceiba, Aguadilla, Vieques, Culebra y Desecheo fue ocupado por la marina de guerra y la fuerza aérea de los Estados Unidos, quienes desarrollaron enormes bases (Roosevelt Roads y Ramey Fields), restringiendo el acceso y contaminando sus playas por décadas. Aun está pendiente de limpieza las aguas y terrenos de Culebra, Vieques y Desecheo, en donde hay acumulada enormes cantidades de desperdicios bélicos y por el cual la milicia no se hace responsable.

El desarrollo de una propuesta económica basada en la promoción del turismo también restringió el acceso a las playas aledañas al Caribe Hilton en San Juan, al Hyatt Regency Cerromar Beach Resort y el Embassy Suites en Dorado, al Wyndham Río Mar en Río Grande, Palmas del Mar en Humacao, y a las Cabañas Hao en Isabela, entre otras. Estas playas aunque son “publicas” están sujetas a una restricción de acceso publico tan evidente que en la práctica son playas privadas. El acceso exclusivo o limitado a las playas inmediatas a los hoteles y paradores es desde hace décadas una de las plagas más dañinas al derecho de su uso y disfrute.

Los desarrolladores de proyectos de viviendas de alto precio han visto en el acceso exclusivo a varias playas un buen ingrediente en su negocio. En Aguadilla, Dorado, Cabo Rojo, Humacao, Isabela, Loiza, Rió Grande, entre otras, se han desarrollado proyectos de “casas de playa”, en el que uno de los atractivos es acceso limitado y controlado a las playas aledañas. Han recurrido a verjas, portones, accesos controlados, rótulos, guardias privados, reglamentos de propietarios, ordenanzas municipales y todo tipo de medidas para desprender del derecho al uso de las playas a los que no son propietarios de esas viviendas.

Los desarrolladores también han procurado explotar el acceso a las playas mediante contratos de arrendamiento de estos terrenos costeros al gobierno de Puerto Rico. Tal es el caso de la Poza del Obispo en Arecibo, en el que se pretende controlar el acceso a una de las más hermosas playas del litoral norte, la que siempre ha tenido un acceso libre. Se trata de una alianza público privada dirigida al lucro a costa de la pérdida de un derecho centenario, el acceso libre e irrestricto a esa playa.

El pueblo ha defendido de sus playas. Las luchas de los pescadores de Vieques y Culebra, de Las Picuas, la de los ambientalistas en Isla Verde, Vega Baja, y Ocean Park y la de las comunidades costeras de la Poza del Obispo en Arecibo, entre tantas otras, son sin duda la respuesta popular a la afrenta privatizadora y guerrerista