Nuevas formas

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| Publicado el 14 mayo 2018

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Transformaciones de clase y resistencias en el capitalismo colonial

*Artículo publicado originalmente en el magacín Bandera Roja #3/verano 2017

Raúl Báez Sánchez

Bandera Roja

En la década del 1970 Roy Brown cantaba “el mundo de tu padre se va…, se van ya los viejos modales, los ricos caudales se van”. Esta letra describía la realidad de un sector de los ricos que veían amenazados sus estilos de vida ante el avance de la lucha de clases y una izquierda independentista radicalizada. Pero en el 2017 esta letra describe una realidad muy diferente, la que vivimos gran parte de la clase trabajadora y los sectores subalternos.

El panorama de la clase obrera de las últimas décadas del siglo XX se transformó considerablemente. Es evidente la incapacidad del sindicalismo y las izquierdas en adecuar las hipótesis estratégicas a las nuevas condiciones del capitalismo colonial. Este proceso ayuda a tejer toda una serie de subjetividades que afectan directamente la capacidad de organización y de movilización. También, en muchos casos, deja obsoleta las formas organizativas previas y obliga a repensar y redefinir las formas de hacer política. En ese sentido, comprender las nuevas realidades de la clase trabajadora es fundamental para las izquierdas independentistas y socialistas que le asignamos alguna centralidad en la articulación de fuerza social.

En el siguiente escrito intentamos una primera aproximación a las nuevas realidades de la clase trabajadora en Puerto Rico. No pretendemos realizar un análisis exhaustivo, si no aportar a generar un debate necesario. Confiamos que este debate nos ayude a recalibrar la brújula e identificar que sectores de la clase trabajadora y el pueblo pobre tienen el potencial de articularse como sujetos políticos del cambio social.

La desindustrialización del capitalismo colonial

Durante la segunda mitad del siglo XX la clase trabajadora puertorriqueña se concentraba mayoritariamente en los sectores industriales y en el servicio público. En estas áreas de la economía se encontraban centros de trabajo “clásicos” y una clase trabajadora con ciertos derechos junto a un nivel de vida y consumo aceptable. El carácter de los centros de trabajo y la organización de la producción, con la concentración de un gran número de trabajadores y trabajadoras en un mismo espacio, facilitaba el trabajo de organización.

No obstante, la transformación del capitalismo colonial bajo el neoliberalismo trajo consigo una desindustrialización progresiva de la economía. Esto significó la reducción de la fuerza de trabajo empleada por las empresas de la manufactura, sobre todo las farmacéuticas y la biotecnología. No quiere decir que el sector industrial dejó de ser el principal productor de ganancias, por el contrario, éste continúa extrayendo una gran tajada de nuestra maltrecha economía. Tan solo en el año fiscal del 2015-2016 produjo $49,331.9 millones, casi la mitad del Producto Interno Bruto ($102,906 millones).

Varios elementos influenciaron este proceso de desindustrialización. En primer lugar, la firma de los Tratados de Libre Comercio durante la década del 90 por parte de Estados Unidos, dejó a Puerto Rico sin espacio dentro de la división internacional del comercio. Ante la apertura del mercado norteamericano a mercancías de otros países, la manufactura perdió una ventaja que le brindaba la relación colonial en el mercado común con la metrópoli. Muchas corporaciones mudaron sus operaciones a países que les brindaban mejores condiciones para la inversión.

En segundo lugar, bajo el modelo neoliberal se dio una concentración de capital en el sector financiero con una indisposición a impulsar una nueva ola de acumulación capitalista por medio de la inversión en la producción. Ese sector financiero se conforma con navegar en la crisis bajo el objetivo de sumergir a la clase trabajadora en la precariedad y derrotarla políticamente.

Por último, la crisis del modelo de desarrollo económico y la estructura política del capitalismo colonial, de la mano de la crisis internacional, ayudaron a profundizar los efectos que este proceso tuvo sobre las condiciones de la clase trabajadora puertorriqueña.

Lo relevante del proceso de desindustrialización es el efecto que tuvo sobre la composición de la clase trabajadora. Se operó un cambio en cuanto a los sectores concretos que componen la clase trabajadora, su peso numérico y su ubicación en la organización del capitalismo colonial. Como veremos, la nueva composición de clase representa un cambio cualitativo en las condiciones de trabajo y explotación que caracteriza el actual modelo de acumulación de capital.

La composición de la clase trabajadora

El proceso de desindustrialización presenta como una de sus tendencias principales el empleo cada vez menor de trabajadores y trabajadoras en el sector industrial y el aumento de la fuerza laboral en los servicios y el comercio. La disminución en la mano de obra se registra sobre todo en aquellas empresas de alta composición de capital como las farmacéuticas, la biotecnología, la electrónica y la investigación, entre otras. La reducción de empleos responde a la aplicación de nuevas tecnologías al proceso productivo, a cambios en la organización del trabajo y al cierre o consolidación de empresas.

