Durante el primer mes del llamado “nuevo gobierno”, el PNP dejó claro cuál es su plan para las escuelas públicas. De la pluma del presidente del senado, Tomás Rivera Shatz, se presentó un proyecto de ley para fomentar la creación de sistemas educativos municipales. Ni corto, ni perezoso, el Departamento de Educación manifestó su oposición a la medida, pero las comunidades escolares deben estar atentas.
A pesar de que el proyecto de ley estipula que nuestro sistema educativo se enfrenta a grandes retos, no aporta nada nuevo para diagnosticarlos y proponer soluciones. Por el contrario, la aparente solución es más de lo mismo. Se busca entregar la administración de las escuelas a los alcaldes para que guisen con los fondos de la educación pública. Podemos anticipar lo que va a suceder; favoritismo, corrupción y malversación de fondos públicos. Basta con mirar dónde se concentran el grueso de los casos de corrupción de los últimos siete años. La mayoría son alcaldes acusados de malversación y desviación de fondos, o de aceptar sobornos a cambio de contratos. Además, la mayoría de los municipios de Puerto Rico tienen una pobre gestión administrativa. El favoritismo y la pobre administración de recursos le abre el camino a la privatización, que como dice la consigna, es la madre de la corrupción.
La actual propuesta de municipalización va a tono con la política pública del gobierno de Trump de eliminar el Departamento de Educación Federal. Es parte de la misma lógica de reducir gastos y servicios para ponerlos en manos privadas. Bajo esta política no se busca atender las necesidades esenciales y garantizar los derechos de la mayoría del pueblo pobre y trabajador. El objetivo es que unos pocos acumulen riquezas, haciéndose más ricos, mientras a las grandes mayorías nos hunden más en la pobreza.