| Publicado el 13 agosto 2002
Aumentan costos de la vivienda pública
Lillian Martí Díaz
info@bandera.org
Colaboración
www.bandera.org
En diversos momentos y escenarios hemos presentado nuestra preocupación por las implicaciones que tiene el uso de fondos federales. Usualmente estos fondos, sean por fórmula, en bloque o competitivos responden a unas condiciones y situaciones particulares a la realidad estadounidense. Generalmente estos vienen acompañados de sus respectivas reglamentaciones y legislación que, dado nuestra condición Política venimos obligados a cumplió, aunque está sea ajena a nuestra realidad económico-social. En estos días está situación se ejemplificó en la revisión de las rentas realizada por los administradores de los residenciales públicos. De acuerdo con lo notificado a los residentes de estas comunidades el criterio antes utilizado para determinar el monto de la renta a pagar era el de la cantidad de ingresos recibidos en la unidad familiar ha dado paso, entre otros al criterio de renta fija por cantidad de cuartos. este cambio obedece, según los privatizadores, a cambios en la reglamentación federal.
En un caso, del cual nos hicimos portavoz, levantamos unas objeciones particulares a dicha acción. En este espacio reiteraremos algunas de estas objeciones y presentaremos la base político-social sobre el cual se fundamenta nuestra oposición y preocupación. Algunos de los aumentos informados duplican y hasta triplican la renta vigente hasta el año fiscal que acaba de terminar. Para algunos casos la renta asignada representa una cuarta parte del ingreso percibido en una unidad familiar. Los economistas del hogar recomiendan que la vivienda represente un 15% del presupuesto familiar. este estándar contrasta no solo con está situación sino también con la realidad que hoy se vive en casi todo Puerto Rico. En el caso de los residenciales que nos ocupa se dan situaciones en las cuales estos apartamentos están ocupados por vieja que reciben un ingreso cuasi fijo y en su mayoría destinado a necesidades básicas particularmente aquellas relacionadas con el renglón de la salud. En el Puerto Rico del año 2002 todos sabemos lo altamente costosos que son los gastos relacionados con los servicios de salud (¡tengas o no Reforma!). Nos parece contradictorio como en un país cuyo cuadro demográfico nos presenta una alta proporción de población vieja y una alta proporción de población bajo los niveles de pobreza las normas tomadas en otros lares e implantadas acá vayan en contraposición a esas características sociales que nos definen. Es un contrasentido establecer una renta fija (pero alta) para gente vieja, con casi unos ingresos fijos y bastante bajos.
Aún más nos preocupa los comentarios y reclamos de ciertos sectores del país para cobrar contribuciones y pagar arbitrios, y hacer que paguen aquellos sectores que se dicen pueden estar participando de la economía informal. este reclamo es altamente preocupante, y aún más, es alarmante cuando al buscar alegadamente compartir el costo del bienestar social se aplican las normas uniformemente, a ciegas y hasta injustamente. Que un anciano, una familia pobre (no participante del lucro obtenido por el narcotraficante que vive en una urbanización de lujo) y/o que una mujer sola pague una renta alta en una comunidad supuestamente, para pobres, marginada y hasta estigmatizada es una injusticia y una arbitrariedad. Que el reclamo de ciertos sectores de nuestro país y la norma federal coincidan es aún más preocupante por el hecho de que no nos percatamos que estas medidas lo que hacen es abrir aún más la brecha entre pobres y ricos.
En nuestra enajenación parece que no nos percatamos que la base de la sociedad capitalista en la que vivimos es la apropiación que hace el dueño de los medios de producción de todo aquello que el trabajador produce por encima de lo que este le paga como salario.
Producimos mucho, nos pagan una pequeña parte y se quedan con todo lo demás que generamos. Robo mayor que ese no puede haber. Peor aún hemos estado viviendo en una sociedad en la cual nosotros le hemos estado costeando los costos sociales generados por las grandes compañías, la Marina y el gobierno federal.
Preguntémonos, ¿Quien ha atendido a todos aquellos que directa o indirectamente se han enfermado por la contaminación que las grandes empresas han causado? ¿Que ha pasado con los servicios de agua y luz que muchas de estos grandes consorcios han pagado a un ínfimo valor y/o que han mal utilizado (cómo la Marina)? ¿cuánto han pagado por las carreteras y puentes usados aquellas grandes compañías exentas de pagar contribuciones? ¿Han pagado el mal uso y bochorno de salir de nuestra tierra a invadir militar, Política y económicamente a otros pases?
¿Han pagado el uso de Puerto Rico como bastión ideológico al presentarnos como la vitrina de la democracia por la relación con los Estados Unidos?
Todos estos, y muchos otros mas, pueden conllevar un costo social, un costo de oportunidad y hasta aquellos que no tienen un valor monetario pueden serles imputados algún valor y si fuéramos a sumarles a lo largo y ancho del espacio y del tiempo nos toparíamos que los costos sociales no pagados a nuestro país y a nuestra gente exceden por mucho los otorgados en fondos federales. ¡Y todavía tienen el descaro de hablar de dependencia y de reglamentar nuestras acciones! Ellos nos deben, no somos nosotros a ellos. Su norma no responde a nuestra realidad. Insisto en que existen múltiples situaciones que ejemplifican la condición de explotación y sujeción a la que estamos sometidos. Situaciones como está así lo demuestran.
Le solicitamos a la administración popular actual a revisar está situación para atemperarla a lo que fuera para los años cuarenta su reclamo de justicia social. Le sugerimos así mismo revisar toda está reglamentación e impugnar ante el gobierno federal su no aplicabilidad a nuestra condición social, económica u cultural así mismo le instamos a considerar aquellas particularidades que sean meritorias y a hacer uso de aquellos márgenes de independencia relativa que su sujeción les permite utilizar.
Nuestras convicciones por la independencia y el socialismo no se basan solo en el teoricismo abstracto ni en «errores de juventud» sino en una realidad de explotación e injusticias que día a día vivimos y exigimos terminar ¡Basta ya!