Más allá de la huelga magisterial

En las últimas décadas en Puerto Rico la clase capitalista se ha cebado a costa nuestra, los trabajadores. Ha utilizado los resortes gubernamentales legales para adueñarse de las áreas económicas más productivas: la salud, las comunicaciones y la energía eléctrica y le tienen el ojo puesto al Departamento de Educación. El Ejecutivo y la Legislatura allanaron el camino para poner a su disposición los Centros de Servicios Médicos Municipales y Regionales y los servicios telefónicos, haciéndolos mas caros e ineficientes mientras se chupan jugosas ganancias. Pretenden privatizar el sistema de generación y distribución de energía eléctrica. Hasta el momento han facilitado y endosado la construcción de dos cogeneradoras de energía eléctrica colocando en manos privadas alrededor de la tercera parte de la generación de energía.

Usando su gobierno y sus partidos ( PPD, PNP ) han duplicado la deuda publica en superproyectos para beneficio del capital de la construcción, los especuladores de tierra y sectores financieros. Estos que controlan y manipulan a su antojo las agencias reguladores de permisos, ya sean de planificación o ambientales, no han respetado los reglamentos y leyes que deberían proteger nuestros recursos colectivos y garantizar la protección ambiental.

Como parte de esta ofensiva en contra nuestra, el gobierno de Roselló, en su segundo término, aprobó una mal llamada Reforma Laboral. La misma arrebata derechos a los trabajadores proveyendo condiciones a los capitalistas para embolsarse mayores ganancias.

Junto a esta contrarreforma aprobó también una reforma de la Ley de Retiro. Esta reduce y limita derechos de retiro para los trabajadores jóvenes y pone a disposición de los sectores financieros los fondos de los nuevos planes de retiro. Como parte de esta agenda los capitalistas y su gobierno han arremetido también contra los sectores organizados del movimiento obrero. Los ataques se han centrado particularmente contra los sectores más activos y combativos de las últimas décadas en el sector público. La aprobación de la Ley 45 pretendió cumplir la funciona de docilizar, maniatar y criminalizar las luchas de estos trabajadores. Con la privatización de la Telefónica y la aprobación de la Ley 45 han creado el andamiaje legal y el ambiente político para arremeter contra los trabajadores organizados bajo la Ley 130 y eventualmente eliminar la protección y derechos que le garantiza ésta. El ataque contra estos trabajadores, especialmente los de acueductos y energía eléctrica, no ha cesado.

En esta ofensiva los patronos y su gobierno han utilizado todos los resortes a su disposición: la oficina del Comisionado de Seguros, las Agencias Policíacas, el Departamento de Justicia y los tribunales contra la Unión Independiente Autentica de Acueductos. En el último proceso huelgario de estos trabajadores, hace casi dos aňos, la Gobernadora Calderón amenazo con sustituirlos si no se reintegraban a las tareas, pretendiendo confiscarle el derecho a la huelga. La nueva administración popular no ha disimulado su política antiobrera, negándose a reconocer y firmar el convenio colectivo y a reconocerle el descuento directo de cuotas a estos trabajadores.

La actual administración también ha arremetido contra los trabajadores de energía eléctrica ( AEE ) para debilitar y si posible destruir a la UTIER. La compra de energía eléctrica producida por la empresa privada, la subcontratación de tareas, la sustitución de la unidad apropiada, son solo algunos de los mecanismos utilizados por el actual gobierno contra estos trabajadores. La negociación del convenio esta prácticamente estancada.

La política oficial iniciada abiertamente por la actual administración popular de reforma fiscal, eliminando plazas, reduciendo beneficios y derechos no es otra cosa que la continuación de la agenda inconclusa a favor de los patronos iniciada por RHC y sostenida por Roselló y Sila Calderón. Este gobierno ha pretendido imponer esa política de austeridad y recortes a las negociaciones de alrededor de 40 convenios, las cuales están estancadas. Le redujo fondos a la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público lo cual evidencia la intención de estrangular esa Comisión haciendo inoperante el proceso de administración de quejas. Bajo esta política y argumentando déficit fiscal lanzó a la calle alrededor de 100,000 empleados públicos durante dos semanas en una acción nunca vista en Puerto Rico.

Otro de los sectores que el gobierno de los ricos ha atacado con mas virulencia ha sido el magisterio y a la Federación de Maestros de Puerto Rico ( FMPR). Se ha iniciado la privatización de algunas áreas de administración, algunos servicios y de la seguridad. La anunciada intención de municipalización y la creación de la Comisión para estudiar y hacer recomendaciones para la reorganización del Departamento de Educación son el anticipo del objetivo de desmantelar el Sistema para privatizarlo. Para el éxito de cualquiera de estas opciones los patronos y su gobierno necesitan debilitar y desarticular a la FMPR. Este proyecto se viene articulando sistemáticamente y se ha fortalecido durante el último aňo y entre otras cosas se evidencia en la obstaculización en la negociación del convenio. La negativa a negociar los aspectos sensitivos de salud y seguridad, la administración de las áreas esenciales al Principio de Merito, el proceso de organización escolar y otras demandas de los maestros encaminadas a mejorar la calidad educativa y decisión de no extender el convenio a partir de junio pasado dejan meridianamente claros los objetivos del gobierno. Además se ha planteado, la intención de enmendar la Ley 149 para limitar la autonomía escolar.

En resumen las últimas décadas se han caracterizado por la ofensiva avasalladora contra la clase trabajadora, su liderato, sus organizaciones y sus conquistas. No ceja la arremetida del gran capital y patronos del patio con sus dos partidos ( PPD, PNP ) para lograr condiciones mas favorables en la explotación de los trabajadores.

La situación cada día se hace más agobiante e insostenible para desempleados, asalariados, estudiantes, sectores marginados y el pueblo en general. La vida se ha encarecido más de un 15% durante el último aňo. El impuesto al consumo aprobado recientemente va a ser desastroso parta todos.

No podemos seguir confiando en los partidos de los ricos. Tampoco podemos cruzarnos de brazos esperando que nos sigan golpeando. Tenemos que desarrollar un movimiento independiente de la clase obrera para luchar, defender y proteger nuestros intereses. En la unión está la fuerza. En la organización y lucha, la posibilidad de triunfo.