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BREL| Publicado el 6 junio 2014
Luego del mensaje del gobernador hemos empezado a conocer el verdadero plan del gobierno actual. En vez de resolver el problema del desempleo en el país, lo que viene es un ataque vicioso contra las trabajadoras y trabajadores del sector público amparándose en un estado de emergencia fiscal, igual que cuando Luis Fortuño aprobó la Ley 7.
La ley de emergencia fiscal no es más que el vencimiento de un escollo jurídico para desmantelar los derechos adquiridos por la clase trabajadora puertorriqueña. Junto con esta ley se han anunciado una serie de medidas que trastocan los convenios negociados, e incluso reglamentos internos de las agencias de gobierno. Con ello pretenden ahorrarse cerca de $598 millones de dólares de los gastos de funcionamiento del gobierno central.
Foto por:IndymediaPR (e) CMP
Si vamos a la distribución del presupuesto proyectado veremos que el Departamento de Educación será el más afectado pues reducirán el presupuesto en $326 millones de dólares. Este ahorro se fundamentará en el cierre de cerca de 100 escuelas en todo el país. Más adelante en dicho documento se puede ver que la verdadera prioridad del gobierno de García Padilla es el pago de la deuda pública, de $655 millones pagados el año pasado este próximo año se pagarán $1,274 millones. El gobernador en su mensaje no propuso medida alguna que resuelva el problema del desempleo. El nuevo presupuesto, de hecho, reduce varias partidas de agencias agrícolas y de desarrollo industrial.
Se ha rumorado que una de las fuentes de reducción del presupuesto será la reducción del bono de navidad a $600, lo que estimamos podría representar sobre $70 millones en ahorros para el gobierno. Otra reducción provendrá de la eliminación de $500 en los bonos que reciben los pensionados del Sistema de Retiro para Maestros, pues el presupuesto asignado a esa agencia se reduce en $10 millones. De la misma forma, la congelación de aumentos, la eliminación del pago de los días en exceso por enfermedad, entre otras medidas repercutirán adversamente en el bolsillo de las trabajadoras y trabajadores del sector público pero representarán un aumento en los fondos disponibles para pagar los intereses en los préstamos emitidos por el gobierno.
Dentro del paquete de medidas de recaudo se sometieron una serie de incrementos contributivos a las ganancias de capital, dividendos e incluso a la cantidad de personas a las que se le aplica la tasa contributiva más alta. Estas medidas si bien son positivas por que atacan las ganancias de los ricos, no resuelven ni el problema fiscal, ni mucho menos la crisis colonial, pues el efecto neto son $370 millones en nuevos ingresos al gobierno que quedarán ensombrecidos por el pago de la deuda pública.
El aumento en el pago a los prestamistas usureros de Nueva York sólo incrementará la explotación de la clase trabajadora puertorriqueña al dirigir una partida cada vez mayor de las ganancias nacionales al capitalista extranjero. Esos pagos dejarán al país con menos opciones de recuperación económica.
La crisis fiscal del gobierno no es más que un síntoma de la crisis colonial y capitalista, y el pueblo trabajador no debe darle credibilidad al argumento de que todos debemos aportar por igual pues ya la clase trabajadora aporta más que ninguna otra clase social. Cuando el MST dice que la crisis la paguen los ricos, decimos que no debemos pagar la deuda pública pues ya la hemos pagado con nuestro trabajo y nuestras materias primas durante los más de 100 años de colonialismo y explotación capitalista. Lo que viene para encima nuestro es lo peor de los gobiernos de Luis Fortuño y Aníbal Acevedo Vilá. La respuesta de la clase trabajadora tiene que trascender los sindicatos chupacuotas que ya están dando señales de rendición y fortalecer las organizaciones y sindicatos que luchan. Ante las medidas anunciadas no hay negociación posible sino que debemos comenzar la organización de una resistencia democrática, autogestionada y combativa que pueda sostenerse de manera prolongada. La respuesta que demos no puede ser sólo la reivindicación sectorial o parcial de proteger los beneficios de cada cual, sino una respuesta política, una alternativa clasista de socialismo e independencia para garantizar una victoria definitiva de toda la clase obrera.