Junta de Planificación favorece a los ricos

No hay ningún cambio que haya que celebrar…el gobierno sigue representando los intereses de la Banca y de los desarrolladores. La nueva Ley de Permisos (Ley 161 del 2009) es un instrumento creado y utilizado para ocultar y legitimar decisiones y acciones con consecuencias de mayor peso que la que acarrea la morosidad en la otorgación de permisos (como se establece en el preámbulo de esta Ley).

La lentitud en la otorgación de permisos ha sido identificada como uno de los factores claves para explicar y sobrepasar la crisis económica por la que atraviesa el país.

Este diagnóstico, que arrastramos desde el Plan 2025, es un análisis simplista de nuestra realidad actual. En un territorio de 100 × 35 que un 94 por ciento de su población y de sus unidades de vivienda son clasificados como urbanos; con una densidad habitacional de 414 unidades de vivienda por milla cuadrada (contrastando con las 33 en Estados Unidos) y un espacio total de ventas de 155, 197,000 pies cuadrados lo que hay que determinar y replantearse es para qué, para beneficio de quién y si fue correcto haber otorgado tantos permisos que nos llevara a ese cuadro.

En los pasados meses, se presentó ante los medios la aprobación de varias consultas de ubicación, entre ellas, la número 2008-55-0015-JPU-ISV-MA-M, correspondiente a la construcción de un proyecto multifamiliar en terrenos del Municipio de Cabo Rojo. Esta aprobación fue presentada como un ejemplo de la implantación de las medidas de agilización contempladas en la Ley de Permisos (“En ruta la implementación de nueva ley de permisos”, endi.com, jueves 18 de marzo de 2010) y viabilizadas bajo la Resolución JPE-2010-063. Se exime al desarrollador del proceso de anteproyecto y desarrollo preliminar ante ARPE y se aduce que se le economiza a este entre 6 y 12 meses de gestiones.
Lo que no dice el parte de prensa es que se aprueba la construcción de un desarrollo multifamiliar en un Distrito, que según el Plan de Ordenación Territorial (POT) vigente del Municipio Autónomo de Cabo Rojo (MACR) es calificado como Distrito Agrícola General y cuyo suelo es clasificado como rústico común. Según el Reglamento #4, en este tipo de Distrito no se permiten construcciones residenciales como el propuesto.

Tampoco dice que Cabo Rojo aún no cuenta con todas las facultades que le permitan tomar este tipo de decisiones; que este accedió estar bajo el Reglamento #4 de la JP; que este municipio está en el proceso de revisión integral de su POT (ahora RIPOT) contemplando cambiar la calificación de Distrito de Agrícola General a Área Desarrollada, pero manteniendo la clasificación del suelo en una como rústico común.

La aprobación de la construcción por parte de la Junta de Planificación (JP) y su aval al cambio en la clasificación del Distrito conlleva varios elementos a resaltar:

-la preeminencia mediática se ha enfocado más en la agilización del proceso de adjudicación que sobre el aspecto sustantivo de esta decisión: el cambio en el uso de terrenos;
-tanto la Junta, el organismo dirigente de la agencia que se supone sea el ente regulador del uso de nuestros suelos, o sea la Junta de Planificación, como el municipio así como el Departamento de Agricultura (el cual no objetó la petición de cambio en el 2008 ni en el 2009) coincidieron en aceptar el cambio en el uso de estos terrenos. ¿Son éstos los guardianes de los terrenos con potencial agrícola?

-se fundamenta una decisión sobre un Reglamento (el #4 del 11 de enero de 2009) que en su sección 30 especifica que la introducción de usos urbanos, particularmente residenciales, en Distritos Agrícola General afecta adversamente el desarrollo agrícola y agropecuario;
-la decisión además de cambiar la calificación de este Distrito de uno Agrícola General a uno de Área Desarrollada para viabilizar a construcción de este proyecto conlleva también el viabilizar construcciones futuras según establece la Sección 28.02 del mencionado Reglamento. Este patrón de esparcimiento urbano en las zonas rurales ha sido precisamente uno de los mayores problemas diagnosticados en nuestra Isla y ante el cual se ha propuesto enfatizar en la estrategia de desarrollo de los centros urbanos de nuestros pueblos. No obstante, decisiones como estas se contraponen al análisis y a las propuestas de acción mencionadas anteriormente;

-la denominación en el vigente POT y su recalificación en el RIPOT de Cabo Rojo, así como la legitimación que ofrece la JP en su decisión, evidencian la falta de interés del gobierno en la protección de los suelos agrícolas y en su interés en continuar con su política de construcción indiscriminada;

-ante la necesidad de vivienda de interés social se acepta la construcción de un proyecto cuya inversión será de $42 millones, se financiará por la banca privada, generará sólo de 50 a 80 empleos en la etapa de construcción y 2 en la fase operacional. Estos datos nada más dejan ver claramente quiénes serán en última instancia los beneficiados: la banca y los desarrolladores;

-la oposición de los vecinos por los efectos en la infraestructura vial de agua y de energía eléctrica fueron despachadas de forma destemplada y se dio como aceptable la promesa del proponente sobre la disposición de las aguas usadas a pesar de lo establecido en el inciso 28.05 (2) del Reglamento en cuestión.

-la falsedad de la democracia representativa se evidencia en casos como éste donde la voz de un proponente con dirección postal en Camuy; una junta residente en el área metropolitana de San Juan y unos funcionarios municipales se componen a los argumentos de oposición de los residentes y colindantes quienes serán los directamente afectados.

Decisiones como estas que son presentadas tras un destello de eficiencia (economía en tiempo y dinero para el proponente) obvia lo fundamental: la corrección y adecuacidad de la misma para el bienestar de los vecinos y el futuro de las nuevas generaciones.

Un poquito aquí, otro poquito en las faldas del Yunque, otro poquito por el Noreste hace un mucho en el territorio que comprende el lugar en el que habitamos: la Isla de Puerto Rico. Desarrollo fundamentado en la desprotección del ambiente así como de las generaciones futuras y en la sed de ganancias a costa de los menos privilegiados. No oponemos a estas falsas concepciones de desarrollo en el cual el pueblo trabajador no es ni sujeto ni el objeto del mismo.