El gobierno del presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció el cierre del Departamento de Educación Federal. Esta acción es una condenable, pero no debemos olvidar que este mismo Departamento de Educación impuso las políticas privatizadoras, neoliberales y conservadoras que buscan destruir las aulas de nuestro país. El efecto podría ser devastador si el desmantelamiento del Departamento incluye una reducción en los fondos para las zonas donde estudian las minorías raciales y étnicas.
Las políticas educativas de los últimos 40 años han fortalecido la privatización de la educación por medio de las escuelas charter. Desde la presidencia de Ronald Reagan en la década del 1980, el gobierno federal comenzó el ataque contra la escuela pública. Las políticas federales impusieron una serie de métricas corporativas por medio de las pruebas estandarizadas que buscaban desprestigiar la calidad de la educación pública. Al mismo tiempo redujeron el financiamiento de programas de arte y deporte que fortalecían la diversidad en el currículo. Esta diversidad curricular hacía de la educación una más pertinente para la juventud brindándole oportunidades en su futuro.
En años más recientes la ofensiva anti-escuela pública eliminó cursos de estudios sociales e historia, además de restringir la libertad de cátedra y dificultar la adaptación del currículo a las necesidades del aula. La estandarización del currículo junto a otras medidas totalitarias en las escuelas, crearon un abismo entre lo que necesitan los estudiantes, lo que se da en la sala de clases y lo que se mide en las pruebas estandarizadas. En vez de tener una educación adaptada a la realidad de nuestros estudiantes, a estos se les somete a pruebas incesantes. Los contenidos educativos no buscan llevarlos a dominar las destrezas mínimas sino a mantener el sistema en un estado de vigilia ante la amenaza del cierre de sus escuelas.
El coaching y los talleres a maestros despilfarraron los fondos federales y no produjeron ninguna mejoría en la educación pública.
Boletín del Caucus de Maestras y Maestros del MST
Junto con las pruebas estandarizadas llegó también el despilfarro y mal uso del dinero en contratos a empresas educativas. Los contratos de “coaching”, tutorías, horarios extendidos, talleres a maestros, revisión curricular, y apoyo administrativo solo sirvieron para desviar más fondos a empresas privadas sin que estas produjeran una mejoría en el aprovechamiento académico o la calidad de nuestra educación pública. Ahora promueven el desvío de fondos por medio de los vales educativos para financiar escuelas privadas que son excluyentes en la selección de sus estudiantes.
En Puerto Rico este legado de privatización, austeridad y pruebas estandarizadas trajo también el cierre de escuelas, el movimiento de maestros de escuela en escuela y el desmantelamiento de los derechos laborales. El gobierno de Aníbal Acevedo Vilá junto a la Asociación de Maestros (AMPR) conspiró para desmantelar la resistencia magisterial y finalmente traer las escuelas charter. La decertificación de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), y la eventual elección de la AMPR fueron pieza clave en ese plan. El magisterio sufrió como consecuencia una década sin aumentos salariales, la desaparición de nuestro sistema de pensiones y un clima administrativo hostil.
Ante el posible desmantelamiento del Departamento de Educación Federal, la respuesta del magisterio militante no debe ser una complaciente con las políticas que tanto demócratas como republicanos nos impusieron como chantaje para recibir el dinero federal. La respuesta organizada debe incluir un repaso de las consecuencias nefastas que trajeron esos fondos federales, del alto nivel de corrupción del Departamento de Educación, y de cómo esos fondos en muchas ocasiones no llegan a atender las necesidades en la sala de clases.
Sin duda el gobierno de Trump busca liquidar la educación pública desde una perspectiva racista, clasista y de odio. Las víctimas de estos ataques somos la clase trabajadora, los inmigrantes y la diversidad racial y de género. Tampoco debemos olvidar la complicidad de los gobiernos del PPD y el PNP de fomentar la dependencia de esos fondos federales. Si algo debemos asumir es que el Departamento debe ser juicioso en las consecuencias de los fondos que adquiere, a la vez que nos preocupamos por la autosuficiencia.
Mientras Trump restringe los fondos en el gobierno para alimentar las arcas de las empresas afiliadas al Departamento de la Defensa, Jennifer González hace lo propio con los bolsillos de los desarrollistas y financiadores de su campaña. Esto no se trata de eficiencia, ni mucho menos de un modelo de desarrollo económico, esto es la representación más directa de la lucha de clases en Puerto Rico y los Estados Unidos. Tenemos entonces la encomienda de mantener firme la defensa de nuestras escuelas públicas y la educación de excelencia para la clase trabajadora a la vez que exigimos mejoras en nuestras condiciones de trabajo y una remuneración adecuada.
Contra el colonialismo y la dependencia en nuestras escuelas públicas
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