La pérdida de empleos en la manufactura se intensificó con la salida de las empresas que se beneficiaban de la sección 936. En 1995 estas empresas empleaban 172,000 trabajadores y trabajadoras, pero para el 2016 esta cifra había caído a 74,000, una pérdida de casi 100,000 empleos. Al término de un año en el 2014-2015 se perdieron 11,500 empleos adicionales. Tenemos unas compañías que utilizan poca mano de obra, mientras generan una cantidad considerable de ganancias, lo que implica mayor explotación de la fuerza de trabajo.

Por décadas el mayor empleador fue el gobierno, pero la baja en el empleo del gobierno central y las corporaciones públicas ha sido dramática. En el 2016 sólo empleó 159,300 personas. La pérdida de empleos se debe al desmantelamiento del estado benefactor bajo el programa neoliberal. La crisis fiscal y la agenda de austeridad que promueve el PNP-PPD, apunta a que el empleo público seguirá reduciéndose considerablemente. En aquellas áreas donde no puedan despedir trabajadores y trabajadoras, eliminarán derechos y empeorarán las condiciones de empleo, como otra vía de reducir el gasto público.

De acuerdo a la encuesta por hogares realizada por el Departamento del Trabajo, actualmente la mayor cantidad de mano de obra se concentra en los sectores de servicios y comercio. Estos emplean una fuerza laboral de 348,000 y 236,000 respectivamente (334,000 y 174,000 según la encuesta de establecimientos). Estas empresas se caracterizan por una baja composición de capital y el empleo de una cantidad mayor de mano de obra en condiciones de trabajo sumamente precarias. Las mujeres conforman una importante porción de esta clase trabajadora. De una fuerza laboral de 995,000 personas empleadas, son la mayoría en los servicios (164,000), en la administración pública (105,000) y en el comercio (103,000). En el 2014 tuvieron una taza de participación laboral de 35%, de estas unas 165,000 eran jefas de familia y el 34% solteras.

Por otro lado, en Puerto Rico se observa un crecimiento de la cantidad de personas retiradas. En el año 2014 las personas retiradas ascendieron a 361,000, que representa el 42.6% del grupo de personas de 60 años o más. De esta cantidad 146,000 fueron mujeres retiradas. Este sector crece cada año proporcionalmente, de la mano de un envejecimiento de la población producto en gran medida de la emigración y a las muertes relacionadas al narcotráfico.

Por último, la economía de la colonia ha mostrado reiteradamente su incapacidad de crear empleos. Si bien la tasa de desempleo ha disminuido en los pasados años -de 16.3% en el 2010 descendió a un 11.8% en el 2016- no podemos atribuirlo a un aumento en la oferta de trabajo. En Puerto Rico más del 60% de la población no tiene acceso a un trabajo. Desde que estalló la crisis económica se registra una pérdida de empleos sostenida en todos los sectores. Por ejemplo, observamos un descenso en la tasa de participación laboral que en el 2016 fue de 40.2% y disminuyó un 2.6% en relación a los últimos 5 años. En el último año 2016 a 2017 se ve un repunte en la participación laboral, pero contradictoriamente el incremento en el número de empleos no ha sido significativo en ningún sector particular. Esta contradicción se explica si consideramos el aumento migratorio sostenido desde que estalló la crisis. Se proyecta que en el 2017 la emigración alcance los niveles de la década del 40’, que ha sido la más alta hasta ahora.

La precarización de las condiciones de vida y trabajo

En Puerto Rico se vive una intensificación de la explotación del capital sobre la fuerza de trabajo y los recursos naturales, en función de garantizar la acumulación de ganancias para las corporaciones que siempre se han lucrado de un modelo de “desarrollo económico” obsoleto. La composición de la clase trabajadora está directamente relacionada a este proceso, por los niveles de explotación, condiciones de trabajo y nivel de vida que impone el modelo neoliberal. La precariedad se ha convertido en la nueva realidad de la clase trabajadora y los sectores subalternos.

Las corporaciones de servicio y comercio generan la mayoría de los empleos bajo brutales condiciones de explotación. En estas áreas predomina el subempleo, el empleo por contrato, el part-time y el flexitime. A las trabajadoras se les exige el mismo rendimiento en menos tiempo de trabajo, cobrando el salario mínimo y con derechos marginales muy limitados. Aunque en teoría existe el derecho a sindicación, la ley es letra muerta ante la represión del patrono, haciendo muy difícil la organización. Estas pésimas condiciones de trabajo representan las formas más descarnadas de precarización de la fuerza de trabajo. La nueva ley de reforma laboral del gobierno de Ricardo Rosselló no hace más que empeorar esta situación, eliminando y reduciendo derechos.

