Los apagones han aumentado en frecuencia, continúan los aumentos al costo de la luz y no se vislumbra un cambio en la administración de la energía eléctrica en el país con el nuevo gobierno.
La lucha contra la privatización de la energía eléctrica definió el resultado de la pasada elección. La gobernadora Jennifer González, quién fue ambivalente en cuanto a su postura sobre la estadía de Luma Energy, nombró a Josué Colón como máximo jefe de la energía en Puerto Rico. Josué Colón fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica durante la gobernación de Luis Fortuño. Cabe destacar que Josué Colón fue investigado por el Departamento de Justicia por recaudación de fondos para el Partido Nuevo Progresista en el 2015, además de las denuncias de haberse agenciado una pensión ilegal.
El nombramiento de Josué Colón como director ejecutivo de las Alianzas Público-Privadas, busca asignarle las funciones ya establecidas en ley de fiscalizar no sólo la AEE sino otras privatizaciones como la administración de las autopistas. Con este nombramiento la Gobernadora cumpliría su promesa de campaña de nombrar un Zar de Energía, pero utilizando la estructura legal existente. La pregunta que miles de abonados de la AEE se hacen es, ¿por qué no se fiscalizó a Luma y a Genera desde ese puesto hace cuatro años?
La agenda del gobierno de Jennifer y el PNP es continuar con la privatización de los activos del gobierno y utilizar las necesidades básicas de la gente como negocio. Mientras la AEE esté en manos de empresas privadas y a merced de los partidos corruptos y coloniales la gente común no verá mejoría en el servicio ni reducción en las facturas.
Asuntos pendientes en la lucha magisterial
Totalitarismo y dictadura: Así comienza el nuevo término PNP
Nombran Zar de Energía y Director Ejecutivo APP
Empeora el servicio de los planes médicos
Proyecto de ley legalizaría el discrimen
A enfrentar en la calle el gobierno privatizador, corrupto y conservador
Contra el colonialismo y la dependencia en nuestras escuelas públicas
El futuro del país pudiera estar a manos del Cartel de Permisos