| Publicado el 8 agosto 2019
El pasado 24 de julio, mientras el país se mantenía a la espera de la renuncia definitiva del gobernador Ricardo Rosselló y el magisterio se encontraba aún de vacaciones, el Secretario de Educación Eligio Hernández firmó la “Política de Asistencia y Puntualidad”. Dicha política pública forma parte de la revisión que había comenzado la anterior Secretaria Julia Keleher antes de renunciar producto de las acusaciones de corrupción que pesaban sobre ella. La política de asistencia y puntualidad, más que resolver los problemas que enfrenta nuestro sistema educativo es realmente una herramienta punitiva más que lo que logra es desincentivar y desmoralizar aún más al magisterio.
La política de asistencia y puntualidad indica que su objetivo es “exponer claramente las reglas de asistencia y puntualidad a los empleados para que estos puedan cumplir con estas y con su deber de asistir diariamente y honrar su horario de trabajo, así como disuadir cualquier patrón de ausentismo y promover la utilización correcta de las licencias.” Varios resúmenes han circulado por las redes sociales en donde se enfatiza en los aspectos punitivos de esta política, donde las maestras y maestros acumulan incidencias por aquellas ausencias sin autorizar, tardanzas y por no comunicar adecuadamente sus ausencias y tardanzas a los supervisores directos.
La política pública ha creado desasosiego en las filas magisteriales. La Asociación de Maestros de Puerto Rico, organización que ostenta la representación exclusiva del magisterio bajo la ley 45 de 1998, no reaccionó a la política sino dos semanas más tarde. “Pedimos que se deje sin efecto hasta tanto el Sr. Hernández se reúna con el sindicato y se discuta dicha política porque afecta las condiciones de trabajo de nuestra matrícula. Estamos siempre disponibles para aportar con nuestras recomendaciones como hasta ahora lo hemos hecho” indicó Grichelle Toledo, Secretaria General de dicha organización. Representantes de la Federación de Maestros de Puerto Rico han indicado que la política está bajo evaluación pues recoge elementos que ya existían en los procedimientos administrativos pero también añade sanciones que pueden tener efecto sobre los derechos propietarios que tiene un maestro sobre su plaza.
La experiencia del magisterio en las escuelas es precisamente la falta de uniformidad en la aplicación de las políticas, el favoritismo, nepotismo, corrupción e ineptitud de los funcionarios crean un ambiente hostil y desmoralizante. Si bien muchas de estas políticas han existido anteriormente, los supervisores administrativos suelen usar las penalidades, no contra los que se ausentan sino contra las maestras y maestros críticos del sistema educativo.
En varias reuniones de facultad en toda la isla, maestras manifestaron su molestia con el manejo de las ausencias, los descuentos y el funcionamiento del ponchador biométrico. Algunas de estas maestras señalaron que no hay concordancia entre las ausencias reales y las registradas en el sistema, además de múltiples instancias de favoritismo hacia maestras con ausentismo pero que realizan trabajo administrativo.
La mayor preocupación que mantienen las maestras y maestros militantes es, que la aplicación de esta política variará escuela por escuela y región por región, pero que afectará mayormente a aquellas personas que utilizan los paros, huelgas y otras actividades para ejercer presión sobre la administración.
Algunos docentes cuestionaron en dichas reuniones el ambiente hostil que crean estas políticas y la desmoralización que hay en sus filas. La implantación de políticas punitivas viene acompañada de una falta de políticas que incentiven la asistencia como era pago de los días por exceso de enfermedad. Al mismo tiempo, los bajos salarios, las condiciones físicas de las escuelas, el deterioro del sistema de salud nacional, y los costosos pero mediocres planes médicos van desgastando la salud de cada maestra y maestro. Las condiciones sociales que enfrentan las maestras, las dificultades sociales del estudiantado y las comunidades escolares en un ambiente de austeridad y neoliberalismo acrecientan los problemas emocionales de ese magisterio.
El Caucus de Maestras y Maestros del MST a tales efectos realizó un llamado al magisterio a la organización para la resistencia. La organización llamó por un lado a derogar la ley de las escuelas chárter y en segundo lugar a participar de la lucha contra la corrupción en el gobierno.
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