Bajo estas condiciones la mayoría de las mujeres trabajadoras tienen dos empleos para poder satisfacer las necesidades básicas del hogar. Con el trabajo no remunerado en el hogar, lo que antes se conocía como doble jornada, en muchos casos equivale a una triple jornada. Con la contra-reforma laboral se ven doblemente golpeadas, se le quitan derechos reconocidos por la legislación laboral como parte de la clase trabajadora y a la misma vez se reducen los derechos alcanzados por las mujeres.

Las trabajadoras y trabajadores del servicio público también están siendo aplastados por la avalancha de la precariedad laboral. En los pasados años se implementó la congelación de convenios colectivos, la eliminación de derechos adquiridos, el empleo por contrato, las alianzas público privadas, entre otras. Según el Plan Fiscal el gobierno pretende seguir reduciendo los derechos y el salario en las corporaciones públicas hasta equipararlos a las del gobierno central. Además, anunciaron la eliminación de bonos de navidad, recortes en días por enfermedad y vacaciones, consolidación de agencias, reducción de jornada, despidos, alianzas público privadas, privatización, aumento en costo de servicios, etc.  

Por último, el ataque a los sistemas de retiro –la reducción en la aportación patronal y el aumento en los impuestos sobre ingreso- empeora aún más las condiciones de vida de las personas retiradas. Aumenta la carga económica sobre estas personas que con el ingreso del retiro no solo satisfacen sus necesidades, también ayudan a sus hijos, hijas y nietos que con un salario de miseria no les alcanza para los gastos básicos como gasolina, renta, agua, luz, compra y plan médico.

Algunos autores marxistas describen este proceso de intensificación de la explotación como acumulación por desposesión. Bajo éste, el capital busca aumentar su tasa de ganancias abriendo a la inversión y la “libre competencia” áreas que históricamente han estado bajo propiedad social como los servicios de agua, luz, educación, salud, los recursos ecológicos, sistemas de retiro, etc. Los ejemplos más comunes son la privatización de servicios públicos y la reducción en el gasto del gobierno en servicios básicos. Estas medidas traen de la mano la precarización de la vida por medio de la eliminación de derechos laborares, el aumento del costo de vida, la inaccesibilidad a servicios básicos, entre otras.

Pero la precariedad bajo el capitalismo no solo tiene que ver con las relaciones económicas, también está directamente relacionada a la calidad de vida que empeora en la medida que el neoliberalismo despliega una ofensiva depredadora sobre los recursos ecológicos. Se restringe el acceso a las playas para la construcción de hoteles y el disfrute privado, la industria de la construcción destruye las tierras fértiles, se contamina las tierras y las aguas con la mega agricultura, pesticidas y abonos de Monsanto, etc. Así el modelo neoliberal de acumulación somete a la clase trabajadora y a los sectores subalternos a una vida miserable.

Lucha de clases bajo nuevas condiciones

En Puerto Rico aún no ha surgido un movimiento masivo de resistencia a la avalancha neoliberal. En gran medida se debe a que muchas personas todavía encuentran alternativas para sobrevivir la crisis, mientras el gobierno promueve soluciones individuales que fortalecen el sentido común neoliberal y destruyen los lazos de solidaridad.

La incapacidad de masificar la resistencia también está relacionada al estado organizativo del movimiento obrero y de las izquierdas radicales. Con la aprobación de la Junta de Control Fiscal, se observa un retorno de la narrativa nacionalista. En importantes sectores del independentismo resurgen las explicaciones jurídicas y visiones reduccionistas del escenario político y las fuerzas en disputa.

Las izquierdas radicales nos encontramos fragmentadas y atomizadas. Si bien contamos con presencia en diferentes luchas, no hemos podido coordinarlas en un movimiento anti-neoliberal. Es evidente la falta de un proyecto organizativo de la izquierda que articule los intereses de la clase trabajadora y los sectores subalternos en un mismo movimiento.

Los sindicatos más combativos en las áreas estratégicas están sumamente golpeados, disminuidos numéricamente y con poca capacidad de movilización. El retiro de militantes afecta directamente la estructura sindical, porque las personas que se integran no poseen la misma formación, experiencia organizativa, ni cultura de lucha. Esto sin contar que las nuevas trabajadoras que ingresan bajo las alianzas público privadas quedan fuera de la unidad apropiada y no tienen los mismos derechos y condiciones de empleo que los trabajadores sindicalizados.

