| Publicado el 5 febrero 2020
La gobernadora no electa Wanda Vázquez Garcet vuelve a reflejar su desprecio e insensibilidad hacia el pueblo trabajdor, al nombrar a un presunto hostigador sexual al Consejo Asesor para el Manejo de los Programas Federales Destinados a la Vivienda. Este grupo manejará los fondos de los programas Community Development Block grant (CDBG) y Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR).
En momentos en que se perfila una crisis mayor de violencia de género ante la tragedia que se vive en el sur tras los terremotos cada acto del gobierno debe reflejar cero tolerancia a la violencia de género.
Durante el mes de abril del 2016 los periódicos de este país publicaron información que apuntaba a que la renuncia del Juez Federal José Antonio Fusté para acogerse a su retiro se debía a una radicación de una querella presentada en Boston por una empleada quien alegaba haber sido víctima de hostigamiento sexual por parte del Juez José Antonio Fusté.
Los rumores corrían por el Tribunal Federal hacía tiempo y no era la primera persona que se quejaba de esta repudiable conducta. El Semanario Claridad realizó investigación donde informó que el patrón de hostigamiento sexual de este juez provocó su salida. Y que la misma condujo una investigación por parte del Primer Circuito de Boston. Se informó además, que fueron muchas las mujeres que se quejaron de este comportamiento.
El Tribunal Federal fue parco en sus comunicaciones, pero documentos recibidos en medios noticiosos confirmaron que la salida del juez se debía a la investigación de hostigamiento sexual. Pero el asunto fue tratado con mucho secreto. Nuevamente se burlaron del pueblo tratando con guantes de seda a un hostigador.
No debemos olvidar que este juez era conocido por sus iracundas reacciones y sus penas severas en la lucha por sacar a la Marina de Vieques. Nos preguntamos, ¿a qué obedece estos nombramientos? No olvidemos que la ex fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez también fue señalada por hostigamiento laboral y tenía lazos estrechos con miembros del partido en el poder.
Es altamente repudiable que la gobernadora nombre a un cargo una persona que ha sido un hostigador sexual. Indigna aún más habiendo sido ella la directora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres por siete años desde el 2010 hasta enero del 2017 cuando la premiaron con el puesto de Secretaria de Justicia.
Los recientes nombramientos de la gobernadora apuntan a federalizar nuestro gobierno aún más. Sabemos de la amistad entre la exfiscal federal Rosa Emilia y los dirigentes del PNP. Recordamos como se vanagloriaba cuando acusaba a un puertorriqueño que no fuera del PNP. Todos los nombramientos son altamente cuestionables y ocultan agendas escondidas. Lxs trabajadores de este país estamos hartos de los nombramientos de los amigos del alma.
Exigimos el retiro del nombramiento del Juez José Antonio Fusté. Este nombramiento lacera las víctimas de violencia sexual de nuestro país. Este crimen no puede quedar impune con un nombramiento a un puesto en el gabinete de la gobernadora.