El autor es portavoz del Comité para la Verdadera Esencia de Cabo Rojo e historiador. Se publicó una versión corta en la versión impresa de Bandera Roja.
Puerto Rico tiene unas 550 millas de costa, incluyendo las islas de Mona, Vieques y Culebra, sin embargo, cada vez menos playas permanecen accesibles al pueblo para su uso y disfrute. La desposesión de los bienes comunes, como lo son las playas, ha impulsado la organización y la protesta ambiental como único freno efectivo a la usurpación. Cabo Rojo, con unos 45 kilómetros de costa, es el municipio con mayor extensión costera del archipiélago puertorriqueño. Su litoral es un ecosistema vital que sostiene la economía del pichichero –entiéndase los habitantes del litoral caborrojeño– cuya identidad y sustento dependen de su relación intrínseca con el mar.
En esta región se encuentra el sistema de manglares más extenso del archipiélago, que alberga praderas marinas cruciales para el hábitat de manatíes, así como humedales, lagunas, salitrales, arrecifes de coral e islotes. Estos ecosistemas no reconocen límites y funcionan como sistemas interconectados —social, económico y ecológico. Asimismo, son estas áreas del litoral las que conforman ecosistemas más complejos, como el bosque seco de los Peñones de Melones, donde se pretende desarrollar el Proyecto Esencia. Estos ecosistemas localizados en el lugar del proyecto ofrecen servicios ecosistémicos invaluables, incluyendo biodiversidad, reservas de agua potable, mitigación a marejadas, prevención de inundaciones y habitad crítico para especies en peligro de extinción. El Proyecto Esencia representa una grave amenaza para esa biodiversidad, pues amenaza la supervivencia de especies endémicas en peligro de extinción. Entre las especies en peligro de extinción, con protecciones estatales y federales, encontramos el Guabairo y la Mariquita, cuyo hábitat quedaría fragmentado por las construcciones de este desarrollo. Sin embargo, la privatización y destrucción de estos espacios representa un desafío no solo para el equilibrio ambiental, sino también para los modos de vida tradicionales de los residentes de Cabo Rojo.
El Proyecto Esencia es un enclave residencial-turístico que se propone para el lado sur de la bahía de Boquerón. Se trata de una comunidad costera exclusiva, propuesta por Reuben Brothers, Three Rules Capital y la financiación de JP Morgan de New York. El diseño estaría a cargo de la firma Álvarez Díaz & Villalón, vinculados al Partido Nuevo Progresista y cuya socia principal, Cristina Villalón, forma parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).
Con una intervención en sobre 2,000 cuerdas de terrenos, que actualmente conforman un corredor natural entre el Bosque Estatal de Boquerón, del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y el Refugio Nacional de Vida Silvestre, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés), en una zona de alto valor ecológico entre las áreas protegidas adyacentes, Esencia representa un reto para la conservación de los recursos naturales de la región en un área donde las proyecciones climáticas apuntan, como ya hemos empezado a ver, a una disminución en la precipitación y aumentos en la temperatura. Esto resalta la importancia de preservar el equilibrio ecológico de la región, el cual se vería seriamente comprometido por este desarrollo.
Dentro las propuestas —que transformarán el paisaje y destruirán todo el ecosistema de bosque seco y el litoral costero— se incluye la construcción de dos campos de golf, 1,132 residencias turísticas (familiares y multifamiliares) de alta gama, hoteles de lujo con hasta 500 habitaciones, así como facilidades comerciales, un hospital y una escuela para los residentes del enclave. Estas construcciones, en un área de alto valor ecológico, afectarán adversamente todos los ecosistemas de la bahía de Boquerón, con consecuencias económicas para la comunidad pesquera y la industria gastronómica, pero también destruirá cientos de yacimientos arqueológicos. La construcción, además, tendrá secuelas sobre las comunidades vecinas, acrecentado los problemas de inundaciones, la falta de agua y electricidad en un municipio con una infraestructura pública sumamente deficiente.
La posible construcción de este proyecto está en tensión con el Plan de Uso de Terrenos del 2016, así como con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio Autónomo de Cabo Rojo del 2010, y una serie de planes que convergen y tienen inherencia sobre los terrenos a ser impactos. Entre esos planes encontramos el Plan de Manejo del Área de Planificación Especial del Suroeste: Sector Boquerón del 2008, Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial de Carso del 2014 o el Plan Maestro para el Manejo de Recursos Costeros de Cabo Rojo del 2023. Conforme a la reglamentación vigente, una parte de los terrenos, en los que se pretende entablar el Proyecto Esencia, están clasificados como “Suelo Rústico Especialmente Protegido-Ecológico”. Eso significa que no pueden ser urbanizados y deben ser dedicados exclusivamente a la conservación debido al alto valor ecológico que le adscribió la Junta de Planificación.
De igual forma, terrenos dentro de Esencia se encuentran sujeto a las calificaciones establecidas por el Reglamento Conjunto del 2023, las cuales incluyen Preservación de Recursos (P-R)) y Conservación de Recursos (C-R). Estas calificaciones son especialmente alarmantes, pues los usos propuestos por el Proyecto Esencia en estas áreas van en contra de los objetivos de preservación y conservación de los recursos naturales que deberían prevalecer en estos terrenos. Debo precisar, sin embargo, que, desde la breve gobernación de Ricardo Rosselló, la Junta de Planificación estableció ese Reglamento Conjunto, con carácter de emergencia, el cual ha sido declarado nulo en tres ocasiones por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este estado excepción, que las administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) han impuesto sobre la política pública de otorgación de permisos y regulación ambiental, ha creado mayor flexibilidad y ha permitido desarrollos en lugares donde se tenía que cumplir con Plan de Uso de Terrenos. Asimismo, el PNP ha buscado otros mecanismos para agilizar la otorgación de permisos y eximir de regulaciones o rendición de cuentas a desarrolladores como lo son las declaraciones de proyectos estratégicos, o proyectos críticos.