Pero cambiar la brújula mecánicamente a las comunidades ha mostrado no ser la solución. Las ONG como espacio de trabajo y de construcción de fuerza social de cambio presentan serias limitaciones. En la mayoría de los casos conciben el trabajo social más cercano a una visión filantrópica, se convierten en trampolín político de sus líderes o en correas de transmisión del PNP-PPD. Se benefician de la capacidad organizativa y de trabajo de muchos compañeros y compañeras, quienes se ven atraídos a estos esfuerzos por el trabajo directo y la solidaridad. Apelando a este principio ético-político, las ONG reproducen una de las formas de explotación más despiadadas bajo el neoliberalismo: el voluntariado.

Necesitamos que las fuerzas políticas anticapitalistas intervengan con fuerza en el tablero político nacional como un movimiento político de masas. Para lograrlo y a la ves recalibrar la brújula en sentido estratégico debemos preguntarnos qué sectores tienen potencial de articular un movimiento de resistencia anti-austeridad y cuáles de éstos pueden conformar la fuerza social para una ruptura anti-capitalista.

La jornada de protestas del 8 de marzo demostró el potencial incuestionable de las mujeres como sector de lucha y resistencia a las políticas de privatización. También, quedó sobre el tablero político el aporte del feminismo radical en la elaboración de una nueva narrativa anti-neoliberal, aportando no solo la fuerza numérica, sino también el posicionamiento decididamente anti-patriarcal y anti-capitalista.

En las empresas del servicio y el comercio se concentra una fuerza laboral mayoritariamente de jóvenes entre 20 a 40 años. En este sector se encuentran muchas personas con educación universitaria, pero que tienen que aceptar empleos precarios en barras, restaurantes, mega tiendas y escuelas privadas. En estas condiciones habemos muchas compañeras y compañeros que participamos de los últimos procesos de lucha en la UPR y el magisterio. La gran mayoría no contamos con organización sindical, lo que limita grandemente la capacidad de movilización desde los centros de trabajo. Pero la experiencia de organización y lucha brinda un potencial que puede ser articulado desde espacios de participación amplios y desde la lucha política.

No podemos descartar a los empleados gubernamentales, a pesar de la reducción en número, estos continúan siendo centrales para cualquier proyecto de resistencia y cambio social en la colonia. Algunas de las corporaciones públicas mantienen el carácter estratégico por su función de garantizar las condiciones de producción y reproducción del capitalismo colonial. Además, los trabajadores de la AEE, la AAA, el Fondo del Seguro del Estado y el magisterio tienen una importancia estratégica por estar en el centro de la política de austeridad del gobierno. La participación de los retirados y retiradas en la resistencia es fundamental. Además de la defensa del derecho a un retiro digno para las generaciones futuras, también aportan la experiencia organizativa acumulada en el calor del combate.

La interrogante es si tendremos la capacidad de articularnos en un movimiento de resistencia anti-austeridad que le ponga freno a las medidas más duras del programa neoliberal. Para construir este movimiento se tiene que contar con la juventud trabajadora que ha sido expulsada por el neoliberalismo de los centros de trabajo clásicos. También con el estudiantado universitario, que junto a los sindicatos más combativos del servicio público y las izquierdas radicales, mantienen una capacidad organizativa mínima para aportar a abrir escenarios de movilización. Pero un movimiento anti-austeridad y anti-neoliberal masivo, debe construirse sobre los principios de la democracia participativa y el respeto a la diversidad de concepciones y métodos de lucha. En ese sentido, si el liderato sindical quiere ganarse la confianza de la juventud radicalizada tiene que desistir de los estilos burocráticos y autoritarios y comenzar a darle autonomía a sus bases y abrir espacios organizativos donde se encuentren con otros sectores en lucha sin monopolizar al agenda.   

Las jornadas de lucha nacional del 1M demostraron el potencial de estos sectores de movilizar masivamente y golpear contundentemente si actúan de forma coordinada. Sobre todo dejó plasmado sobre el tablero político el potencial explosivo de la juventud trabajadora precarizada. A su paso por la Milla de Oro descargaron toda su indignación y rabia contra todo símbolo de explotación, opresión y enriquecimiento. Pero la respuesta del liderato sindical haciéndose eco de la condena del soberanismo y del independentismo conservador distanciándose de los eventos, aleja momentáneamente la posibilidad de actuar coordinadamente. Al apostar por sus espacios institucionales y abandonar a los sectores radicalizados a la casería de brujas de la represión, se abrió aun más la brecha que nos separaba.

Las izquierdas radicales no podemos seguir aferrándonos a narrativas y formas organizativas que responden a una estructura de clases que el desarrollo del capitalismo colonial va dejando atrás aceleradamente. Debemos comenzar a imaginar un proyecto organizativo que se articule desde estas nuevas realidades de la clase trabajadora y los sectores subalternos.