A 49 años de Roe v. Wade, caso que despenalizó el aborto en los EE. UU. y sus territorios coloniales, la amenaza revocarlo ha llegado a la Corte Suprema Federal. La noche del pasado lunes, 2 de mayo, se filtró el borrador de 98 páginas de la Corte Suprema norteamericana revelando la posible anulación de la decisión histórica del 22 de enero de 1973. Según el borrador, la inclinación a anular la sentencia cuenta con una opinión mayoritaria conservadora.
Por décadas la Corte Suprema ha reforzado y protegido la decisión de Roe v. Wade ante los intentos que eliminarían el aborto como derecho constitucional. Sin embargo, en los últimos años, el ambiente se ha vuelto tenso entre el magistrado y más aún durante las vistas del pasado año en las que la mayoría conservadora de 6 jueces contra 3 favoreció la prohibición del aborto una ley de Misisipi de 2018, el cual en estos momentos continúa en ante la consideración de este foro judicial. Esta ley criminaliza todos los abortos después de las 15 semanas de embarazo, con pocas excepciones catalogadas como emergencias médicas de carácter grave.
Durante la audiencia ante la Corte Suprema, los patrocinadores de la ley de Misisipi confirmaron que lo estaban haciendo porque “tienen nuevos jueces ahora” refiriéndose a los nombramientos del pasado presidente de los Estados Unidos Donald Trump y reafirmando que dicho proyecto forma parte de la agenda republicana actual. Ante este detalle, la jueza Sonia Sotomayor llamó la atención de los medios cuando en sus expresiones dijo:
“Will this institution survive the stench that this creates in the public perception that the Constitution and its reading are just political acts? I don’t see how it is possible.”
“¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su interpretación son solo actos políticos? No veo cómo sería posible”.
La denuncia de la jueza de origen puertorriqueño alude a que, desde la perspectiva legal, las decisiones de la Corte Suprema no deberían responder a, ni ser validadas por, la presión pública de partidos políticos; como tampoco se deberían caracterizar por una toma decisiones que favorezcan argumentos moralistas, opiniones no sustentadas o emociones. La toma de decisiones de la Corte Suprema en cuanto a la despenalización, el derecho al aborto y la defensa contundente del mismo por décadas se basó en hechos de casos médicos reales y corroboración científica de los datos. Cabe señalar que los argumentos presentados por el estado de Misisipi carecen de ese sustento clínico, sociológico y científico. En su señalamiento, Sotomayor se limita a evaluar los actos anti-éticos de la institución en la coyuntura actual, mientras falla en reconocer que siempre la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido un organismo cuya estructura se basa en nombramientos partidistas y que, dado el ambiente político conservador de derecha en las altas esferas de Washington, esta decisión era previsible.
Las estadísticas del Pew Research Center revelan que, 6 de cada 10 cuidadanxs en EEUU apoyan el derecho a escoger. Aunque la postura antiaborto no es más partidaria que religiosa en principio y los estudios revelen que el apoyo al aborto viene de todas las esquinas políticas, la tendencia antiabortista se encuentra reforzada por sectores políticos conservadores. Hoy la mayoría fundamentalista en la Corte Suprema de los Estados Unidos, quienes han sido nombrados específicamente por el Partido Republicano, son quienes están haciendo lo posible por cumplir una agenda política que se basa en el fundamentalismo religioso. Este detalle paradójicamente se destacó en la campaña electoral de Trump, quien hizo los últimos tres nombramientos siendo el del Juez Kavanaugh uno altamente controversial en el 2018.
Producto de los accesos a métodos anticonceptivos y a la educación en planificación familiar, en los EE. UU. los casos de embarazos en adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual han ido disminuyendo por años al igual que el número de abortos. Pero, a pesar de ello, en estos últimos años el interés por parte del sector conservador no descansa en su misión de erradicar y arrebatarnos el derecho a escoger. De esta manera la oposición política en los Estados Unidos nos ayuda a ver la realidad de lo que están haciendo realmente: violando derechos humanos por un juego de intereses políticos dominado por el fundamentalismo religioso.
La constitución no reconoce los fetos como seres humanos con derechos, mientras que las personas gestantes sí somos seres humanos con derechos. Este detalle ha sido la razón por la que en principio la Corte Suprema ha reforzado la decisión de Roe v. Wade por casi medio siglo: las personas gestantes tenemos derechos constitucionales. Sin embargo, es precisamente eso lo que la legislación de Misisipi cuestionada en Dobbs v. Jackson pondría en juego. Este desafía el límite de viabilidad establecido por Roe, al plantear que un feto pudiera vivir fuera de nuestro útero antes de las 24 semanas de gestación.
