| Publicado el 7 septiembre 2019
Siempre resultan interesante las expresiones de confianza y fiabilidad que manifiestan sectores de Puerto Rico, con la presencia y acciones de los funcionarios federales, ante diversos problemas y situaciones. Por lo general, la ineptitud o la irresponsabilidad o la complicidad de agencias del país, como la Secretaría de Justicia, permiten que crímenes como la corrupción y la malversación de fondos públicos queden ocultos e impunes. Entonces es que, ocasional y selectivamente, emerge la presencia de los federales en Puerto Rico como salvadores y justicieros.
La realidad que hemos constatado en la mayoría de los casos en que los entes federales hacen su aparición, acusando y arrestando funcionarios gubernamentales, o sus socios, se debe a dos motivos fundamentales, mas no únicos, aclaro. El primero, para fomentar la falsa y maniquea noción de que si queremos mantener el orden en la casa es necesaria su presencia. El consabido sentido de inferioridad que el poder colonial intenta inculcar a las y los colonizados, resulta muy efectivo para entronizar en la silla de la rectitud y la pujanza a estos personajes. De un lado, prejuicios y manipulación. Del otro, disimulo, pura fachada, gestos vacíos.
Hay momentos en que no importa lo que los políticos hagan o deshagan, no los tocan ni con una vara bien larga. Durante la gobernación de Luis Fortuño (2009- 2012), Puerto Rico recibió sobre siete mil millones de dólares en fondos ARRA. Dichos fondos tenían como objetivo principal crear y mantener empleos, mejorar la infraestructura, promover la inversión y el desarrollo económico del país. No obstante, el dinero se utilizó, supuestamente, para cubrir gastos operacionales de varias agencias del gobierno como el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia y el Departamento del Trabajo. Ante los cuestionamientos de en qué y cómo se emplearon estos dineros, los funcionarios del gobierno de Fortuño no pudieron explicar ni proveer información alguna al respecto. Hubo irregularidades en el manejo de estos fondos, pero no causaron en las agencias federales pertinentes ningún tipo de investigación y, por tanto, ni hallazgos ni acusaciones. La corrupción hizo su agosto bajo el mandato y liderato de Fortuño, y los federales, que pudieron haber intervenido pero no lo hicieron, con su inacción apoyaron el saqueo y la impunidad.
El silencio y la complicidad de los federales con relación al desfalco causado a las arcas gubernamentales por el cabildero y codicioso gobernante Luis Fortuño es muestra del oportunismo de sus operaciones en la isla. Y los comentarios de la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, en un lapsus de sinceridad y torpeza, sobre el conocimiento que han tenido las autoridades federales, por años, de la corrupción en la isla, son más que ilustrativos.
El segundo motivo, para interferir, si así les parece pertinente, es en las elecciones generales que cada cuatro años sirven para escoger quien administrará, en el país, el poder viciado por el coloniaje y el capital. Si existe algún o alguna candidata que incomoda, interfiere o no se atiene al guion que se establece desde Washington para tranquilidad de grupos económicos o del poder imperial mismo, lo cubren con la sombra del crimen, o siembran la duda al menos, sobre tal o cual candidato o candidata. Las acusaciones hechas a Aníbal Acevedo Vilá, marrullero y ventajista como el que más, previo a las elecciones de 2008, son un buen ejemplo.
Esto provee, además, la oportunidad de endilgarnos la patraña de que la democracia funciona, de que el sistema funciona. Nos quieren hacer creer que es cuestión de escoger correctamente, como si hubiera suficientes políticos íntegros y diáfanos, capaces y honestos para que esa posibilidad exista realmente.
Los arrestos de Julia Keleher y Ángela Ávila, más el descubrimiento y divulgación del truculento ‘chat’, iban en la misma dirección, sacar del panorama eleccionario del 2020 a Ricardo Rosselló. Sin embargo, en esta ocasión, la cosa tomó un giro inusitado cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía determinó que no iban a esperar por el voto de castigo cuatrienal y se adueñó de la calle como espacio de lucha, de protestas y reclamos reivindicativos en el ámbito político y social. Aquí viene a cuento la expresión realmente democrática que determinó y ejecutó el pueblo, sacar del puesto de gobernador al charlatán Ricardo Rosselló. El pueblo sacudió a Rosselló hasta que cayó.
Las agencias federales se pavonean y ufanan cada vez que llevan a cabo arrestos contra individuos o grupos que contrabandean drogas y armas ilegales. Esta participación, esporádica, pero muy visible, es celebrada, defendida y difundida por los medios de comunicación masivos. Claro, estos son defensores, de ordinario, del estado colonial y de sus ejecutores, tanto internos como extranjeros. Por lo mismo, estos medios nunca los han cuestionado ni responsabilizado por el problema social que implican el trasiego de drogas y armas en la isla, cuando las aduanas, las costas y entradas al país están bajo su control y son su responsabilidad. ¿Tan ineficaces resultan? ¿O es que los federales pasan por alto cualquier acción criminal cuando así se les ordene o porque persiguen determinado interés? Las apariencias y los dobleces en su discurso y acciones son consustanciales a su labor de custodios y protectores del coloniaje y el capitalismo infame en Puerto Rico.
(Esta práctica del gobierno federal de favorecer o desfavorecer a su antojo partidos, grupos o individuos data prácticamente desde la invasión misma en 1898. Baste de ejemplo la queja, temprano en el siglo 20, de cómo el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico casi se desentendía de las acciones violentas de las turbas republicanas -partidarias del Partido Republicano, que mostraba total afinidad con el empeño de consolidación del nuevo poder colonial- contra el liderato y las actividades públicas del Partido Federal. Esta falta de rigurosidad contrasta con la efectiva represión a la que los organismos federales sometieron las revueltas campesinas, que consideraban peligrosas para sus propósitos de integrar la isla a su dominio, ocurridas entre 1898 y 1899.) (Mariano Negrón Portillo, Las turbas republicanas 1900-1904, págs. 75-77 y 124- 158)
Esperar o tener la fe de que con la presencia de los federales la crisis y los problemas políticos, sociales y económicos en el país se resolverán es como esperar que los súper héroes de papel lo hagan.
Las transformaciones que logremos como pueblo, y así lo demostraron las manifestaciones de nuestro julio memorable y desaforado, serán hechura de nuestra capacidad de indignación y lucha, de nuestra actitud digna y esfuerzo colectivo.