Las pruebas destruyen la educación pública

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Mario Amílcar Torres Lara

Bandera Roja

Además de risotadas, el aguaje de candidatura de Alexandra Lúgaro y el posterior allanamiento de las oficinas de 15 empresas que le proveen servicios al Departamento de Educación reavivaron el debate sobre la política educativa del gobierno. Se ha puesto de manifiesto una vez más el carácter privatizador y fraudulento de la política educativa del Gobierno de Puerto Rico. Las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico son una encerrona que desvían fondos, impiden el desarrollo de la escuela pública y profundizan la crisis social del país.

Las pruebas promueven la cultura del fracaso. Evalúan destrezas que no corresponden al grado de los estudiantes. Van aproximadamente dos décadas desde que las pruebas estandarizadas se implementaron en la isla. Dos décadas de fracaso desmoralizarían a cualquiera que vea en las pruebas un instrumento legítimo de evaluación de aprovechamiento académico. De igual manera estas pruebas fortalecen en nuestros estudiantes un sentir de falta de pertinencia. El estudiantado no entiende los efectos reales de las pruebas. Como estas no alteran su promedio académico, desde su punto de vista llenan bolitas y nada pasa. Sin embargo, las pruebas estandarizadas en Puerto Rico sí tienen efectos nocivos sobre la educación en general.

Las pruebas tienen un efecto particular sobre los estudiantes y las estudiantes de educación especial. Aquellos que toman sus cursos en la corriente regular tienen que tomar la misma prueba que toman los estudiantes de la corriente regular. Esto implica que a esta población estudiantil no se le respetan sus necesidades especiales.

Lo ideal es que este tipo de instrumento de medición se implemente sin consecuencia alguna. Estas pruebas sirven para evaluar ciertas destrezas académicas pero en Puerto Rico se utilizan con consecuencias directas y el DE insiste en empeorar esta situación. El resultado de las pruebas determina si las escuelas se someten al plan de mejoramiento y, por disposición de la ley No Child Left Behind, escuelas que lleven mucho tiempo en dicho plan pueden ser privatizadas. Los resultados también se están utilizando para implementar sistemas de “coaching” que no son otra cosa que contratos a proveedores de servicios para que garanticen la enseñanza para las pruebas. Finalmente se va a implementar en el Departamento un Sistema de Evaluación de Maestros donde las puntuaciones de los estudiantes en las pruebas tendrán un peso del 20% de la evaluación de las maestras.

Con las pruebas estandarizadas el gobierno desmantela la escuela pública pedazo a pedazo. Empobrece la calidad educativa, desvía fondos a los bolsillos de los ricos y le quita al magisterio los derechos y garantías de una vida digna y apta para la enseñanza.