Un informe publicado recientemente reveló que las graves violaciones de derechos civiles y humanos en las cárceles de Puerto Rico continúan. Según el informe, la responsabilidad de esta situación está en los recortes al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF).
“Persistent Unconstitutional Conditions and Human Rights Violations: Voices of Puerto Rico‘s Prisoners Post Morales Feliciano Class Action Lawsuit” es el informe publicado recientemente por el capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Los recortes en presupuesto de sobre $14 millones, representando una cuarta parte de los fondos, generan condiciones de deterioro que perpetúan la violencia estructural del DCR. En adición, los eventos sin precedentes que sacudieron al país tales como el huracán María, los terremotos y la pandemia del COVID-19 empeoran el panorama ya alarmante del sistema correccional.
El reporte reveló falta de medicamentos y equipos médicos, falta de tratamientos y servicios médicos, escasez de artículos de primera necesidad, abusos de oficiales correccionales, abuso sexual, represalias por denuncias, alimentación deficiente, problemas de seguridad poniendo en riesgo vidas de confinadxs, entre otras situaciones críticas de la extensa lista de denuncias.
La mayoría de los casos investigados vinieron de confinados hombres cis. Sin embargo, las violaciones a derechos toman un giro más violento contra grupos de la comunidad LGBITQIA+, mujeres, dominicanos, personas discapacitadas, entre otros. Los casos de abusos sexuales son más frecuentes hacia las mujeres, personas trans y no binarias. Estas personas a su vez sufren la falta de condiciones sanitarias adecuadas. Por ejemplo, no hay garantías de acceso a toallas sanitarias y aspirinas para personas menstruantes.
La violencia, las humillaciones, la precariedad en el sistema correccional y la falta de capacidad para atender poblaciones vulnerables las sufrimos la clase trabajadora. Cabe destacar que estas violaciones recuerdan la muerte de Shannel, mujer negra, pobre y paciente de salud mental que pagó con su vida la precariedad del sistema penal.
El informe de la ACLU está compuesto de testimonios que señalan que el Estado criminaliza y mata a personas que necesitan ayuda y que carecen de recursos. Sin fondos, la rehabilitación no es posible. El primer sector que sintió el impacto del recorte millonario fue el sistema de salud correccional. El reporte fortalece los reclamos de esa trinchera y las denuncias que establecen que el problema es de violencia estructural en todas sus manifestaciones más crudas, bajo un sistema jerárquico que se enfoca en violentar mujeres y trans primero.
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