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BREL| Publicado el 31 octubre 2014
Las políticas represivas de contrainsurgencia siguen cobrando vidas de luchadores populares en México. En esta ocasión la desaparición, en el estado de Guerrero, de más de 40 estudiantes normalistas ha destapado el descontento y la rabia popular por todo el país y América Latina.
Los estudiantes fueron reprimidos por la policía municipal y luego secuestrados la noche del 26 de septiembre en la escuela Normal de Ayotzinapa. Dos estudiantes resultaron muertos de bala la misma noche mientras 43 fueron secuestrados y permanecen desaparecidos. El pasado 4 de octubre se hallaron 28 cuerpos en una fosa común clandestina en Iguala, en el Estado de Guerrero. Inmediatamente se sospechó que los cuerpos eran de algunos de los estudiantes desaparecidos. Se cree que algunos de ellos puedan haber sido torturados y quemados antes de ser enterrados en la fosa. El gobierno niega todo vínculo con la muerte y desaparición de los jóvenes, mientras responsabiliza a una supuesta organización paramilitar del narcotráfico. Sin embargo, los familiares y las organizaciones populares niegan la versión oficial y responsabilizan al gobierno municipal y estatal por la desaparición de los jóvenes.
Foto por: tomada de internet
La muerte y desaparición de los jóvenes desató una ola de indignación que desemboco en movilizaciones y protestas por todo el país. En Chiapas los Zapatistas (EZLN) llamaron a una marcha silenciosa y en la Ciudad de México se movilizaron sobre 20,000 personas para exigir la aparición con vida de los jóvenes. En Guerrero cientos de maestros y estudiantes se movilizaron a las oficinas de gobierno del Estado para exigir que las autoridades brinden información sobre el paradero de los estudiantes. Ante el silencio y la complicidad del gobierno, los manifestantes forzaron la entrada al Palacio de Gobierno, destruyendo ventanas, inmuebles e incendiando las oficinas.
La aparición de la fosa, nuevamente deja al descubierto el carácter brutal y sanguinario de las llamadas “fuerzas del orden” del gobierno mexicano y su complicidad con toda una red de organizaciones paramilitares y del narcotráfico. No es la primera vez que el gobierno mexicano responde baleando, masacrando, secuestrando y desapareciendo a sectores del pueblo en lucha. Al igual que otros países latinoamericanos la historia de México cuenta con una buena dosis de masacres de estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas y guerrilleras. Basta recordar los ejemplos más conocidos como la masacre Tlatelolco en 1968, el Halconazo de 1971, la masacre de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, Acteal, Chiapas en 1997 y la represión a lucha magisterial en Oaxaca. También debemos añadir la política de contrainsurgencia para aniquilar las organizaciones guerrilleras y revolucionarias de los 60 y 70, al Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), los Zapatistas (EZLN) y otras organizaciones insurgentes en años recientes.
Estos ejemplos no constituyen casos aislados, responden al carácter policial y contrainsurgente del Estado Mexicano que enfrenta toda movilización popular, luchas sociales y políticas con medidas de feroz represión, llegando hasta la desaparición y el aniquilamiento físico de las luchadoras y los luchadores.