| Publicado el 21 octubre 2019
Después de 12 días de movilización popular y combates callejeros en las calles de Quito, el gobierno de Lenín Moreno tuvo que derogar el decreto neoliberal que imponía una serie de medidas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El decreto 883 eliminaría los subsidios a los combustibles, duplicando los precios de la gasolina. En el acuerdo alcanzado entre el liderato de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y el gobierno se estipuló la derogación del decreto, acordando la redacción de un nuevo estatuto que lo sustituya. Sin embargo, no se especificó el contenido del mismo.
Como parte del acuerdo se nombró una comisión conjunta, entre el liderato de la CONAIE y representantes del gobierno, que redactará el nuevo decreto. El gobierno aceptó derogar el decreto 883 y establecer la comisión conjunta, mientras el liderato de la CONAIE aceptó en cambio suspender las movilizaciones. El gobierno de Moreno tenía urgencia de negociar una salida que le permitiera restablecer la normalidad en la medida de lo posible, para evitar desgastarse aún más ante un levantamiento popular que daba indicios de aumentar su radicalidad.
El pasado 1 de octubre el gobierno de Moreno negoció con el FMI, a cambio de un préstamo de $4.2 millones, la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esta medida representaría un duro golpe al conjunto del pueblo por los efectos devastadores que tendría en el costo de la vida. La medida causaría inmediatamente un aumento en el costo del transporte y de los productos básicos. El decreto 883 vino de la mano de un paquete de recortes neoliberales que profundizaría el ajuste en beneficio del gran capital. En este paquete se incluyen la reforma tributaria y laboral, que representan un durísimo golpe para la clase trabajadora y el pueblo pobre.
La reforma laboral propone duros recortes para la clase trabajadora. Se considera reducir un 20 % el salario para todos los nuevos trabajadores, habilitar por espacio de un año la contratación a plazo fijo y acortar a la mitad las vacaciones de los empleados públicos. También busca profundizar la flexibilización de las condiciones de empleo de la clase trabajadora. Además, por medio de la reforma fiscal, se quiere eliminar un día de sueldo por mes a todos los empleados públicos.
Algunos sectores han querido presentar la ofensiva del gobierno de Moreno como una traición al programa progresista/populista de los gobiernos de Rafael Correa. Sin embargo, la actual situación desatada es parte del legado heredado por la política neoliberal iniciada bajo Correa ante la crisis del modelo progresista y su política económica extractivista/desarrollista. Las políticas y paquetes de ajustes y austeridad comenzaron bajo Correa en el 2014. Esta andanada del neoliberalismo implicó recortes por 5.000 millones de dólares. También se entregaron tierras de la reserva del Yasuni para la extracción minera y de hidrocarburos a un alto costo ecológico. Y se reprimió duramente a las comunidades originarias que resintieron esta política.
Bajo Moreno el giro neoliberal se intensificó, alejándose aún más del bloque populista y acercándose a sectores conservadores de la clase dominante y el capital financiero. De concretarse los recortes de los subsidios a los combustibles esto representaría un ahorro de $1.300 millones para el gobierno, mientras se condonan las deudas de petroleras, telefónicas, exportadores e importadores que ascienden a unos $4.300 millones.
La aprobación del decreto 883 se encontró inmediatamente con la oposición de los transportistas y la clase trabajadora. Los transportistas decretaron un paro el 1 de octubre, pero lo levantaron luego de negociar un aumento en las tarifas. La resistencia más combativa vino de las organizaciones y comunidades originarias organizadas en la CONAIE y otras organizaciones de trabajadores, la juventud, el pueblo pobre y de la izquierda radical. En la medida que se sumaron otros sectores, la protesta trascendió el reclamo contra el estatuto 883. Comenzaron a levantarse demandas políticas adicionales como la salida del FMI, el fin de las medidas de ajuste y la renuncia de la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa. Además, se comenzó a exigir la liberación de los presos políticos y el fin del estado de sitio. Días antes de que se lograra el acuerdo, entre sectores populares en las barricadas, también se comenzó a levantar la demanda de la renuncia de Lenín Moreno.
La aparición en escena del pueblo pobre en los barrios de Quito ejerció una presión mayor sobre el gobierno de Moreno. Pero también sobre las direcciones de las centrales obreras y la CONAIE que veían como la rabia popular sobrepasaba su capacidad de liderato. Las imágenes de una ciudad tomada por las barricadas en llamas, anunciaba la irrupción de unos actores que le inyectaban mayor combatividad y radicalidad a la lucha callejera. Este elemento, a pesar de la dura represión del Estado, parecía apuntar a que la protesta y la movilización no cederían fácilmente. Esta fue la fuerza que permitió que el liderato de la CONAIE lograra negociar la derogación del decreto. Aunque este acuerdo no recoge las demandas de los sectores más radicalizados, se puede considerar una victoria parcial. Podemos asegurar que el pueblo de Ecuador ganó esta batalla contra esta nueva ofensiva neoliberal.
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