Caimito: otro ataque contra la naturaleza

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BREL

| Publicado el 29 noviembre 1997

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José F. Córdova Iturregui

Ante el desastre económico se vislumbra a raíz de la muerte de la sección 936, el gobierno ha puesto sus esperanzas en el florecimiento de la construcción para avivar una economía que languidece. Esta es la razón de fondo de los mega-proyectos que el gobierno impulsa: superacueducto, tren urbano y los proyectos de desarrollo y ampliación de carreteras (Ruta 66 y Carretera 10). A estos se suman los desarrollos de complejos comerciales y de viviendas que amenazan con arropar al país. A la lista de los terrenos amenazados se suma ahora el monte de San Juan: Caimito, Cupey, Quebrada Arenas y Tortugo. Hay aprobados para esta región cerca de 100 proyectos de desarrollo de viviendas que destruirán una de las últimas zonas verdes del Área Metropolitana.

Aparte de la implicación que esto tiene desde el punto de vista de la destrucción de la flora, la fauna y su belleza natural inherente, esta barbaridad es una amenaza para el resto del Área Metropolitana. El desmonte de la región tiene serias implicaciones en el flujo de las aguas. Por un lado se altera el curso natural de las aguas, las que terminarán en lugares distintos. Al sustituir el terreno y su vegetación por cemento y bitumul, el suelo no será capaz de absorber el agua y ésta correrá rápidamente a las zonas bajas. El papel amortiguador de inundaciones que juega el terreno y la vegetación se elimina y con su eliminación aparecerán inundaciones más frecuentes y severas. Los efectos de un fenómeno como el del Huracán Hortensia cuando estas zonas altas estén cubiertas de cemento y asfalto serían mucho más devastadores.

La deforestación que acompaña a estos proyectos es fuente de una erosión devastadora. Tanto partes de Cupey como de Quebrada Arenas tienen corrientes de agua que desembocan en el lago Carraízo: la reserva de agua más importante del Área Metropolitana. El costoso y necesario dragado de este embalse se habrá hecho en vano al volverse a llenar de tierra rápidamente.

Ante la indignación de importantes sectores de la comunidad de la zona se ha logrado la paralización formal de los proyectos. Formal porque los desarrolladores en muchos casos violan las órdenes de paralización pues cuentan con el endoso gubernamental. Ello ha dejado a la comunidad sin recurso legal alguno toda vez que las agencias que deben velar por el cumplimiento de la ley se hacen de la vista larga o explícitamente dicen que no van a intervenir: la Junta de Planificación, del Departamento de Recursos Naturales y de ARPE.

Como en el caso de la privatización y del superacueducto, el gobierno está enviando un claro mensaje de que va a desarrollar sus proyectos con o sin apoyo del pueblo, dentro o fuera del marco legal. Le tocará al pueblo con su lucha y militancia defender la integridad de su entorno natural.