El Proyecto del Senado 63 presentado el pasado 2 de enero por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schätz, propone enmendar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La conocida Ley de Transparencia decreta el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía, además de ser un derecho constitucional. Esta ley establece los principios por ley y procedimientos para garantizar el acceso a la información que las instituciones públicas, tanto estatales como municipales, tienen que cumplir para entregar información, según se solicite. Al día de hoy la Ley 141 aprobada en el 2019 no cuenta con penalizaciones para las agencias del gobierno central y administraciones municipales que no proveen la información solicitada que se supone sea de acceso público total.
La serie de modificaciones propuestas en dicha enmienda incluye el integrar multas entre otras medidas. Sin embargo, el PS63 pretende también extender los períodos para la entrega de información pública solicitada. La ley establece un plazo de 10 días laborables para las agencias y 15 para las administraciones municipales gestionar la entrega de documentos e información. Duplicar el tiempo impactaría la efectividad de investigaciones y procesos de fiscalización, como sucedió por ejemplo en el caso de la asfaltera en Bayamón y con otros tantos ejemplos de proyectos de construcción controversiales en el país.
El PS63 se presenta el mismo día que la gobernadora, Jenniffer González, firmó una serie de órdenes ejecutivas que, entre ellas, busca expedir procesos de permisos y proyectos.