| Publicado el 28 septiembre 2020
La campaña surge de la apremiante necesidad de despenalizar el aborto en muchos lugares, particularmente en América Latina y el Caribe, en donde el aborto aun no es legal y miles de mujeres mueren cada año a causa de abortos practicados en condiciones inseguras y otras miles de mujeres son procesadas criminalmente.
En Puerto Rico previo al 1902 existía una prohibición absoluta del aborto. Posteriormente, se enmendó el código penal para introducir la excepción del aborto en caso de que éste fuese necesario para salvar la vida de la persona embarazada. Asimismo, a lo largo de la historia se han presentado diversos proyectos de ley para regular este procedimiento y la discusión ha estado plagada de una fuerte retórica anti-abortista desde la oficialidad. Esta retórica aportó a la percepción de que el aborto en Puerto Rico era ilegal.
Esta percepción fue cambiando luego de lo resuelto por el Tribunal Supremo Federal de EEUU en el caso Roe v. Wade desde el 1973, en donde se reconoció que bajo el derecho a la intimidad de la XIV enmienda a la constitución de EEUU las personas gestantes tienen la libertad de tomar la decisión en cuanto a la interrupción de su embarazo. Sin embargo, existen aun sectores de la población que creen que el aborto en Puerto Rico es ilegal debido a las campañas de desinformación provenientes de sectores religiosos y conservadores.
Si bien el aborto en Puerto Rico es legal, la realidad es que no es accesible. Apenas existen unas 5 clínicas que realizan este procedimiento médico y la mayoría de ellas se encuentra en el área metropolitana. Más aun, el aborto, a pesar de ser un procedimiento médico, no está cubierto por los planes de salud y por ende las personas gestantes que interesan interrumpir su embarazo tienen que pagar un alto costo.
Aparte de lo anterior, el derecho al aborto está constantemente asediado por los sectores más conservadores, que rechazan el derecho de las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos y cabildean para legislar medidas restrictivas de este derecho. Estos mismos sectores lograron que en plena pandemia se aprobara un Código Civil que concede derechos al “concebido-no nacido”, entrando en claro conflicto con el derecho de las personas gestantes a interrumpir el embarazo.
Este Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Accesible está enmarcado dentro del calor de los debates electorales, en donde los partidos de la clase dominante (PNP y PPD) han demostrado serias deficiencias en sus posiciones con respecto a los derechos de las mujeres y personas LGBTTIQ+. Más aun, los sectores ultraconservadores se han organizado políticamente para adelantar su agenda de restricción de derechos a través del Proyecto Dignidad.
De otra parte, nos enfrentamos a cambios en la composición del Tribunal Supremo Federal de EEUU con la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Trump y la mayoría republicana están determinados a confirmar a la nominada jueza Amy Coney Barrett, quien ha sido ligada a grupos fundamentalistas religiosos y es de la escuela del fallecido juez del Tribunal Supremo Federal de EEUU, Antonin Scalia (ultraconservador que favorecía la pena de muerte, rechazaba el derecho al aborto y rechazaba también el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo). La confirmación de Barrett le daría una aplastante mayoría de 6-3 al ala conservadora de la judicatura, poniendo en jaque lo resuelto en 1973 y confirmado posteriormente en varias instancias.
A la luz de lo anterior, es crucial la movilización y la educación sobre los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, se debe reconocer y apoyar el trabajo que ha realizado la campaña de Aborto Libre Puerto Rico, que busca visibilizar sobre la falta de acceso a servicios de abortar para muchas personas por razones económicas, de distancia y cuando quedan cada vez menos servicios de aborto en la isla.
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