La burla de las privatizaciones

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“El gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Esta aseveración es una especie de resumen de lo que debe ser la democracia. Muchísimas personas crecimos creyendo en esto. Que la función y razón de ser del gobierno es tomar las decisiones y llevar a cabo las acciones que protejan y favorezcan al pueblo.  

En términos generales esperamos que los políticos electos y que controlan la administración del gobierno cumplan con los objetivos para los que se comprometieron y por lo que se les paga. Entre otras obligaciones deben administrar eficientemente las distintas agencias y áreas del servicio público. Entre sus deberes están: lograr que la ciudadanía reciba los servicios esenciales con la mayor calidad posible  en un tiempo prudente y aceptable; mejorar las condiciones de vida de la población y primordialmente de los grupos más empobrecidos y desventajados por las diferencias económicas y sociales; salvaguardar los derechos de la mujer y encaminar el fin del machismo y el patriarcado; conseguir que la educación sea accesible en todos los niveles y que sea parte de la formación de buenos y buenas puertorriqueñas; ocuparse de la seguridad y la salud de cada persona que vive en Puerto Rico; atender la infraestructura del país y proteger los recursos naturales; ocuparse de crear empleos suficientes, con buenas condiciones  de trabajo y salarios a tono con los costos de vida; que fomente y desarrolle una economía propia, fuerte y con capacidad de crecimiento. Son variadas las responsabilidades de las personas que ocupan cargos y puestos en el gobierno. Para eso es que se comprometen, para eso se vota por ellos y son electos.

Sin embargo, los distintos gobiernos que hemos padecido desde la década de 1980 se han ido desentendiendo de sus responsabilidades y deberes que creímos inexcusables. Se han dedicado, poco a poco, a presentar como normal y deseable la idea de que la empresa privada es más eficiente que el gobierno, y que por tanto es positivo privatizar las agencias y corporaciones gubernamentales. Los gobiernos PNP y PPD han montado el muñequito de la privatización para que pensemos, aceptemos y avalemos su conveniencia.

El mecanismo que han implantado es simple, y siniestro. Los funcionarios del gobierno se encargan de dejar que sus dependencias se deterioren, que el servicio vaya de malo a pésimo, que el malestar ciudadano crezca y con eso la crítica. Así, junto a la mayoría de los medios de comunicación masivos a su servicio, se va levantando la opinión pública de que lo más conveniente es que la empresa privada se haga responsable.

Los políticos y sus funcionarios pregonan con la mayor candidez que el gobierno no funciona, como si no fueran los responsables, como si no tuvieran nada que ver. Se establece una “realidad” fabricada a golpes de mentiras y falsedades. Se desordena la realidad para engatusarnos. ¡Increíble! Su único trabajo consiste en lograr que el gobierno funcione, pero se confabulan para trasquilar al país a la vez que ponen su trabajo en manos de una empresa privatizadora- cuyo principal empeño es enriquecerse, no se nos puede olvidar.  

Es decir, los políticos se llenan la boca prometiendo resolver la mala situación y terminan zapateándose para que otra gente haga su trabajo. Trabajo mediocre por obligación, puesto que el gobierno cede el dinero del pueblo a la empresa privatizadora. Y la manera que tiene esta de que sus ganancias sean lo más altas posible  es restando calidad y eficiencia en el servicio a la población. 

Hasta ahora, unas más que otras, la experiencia privatizadora en Puerto Rico contradice sus supuestas bonanzas. Solo dos ejemplos. Ni Ondeo ni la Compañía de aguas resolvieron la problemática de la AAA. Se les concedió su administración y operación a estas compañías privadas extranjeras y la saquearon. Por otro lado, la salud se ha convertido, en nuestro país, en un negocio desde que se les entregó el Departamento de Salud a las empresas aseguradoras privadas. La salud ahora es una mercancía, un producto, y si no tienes con qué pagarla, pues qué pena.

Aun así hay que insistir en lo evidente. Es totalmente absurdo y disparatado que otorguemos tantas virtudes a la democracia y a elegir cada cuatro  años a nuestros gobernantes si estos tienen como encargo, pagado o por pagar, el despreocuparse de sus obligaciones y privatizar todas las dependencias del gobierno que les toca atender y mejorar.