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BREL1| Publicado el 22 enero 2017
En la carta con fecha de 18 de enero de 2017 que la Junta de Control Fiscal le envió al gobierno de Ricardo Rosselló, se demuestra claramente que la verdadera agenda detrás de la ley PROMESA es someter al pueblo trabajador y pobre a una vida de austeridad brutal para pagarle la deuda a los bonistas buitres sin importarle el deterioro a la calidad de vida de la gente.
La Junta le indicó al gobierno que, en el plazo de dos años, debe hacer una reducción de $1,500 millones haciendo recortes brutales en servicios de salud, educación, recortando personal, eliminado plazas y dando un golpe cruel a los fondos de retiro de las personas jubiladas.
La Junta también ordena la imposición de más de mil millones en impuestos adicionales aumentando la ya pesada carga contributiva que la administración de García Padilla creó y demostrando que no hay diferencias reales entre el gobierno PNP y el PPD
La Junta pide que se corten unos $1,000 millones al Sistema de Salud, recorte que se suma a los cerca de $1,200 millones anuales que le acaban de recortar a Puerto Rico provenientes de Medicaid. Esta situación definitivamente empeorará el desastre en los servicios médicos al pueblo y redundará en posibles despidos de trabajadores y trabajadoras de la salud.
En la Universidad de Puerto Rico se perfila un recorte de $300 millones, además de recortes de personal y eliminación de plazas de trabajo. Más aún, la junta propone un aumento al costo de matrícula escondido detrás de un método de pago ajustado a los ingresos. Históricamente el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) ha promovido una matrícula ajustada a los ingresos (MAI), pero la propuesta socialista nunca ha tenido el objetivo de sustituir los fondos públicos que se asignan mediante la fórmula del 9 % provenientes del Fondo General. En ese sentido el ajuste por ingreso que propone la Junta, y que avala Ricardo Rosselló, parte de un objetivo neoliberal ya que pretende reducir o eliminar la responsabilidad financiera del Estado con la universidad pública. Esta medida va a representar un aumento sustancial en los costos de matrícula para todos los sectores, a diferencia de la MAI socialista que busca redistribuir los costos de matrícula entre los sectores del estudiantado para lograr una reducción sustancial a las hijas e hijos de la clase trabajadora.
Como si todo esto fuera poco, la Junta incluye una de las más crueles medidas contra el pueblo: recortarle un 10% a las pensiones de las personas jubiladas. La falta de sensibilidad de estos burócratas mercenarios pondrá en extremo precario la calidad de vida de las personas de más edad.
Las exigencias de la Junta Federal implicarán un golpe de $3,000 millones a los recursos de la gente. Será un robo descarado al pueblo para favorecer a la clase empresarial.
Con la Junta de Control Fiscal federal y el gobierno colonial que le hace el trabajo sucio enfrentamos un ataque sin precedentes a nuestra calidad de vida. Si alguien tenía dudas de los objetivos de la Junta, con cada medida va quedando al descubierto que se trata de hundirnos en la miseria total.
Ya no hay puntos medios. Por un lado, están los ricos, los empresarios, la burguesía parasitaria, incapaz de crear fuerzas económicas productivas y desesperada en mantener sus privilegios. Del otro la inmensa mayoría de la gente, las trabajadoras y trabajadores que producimos y sosteneos al país tenemos derecho a una vida justa y libre. Como dice la plena combativa de La Tropa: “esto es una lucha de clases, dime, ¿de qué lado tu estas?”
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