De aprobarse en la Corte Suprema, cualquier estado y territorio colonial pudiera establecer nuevas leyes y límites que criminalicen el acto. Sin evidencia científica contundente que realmente pruebe la viabilidad de un feto a las 15 semanas y sin la consideración de la diversidad de los casos reales de cuerpos gestantes, son principalmente hombres que no saben nada de maternidad, ni de embarazos, ni de lo que nos sucede y ni de lo que necesitan nuestros cuerpos, quienes quieren decidir sobre nuestras vidas, nuestra salud, nuestros cuerpos, nuestra maternidad y limitar nuestra decisión de terminar un embarazo quienes están detrás de esta agenda moralista. Hombres cuyos cuerpos no gestan y personas que no les interesa entender la complejidad y sensibilidad de este asunto nos arrebatarían así nuestros derechos constitucionales.
Por otra parte, las leyes en contra del aborto caen en la generalización. La generalización del tema es terrible porque los cuerpos son distintos, además de que los casos de personas gestantes también son bien diferentes unos de otros, por lo que una regla basada en una opinión moral aislada en nada les representa ni les ayuda. Las leyes en contra del aborto deshumanizan niñas, mujeres y personas gestantes. Tan es así que en el estado de Florida -al igual que en otros estados sureños de los Estados Unidos- a una pequeña de 10 años que menstrúa se le obligaría a completar el embarazo y parir, aunque sea producto de incesto o violación porque la ley establece que ella solo tiene 15 semanas para realizarse el aborto. Si la niña no se percata que está embarazada o no encuentra a quién decirle lo que le sucedió, podría ser demasiado tarde para abortar.
Las leyes basadas en opiniones fundamentalistas en contra del aborto se quedan cortas ante los retos, las complejidades y la diversidad de casos que abarca el asunto porque las simplifican. Quienes apoyan leyes en contra del aborto no trabajan por hacer estas excepciones, sino que las invisibilizan. El fundamentalismo religioso se enfoca en aplicarnos la carga, responsabilizarnos, juzgarnos, interrogarnos, en hacer que nos sobre-expliquemos y, así, nos revictimizan. Lo que logran es que estos procesos que ya son bien difíciles se vuelvan peores. El opinar sobre nuestros cuerpos y estigmatizar nuestras decisiones personales para controlarnos no es solo humillante, es violento.
«Quitarnos este derecho [al aborto] lo único que garantiza es poner nuestra salud y nuestras vidas en riesgo.»
Limitar el derecho al aborto no va a solucionar nada ni impedirá que abortemos. El limitar el derecho al aborto no ofrece alternativas ni soluciones; solo fiscaliza nuestra decisión personal y nos obliga a parir. El querer o no parir, sin tener la opción de llevar a cabo un aborto seguro, a tiempo y sin ser penalizada solo resultará en que millones de mujeres, personas gestantes y menores acudan a prácticas de abortos clandestinos peligrosos y traumatizantes. Quitarnos este derecho lo único que garantiza es poner nuestra salud y nuestras vidas en riesgo. Al fundamentalismo no le importamos. Al fundamentalismo solo le importa mantenerse en una posición de poder para criticarnos y para cumplir con sus intereses. El fundamentalismo solo quiere mandarnos a cuidar infantes sin ofrecernos herramientas, recursos, ni opciones. El fundamentalismo no piensa en las vidas que dice querer proteger; sus propuestas no ofrecen fondos para sufragar los gastos de las criaturas cuando nacen, ni presentan un proyecto de ley ni enmiendas con el mismo ímpetu a las leyes de “refugio” para asegurar una calidad de vida en centros de adopción. No consideran garantizar programas y centros de cuidado médico y alimentación entre otros servicios esenciales para recién nacidos y para sus madres, que tanto les interesa controlar. Y así, el fundamentalismo político tiene la hipocresía de llamarse “pro-vida” y manipular la opinión pública apelando a las emociones sin nada que ofrecer.
