Lleno de estrategias superficiales y cuestionables el nuevo “Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia en Puerto Rico” presentado por el gobernador, Pedro Pierluisi.
El plan se presenta como una solución a la violencia en el País pero omite la violencia estructural, sistémica, racista, económica, política y ambiental. Estas violencias omitidas sostienen acciones gubernamentales como cerrar escuelas, criminalizar a comunidades marginalizadas y robarle dinero al país.
El plan se enfoca en una respuesta rápida y no en prevenir. Por ejemplo, propone educar para que en una situación de violencia doméstica, la persona violentada sea quien identifique y salga de la relación, responsabilizando a la víctima. Las estrategias no consideran la educación con perspectiva de género, cuya inclusión en los currículos ha sido uno de los reclamos de las organizaciones feministas del País por años. Propone campañas mediáticas para prevenir la violencia, sin reconocer que la última campaña gubernamental contra la violencia fue re victimizante y reproducía mensajes violentos y machistas.
Otra “estrategia preventiva” que se menciona en el plan presentado es la omisión de contenido violento en radio y televisión, censura. Esto es extremadamente preocupante pues coarta el derecho a la libertad de expresión.
La única organización sin fines de lucro que aporta a la creación del plan que se promueve como progresista y multisectorial, es una institución religiosa. Hay una marcada influencia de intereses políticos en el plan y queda la pregunta de cuáles empresas se van a beneficiar de las estrategias presentadas.
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