Criminalizan la lucha ambiental y legalizan la destrucción ambiental

Proyectos de ley demuestran a quién responde el gobierno

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| Publicado el 25 marzo 2025

Proyectos de ley radicados por el PNP en la legislatura buscan facilitar el cuatrienio del cemento y la varilla, a la vez que criminalizan la resistencia ambiental.

El mismo día de su juramentación la gobernadora Jenifer González dejó claro para quienes gobernará. No perdió tiempo en defender los intereses multimillonarios cuando firmó la Orden Ejecutiva OE-2025-002 para simplificar los permisos en Puerto Rico. Esa orden mandata la creación de un grupo de trabajo para recomendar eliminar leyes que retrasen e impulsar otras que promuevan las inversiones como su prioridad. Esto tiene el efecto de relegar o pasarle por encima a la defensa de los recursos naturales/ambientales e importantes consideraciones de planificación para el interés público. Pone una presión indebida sobre los pocos funcionarios públicos que evalúan los proyectos de construcción dándole solo días para someter sus recomendaciones. Y si no cumplen, el proyecto podría aprobarse sin más.

Poco después, el representante a la cámara José Torres Zamora (PNP), radicó el Proyecto de la Cámara 271, que busca añadir un nuevo artículo 247A a la Ley Núm. 146 del 2012 o Código Penal de Puerto Rico, con el fin de tipificar como delito la obstrucción de vías públicas. En su exposición de motivos alude directamente a las manifestaciones que afecten el tráfico de vehículos en una protesta. Esto se da en medio de fuertes protestas contra el paseo lineal de Rincón y Esencia en Cabo Rojo. Y otras que se puedan dar contra proyectos similares en Vieques denunciado por Bandera Roja.

Así el gobierno de los ricos va allanando el camino para el enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría del pueblo.