El enfoque fundamentalista y conservador, además de apoyar la criminalización del aborto mediante leyes, está en atacar las clínicas de aborto y en desviar los fondos federales que se dirigen a los centros y servicios de planificación familiar. Por otra parte, los sectores que apoyan los derechos de las mujeres, aún nos encontramos luchando y reclamando que tanto la educación como los servicios de cuidado de salud para mujeres, personas trans, niñxs y personas de escasos recursos se hagan más accesibles. Estos son los mismos sectores que tuvimos que salir a la calle para exigir que se declare un estado de emergencia en contra de la violencia machista, y que ahora nos vemos ante la amenaza federal y estatal de retroceder décadas de derechos y más años de lucha. Todo porque el tema del aborto logró alterar el panorama político en los Estados Unidos y ahora la derecha fundamentalista en Puerto Rico representada por el partido Proyecto Dignidad decidió seguirle los pasos al Partido Republicano para asegurar mantenerse relevantes y ganar las próximas elecciones.
Hoy en día nos encontramos con las vistas antiaborto del proyecto del senado 693. En estas vistas se ha destacado la senadora Rodríguez Veve con comentarios que apelan a emociones, acompañados de publicaciones absurdas en las redes como el de posar con un feto de plástico mientras lo abraza intentando proyectar ternura. Sus aportaciones en las vistas y en los medios carecen totalmente de evidencia científica y señalamientos legales concretos. Sus argumentos se basan en los argumentos presentados por la derecha fundamentalista del Partido Republicano en EE. UU. En adición, la senadora se expresa con repudio y menosprecio a las pacientes que han terminado sus embarazos por razones socioeconómicas o emocionales.
Esta tendencia en Puerto Rico y en los Estados Unidos no tiene un interés verdadero de escuchar y entender lo que pasan las personas gestantes para por lo menos hacer enmiendas que atiendan nuestras preocupaciones legítimas. Solo se enfocan en disparar opiniones que nadie les ha solicitado e imponer una visión que no se adapta a las realidades y necesidades de las personas gestantes. Y aún así pretenden legislar sobre nuestros cuerpos y nuestros derechos al punto de forzarnos a parir. El objetivo en el escenario en Puerto Rico es construir una imagen política para adelantar una agenda que imite a la de la derecha estadounidense. Partiendo del deseo de imponer a toda la sociedad los moralismo religioso y demagogia fundamentalista que en nada aportan a la salud de las personas gestantes, mujeres y sus familias nos quitan derechos y crean leyes que nos hacen daño. En el caso de Rodríguez Veve, quien se ha convertido en la única esperanza de mantener al Proyecto Dignidad relevante y de pie, el prohibir el aborto en Puerto Rico es un logro personal y político que esperan le asegure votos y alianzas con figuras políticas de la derecha.
Realmente no hay ningún argumento legal o científico que pruebe que un feto amerita derechos constitucionales. La única vida que hay que considerar para ofrecerle opciones y decisiones de cuidado sobre su vida y salud es la de la persona gestante. Quitarnos derechos adquiridos jamás es la solución. El derecho al aborto no es una solución a todo ni es una idea que se le impone a ninguna de las personas gestantes: es solo el derecho a escoger. Y esos derechos adquiridos son necesarios para tener opciones y recursos que salvan vidas.
De anularse Roe v. Wade, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos no prohibiría la ley en todo el país de forma automática e inmediata, solo permitiría que los estados hagan los ajustes para facilitar la penalización. Pero si esa fuese la decisión final de la Corte Suprema y de tener éxito la campaña violenta actual de Proyecto Dignidad, se darían las condiciones para que el panorama en Puerto Rico comience a cambiar y verdaderamente amenace nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Esto impactaría primero a mujeres, personas gestantes y niñas pobres (y sus familias), que no pueden costear comprar un boleto de avión, estadía y procedimiento en el extranjero para que puedan realizarse un aborto. Porque van a comenzar a buscar opciones fuera del país antes de contemplar la idea de buscar píldoras de aborto en el internet y finalmente recurrir a directamente a utilizar ganchos de ropa y a otros métodos que resultarían en hacerse daños físicos que podrían llevarles a la muerte.
Ante esta amenaza, desde el Senado de Puerto Rico hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos, políticas, de base, legales, la comunidad científica del país y el pueblo continuarán alzando su voz para luchar por nuestro derecho a un cuidado de salud sexual, a recursos de cuidado médico, a opciones para mujeres y personas gestantes como al aborto libre, accesible y seguro. Pase lo que pase, la batalla no acaba aquí y nos espera continuar la lucha hacia preservar nuestro derecho al aborto y lograr una educación con perspectiva de género hasta garantizar todos los servicios y recursos para todas, todos y todes. A fin de cuentas, simplemente aspiramos a que toda maternidad sea libre y deseada.
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