Por consiguiente, cabría preguntar cómo es posible que el gobierno considere otorgar permisos de desarrollo y construcción a un proyecto que claramente viola su propia política pública de uso de terrenos y de planificación. ¿Cómo es posible que la Junta de Planificación endose proyectos que son contrarios al PUT que diseñó y aprobó en 2016 ¿Es casualidad que el DRNA enfrente reducción de su capacidad fiscalizadora justo cuando la expansión de proyectos especulativos se acelera? ¿Sera coincidencia el Proyecto del Senado 273, que pretender transferir el Instituto de Cultura Puertorriqueña al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)? ¿Estamos ante un plan deliberado para convertir las agencias de permisos y reguladoras en una mera fachada burocrática, sin capacidad real de ejecución y cumplimiento en aras de defender los recursos naturales y patrimoniales? ¿Si el proyecto Esencia es uno “sustentable’’ por qué no toma en consideración los efectos del Cambio Climático?
El Proyecto Esencia representa una continuación de la economía de plantación y del modelo de desarrollo puertorriqueño, que históricamente se ha basado en el capital ausentista y en grandes transferencias de incentivos y exenciones fiscales al capital privado. Solo para Esencia, el gobierno de Puerto Rico ha otorgado cerca de $497 millones en créditos contributivos. Ese patrón es parte de la estructura económica de nuestro archipiélago, que ha estado determinada por la imposición de un modelo extractivista al servicio de capital ausentista.[1] Entonces Esencia es una expresión más del capitalismo colonial en su fase neoliberal, donde la acumulación por desposesión se impone como regla general.[2]
Bajo el disfraz del “desarrollo sustentable”, este proyecto residencial-turístico refuerza la desposesión de tierras, la privatización de recursos naturales y el desplazamiento de las comunidades locales. Su construcción no solo amenaza la biodiversidad, los ecosistemas costeros de la zona o los abastos de agua, sino que también evidencia el rol servil del Estado colonial como facilitador de la expansión capitalista sobre los bienes comunes. Desde ese análisis es que también debemos entender el Proyecto del Senado 273 y la posible eliminación del ICP, que en el caso de Esencia ocupa un lugar central como custodio del material arqueológico presente en esos terrenos. Asimismo, la permanencia de Cristiana Villalón, socia principal Álvarez Díaz & Villalón, en la Junta del ICP plantea serios problemas éticos (de intereses políticos) a la luz de que el ICP tiene jurisdicción directa sobre el proyecto y se han encontrado allí ya cientos de yacimientos arqueológicos.
El gobierno del Partido Nuevo Progresista, al igual que administraciones del Partido Popular Democrático y la Junta de Control Fiscal, ha impulsado un plan de destrucción nacional en favor de especuladores, desarrolladores y buitres. Ese es su modelo desarrollo económico, como si no hubiese suficiente evidencia del fracaso de esas políticas asociadas a Manos a la Obra. Pero este modelo también descansa sobre el inversionismo político. Pues las “donaciones’’ de la industria de la construcción, o de desarrolladores como los de Esencia, a las campañas políticas han normalizado un modelo en el que terrenos del litoral costero se venden al mejor postor. Estas donaciones, realmente inversiones políticas, resultan en beneficios contributivos, así como agilización en la otorgación de permisos para privados, contraviniendo la política pública del gobierno de Puerto Rico.
Asimismo, proyectos como Esencia confirman la falta de transparencia por parte de las agencias encargadas de proteger nuestros recursos naturales. Aunque las agencias gubernamentales promueven la narrativa de la participación ciudadana, el DDEC, el DRNA y la Junta de Planificación llevan a cabo los procesos de vista pública de manera atropellada y a espaldas de las comunidades. Hace solo unas semanas, se publicó la extensa Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se confirmó la celebración de vistas públicas para los días 6 y 7 de marzo en la Casa Alcaldía de Cabo Rojo. La DIA, un documento sumamente extenso, que sobre pasa las dos mil páginas, no está accesible al público y no fue hasta que las propias organizaciones ambientales y comunitarias, como el Comité por la Verdadera Esencia del Suroeste, la Brigada Solidaria del Oeste o el Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, que se hizo pública de forma accesible mediante una carpeta digital. Una lectura de la DIA confirma que el proyecto carece de justificaciones que sopesen el impacto ambiental y social a largo plazo de su desarrollo y construcción, a pesar de que la DIA concluye una evaluación positiva hacia el mismo.
Proyectos como Esencia subrayan la necesidad de que cualquier solución a la grave crisis climática y ecológica en la que estamos inmersos esté fundamentada en una profunda (re)evaluación de nuestro paradigma cultural, especialmente en lo que respecta a la relación entre sociedad y naturaleza. Además, es crucial considerar nuestra condición colonial y la necesidad de trazar un nuevo rumbo. Por eso la lucha contra el Proyecto Esencia no es solo por Cabo Rojo, es por Puerto Rico. El futuro de Puerto Rico no está en proyectos como Esencia. La lucha sigue, en Cabo Rojo y en el archipiélago, por la defensa de nuestras costas y el ambiente.
[1] César Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico en el siglo americano: su historia desde 1898. (San Juan: Ediciones Callejón, 2018),
[2] César J. Pérez Lizasuain y Guarionex Padilla Marty, “El malestar en la colonia: metacrisis, alianza y la mala educación,” Vital Politik, noviembre de 2024, https://vitalpolitik.com/el-malestar-en-la-colonia-metacrisis-alianza-y-la-mala-educacion/.