Misla quiere desmantelar Ley de Política Pública Ambiental

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Sarah Peisch

El Presidente de la Cámara de Representantes, en alianza con industriales y sus bufetes patronales, sometió un proyecto de ley con el descarado intento de desmantelar la Ley de Política Pública Ambiental, eliminar la participación pública en los procesos de evaluación ambiental y abrir el camino para que el gobierno y los desarrolladores tengan mano libre con sus proyectos e inversiones capitalistas.

Este nefasto proyecto de ley, conocido como el Proyecto 1581, promueve la agenda anti-democrática del gobierno. El representante Edison Misla Aldarondo pretende justificar estas enmiendas a la Ley de Política Pública Ambiental de 1970 (Ley 9) diciendo que «se ha desvirtuado el propósito de las Declaraciones de Impacto Ambiental» y que «los procesos de evaluación ambiental se usan para detener proyectos de necesidad social.»

El Proyecto 1581 es la continuación de piezas legislativas que empezaron el año pasado con una ley que básicamente proveyó una dispensa en el cumplimiento de las leyes ambientales con el proyecto del Superacueducto. Al verse el Supertubo detenido por orden judicial al incumplir con la Ley 9 y por su impacto negativo al ambiente, la Legislatura decidió hacer una nueva ley. Los legisladores alegan que van a «agilizar» el proceso de evaluación de los proyectos del gobierno o de industria privada, cuando en realidad van a eliminar el derecho de participar de las comunidades.

Los puntos más sobresalientes de Proyecto 1581 son: 1) Eliminar el requisito actual de que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) sean documentos que expliquen detalladamente los impactos ambientales. Las DIAs se convertirían en panfletos promocionales de los proyectos propuestos. 2) Se celebraría una vista pública sólo a discreción de una agencia y sólo después de ser aprobado el proyecto. 3) Las empresas y desarrollistas prepararían y someterían una DIA y cualquier municipio, agencia o corporación pública podría decidir si los documentos ambientales cumplen con la Ley 9. Actualmente, este es el rol de la Junta de Calidad Ambiental. 4) Sólo se circularían copias de una DIA entre las agencias gubernamentales. Al público se le notificará, mediante un periódico, avisando dónde podrá acudir a revisar el documento.

El Proyecto 1581 dispone también para que comentarios escritos sean la única forma de participación pública en torno al documento ambiental, y que éstos tendrían que ser hechos en un período improrrogable de treinta días luego del aviso.

Por décadas, las agencias gubernamentales han negado sus deberes administrativos de hacer cumplir las leyes ambientales. Son las comunidades quienes velan por su salud y su ambiente a través de la participación ciudadana, los procesos administrativos y cuando es necesario, los tribunales. El Proyecto 1581 convertiría la protección ambiental en tierra exclusiva de las administraciones municipales, de los industriales o de Norma Burgos.

A pesar de que el gobernador Roselló ha manifestado que no cree necesario enmendar la Ley de Política Pública Ambiental, el proyecto de Misla aparentemente seguirá la nueva modalidad de proyectos del partido de gobierno del «carril rápido» («fast track»). La Comisión de Planificación y Desarrollo Socioeconómico de la Cámara llevará a cabo vistas públicas el próximo mes.