El pasado mes de septiembre Gladys Escalona de Motta, la Rectora del Recinto de Río Píedras de la Universidad de Puerto Rico, hizo pública la decisión de sancionar a los compañeros y compañeras que fueron sometidos a procesos disciplinarios. A estos compañeros se les sanciona por la lucha militante mantenida contra la privatización en el Recinto.
La rectora decidió someter a una probatoria de un año a los 6 compañeros acusados por la actividad contra la privatización del Teatro del 16 de septiembre. Además, decidió sancionar con una carta de amonestación a Vannette Figueroa y con la suspensión inmediata de un semestre al compañero Waldemiro Vélez Soto.
Estas sanciones se suman a la suspensión que pesa sobre el compañero Bayrex Sánchez, ex presidente del Consejo General de Estudiantes. A éstos se les acusó, entre otras cosas, de entrar a un salón de clases e interferir con las labores regulares del recinto. La Junta de Disciplina recomendó una amonestación escrita en el caso de Bayrex. En el caso de Waldemiro la Junta no halló causa para sanción alguna. En éste caso la Junta de Disciplina va más lejos, y plantea que la radicación de cargos en su contra tiene vicios de persecución y que es una acusación selectiva.
Estos compañeros sólo estaban ejerciendo un derecho que los estudiantes han ganado por años de lucha, Bayrex estaba ejerciendo funciones oficiales correspondientes al cargo de Presidente del Consejo. Waldemiro fue acusado por asumir un turno en una actividad pública y defender los derechos de los estudiantes. Aun así en ambos casos la Rectora se despachó con la cuchara grande y suspendió a los compañeros; demostrando que todo este proceso es sólo un montaje para perseguir a los dirigentes más combativos y militantes del movimiento estudiantil.
No es de extrañarse que cuatro de los ocho sancionados pertenecen al Movimiento Socialista de Trabajadores (MST): Víctor Rodríguez (líder de la UJS-MST), Hugo Delgado (dirigente nacional del MST), Waldemiro Vélez y Vannette Figueroa (ambos militantes de la UJS-MST). Está clara la intención de la rectora de darle un garrotazo a nuestra organización para que sirva de escarmiento al movimiento estudiantil y a todo aquél que ose retar la divina autoridad de la Junta de Síndicos en la UPR. La lista de sancionados demuestra una vez más que en Puerto Rico y en especial en la UPR se persigue a los que luchan en contra de los intereses de los ricos.
La administración recurre a su mejor instrumento para callar la lucha. No es la primera vez que la administración de la UPR reprime a militantes de izquierda. Lo hicieron en el pasado cuando dejaron caer el pesado brazo de la represión sobre los dirigentes de la histórica “Huelga del ‘81”, cuando persiguieron y encarcelaron vilmente al compañero Pedro Colón Almenas, cuando intentaron sancionar a los y las militantes anti-militaristas en Mayagüez o cuando arrestaron a un dirigente independentista en pleno Recinto de Mayagüez por ejercer su derecho a repartir propaganda. Ahora pretenden callar la voz más militante del estudiantado a sangre y fuego, imponiendo un estado policial y violando el estado de derecho en la Universidad. La administración cree que recurriendo a estos mecanismos va acabar con las y los compañeros que luchan por una universidad democrática, al servicio del pueblo pobre y trabajador. Le recordamos a la administración que persistimos en nuestra lucha, como se gritó el 16 de septiembre de 2006 en el Teatro, “aquí estamos y no nos vamos”.
Las organizaciones políticas de izquierda y el movimiento estudiantil en su conjunto debemos levantar la bandera de la solidaridad y exigir que se eliminen las sanciones a los compañeros y compañeras. En la Universidad, allí donde se construyan comités de trabajo debemos asumir la defensa de nuestros compañeros y compañeras, y levantar como parte de nuestras consignas: ¡Cero sanciones contra nuestros compañeros de lucha! ¡Waldemiro y Bayrex de vuelta al salón de clases ya! ¡Basta ya de represión!