Crisis en la AMA

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Escándalos de corrupción en la Autoridad

Agustin Muñoz Rios
info@bandera.org
Bandera Roja
www.bandera.org

Hace unas semanas ha sólido a relucir en la prensa una crisis en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Lo que comenzó como una investigación de la legislatura por alegados discrímenes contra impedidos ha sacado a la luz pública una serie de fallas en la agencia, que van desde la corrupción y el soborno hasta la falta de autobuses disponibles para cubrir los itinerarios. Algunos de estos problemas son viejos y conocidos por los usuarios regulares de la AMA, otros sorprenden, pero todos afectan adversamente a los trabajadores y pobres del Área Metropolitana que dependemos de este servicio a diario.

Las acusaciones de corrupción, malversación de fondos, sobornos e irregularidades en las subastas se han lanzado de parte y parte. Es difícil distinguir entre la madeja de politiquería quién o quiénes son responsables por el desmadre: Adaline Torres, ex-presidenta de la AMA, autora del alza tarifaria reciente, quien renunció ante el escándalo y es investigada actualmente por el FBI. O Fernando Fresse, ex-vicepresidente ejecutivo de la AMA y recaudador de “donativos” del PPD, acusado de recibir dinero de parte de suplidores por el trato preferencial en las subastas, acusado de despedir empleados que lo sabían, y otro de los investigados por el FBI. O los otros nueve ex-vicepresidentes que renunciaron -a pesar de ser empleados de carrera- junto a Torres y Fresse, poseedores de tarjetas de crédito para gastos discrecionales al realizar “labores” de la corporación, tarjetas que hasta el Contralor señaló como injustificadas, usadas sin controles y asignadas de manera irregular en una auditoría reciente. O la decena de empleados de la Oficina de Recursos Humanos sobre los que también pesa una investigación federal.

Los imputados han tratado de pasar la papa caliente, alegando que el problema es el robo de combustible y piezas para los autos de los trabajadores, el exceso de horas extra pagadas a los mecánicos que cubren los horarios de los que se reportan enfermos, etcétera. Si bien las acusaciones son serias y se deben investigar, es difícil explicar qué uso se le daría en un auto al combustible diésel o a piezas de autobuses de cuarenta pies de largo; o porqué la agencia no presupuesta el pago de horas extra y días de enfermedad que tiene negociado en el convenio colectivo; o el porqué de las deudas de $2.2 millones al Fondo de Retiro y de $3 millones al Seguro Social.

Por parte de los trabajadores usuarios del servicio de la AMA, también quedan cosas sin explicar. La opinión general es que el servicio de la AMA está mal y empeorando a lo largo de los últimos años. Las guaguas que se supone que pasen cada 20 minutos pasan cada hora. Cuando pasan, la travesía es en un autobús abarrotado. Los horarios no responden apenas a la necesidad de estos trabajadores.

¿Si en el 1997 hubo dos aumentos en la asignación para la Autoridad de una parte mayor del arbitrio sobre el “gas oil” y el “diésel oil”, porqué no se reflejó en una mejoría al servicio? ¿Ni en el 2000, cuando se registró un aumento de 60,000 a 112,000 pasajeros diarios -lo que debió significar una casi duplicación del ingreso por concepto de tarifas- en comparación a 1997? Si en el 2003 la Administración Federal de Transportación dio un desembolso adicional para mejorar el servicio, ¿que pasó? Es cierto que en el 2004 y el 2005 se compraron algunas guaguas nuevas, pero éstas vinieron a reemplazar otras, por lo que todo quedó igual. Además, se instaló un mecanismo de localización por satélite (GPS) que no ha redundado en mejoría alguna. Por otro lado, la expresidenta alega que cuando llegó sólo servía el 45% de la flota, por ciento que ella subió a 85% en dos años. ¿Cómo explica que a su salida de la agencia se encuentre otra vez fuera de servicio más de la mitad de la flota?

Lo más insólito es que en el 2005 se triplicó la tarifa de la AMA, un serio ataque al bolsillo del pueblo pobre y trabajador del Área Metropolitana, pero tampoco se ha visto cambio alguno en la calidad del servicio. Lo que sí se ve es que mientras los trabajadores hacen cada vez más sacrificios para llegar a sus trabajos a tiempo o hacer sus gestiones, partes millonarias del presupuesto de la AMA van a parar al bolsillo de empresas privadas, de los personeros de los partidos en el poder y de varios mal llamados “servidores públicos.”

Ya elementos cercanos a los círculos de poder han comenzado a plantear su opción para “solucionar” la crisis. En una crisis similar a comienzos de los 90 se optó por la privatización de la ruta que hoy se conoce como Metrobús I y Metrobús Expreso. Hoy vuelven a sugerir su “solución” ante la nueva crisis. Los trabajadores debemos mantenernos alertas ante este nuevo intento de entregarle los servicios del pueblo al interés privado. La experiencia de pasadas privatización es nos ha enseñado que esto significa encarecimiento de los servicios, sacrificar la calidad por el interés de lucro de unos pocos y pérdida de los derechos laborales de los trabajadores de la corporación privatizada.