El 20 de abril, la organización comunitaria, Asamblea de Pueblo de Bayamón, publicó un comunicado de prensa en el que anunciaron una propuesta de multa a DB Asphalt por parte de la EPA. El comunicado destaca que “la agencia federal determinó que DB Asphalt descarga contaminantes en los cuerpos de agua cercanos. En el documento público, la EPA también establece que la asfaltera tampoco cuenta con un permiso para la eliminación de descargas de estos contaminantes en la zona.”
Los hallazgos publicados causaron que los medios dirigieran su atención a la EPA y al alcalde de Bayamón. En una entrevista, Ramón Luis Rivera Cruz no abordó el tema y se limitó a alegar que desconocía del asunto de la multa pese a que la EPA emitió el aviso público la misma semana que el alcalde se pronunció a favor de la asfaltera. El alcalde y la EPA expresaron a miembros de la prensa que para el miércoles publicarían expresiones oficiales. Sin embargo, fue DB Asphalt la parte que se expresó por primera vez, mediante un comunicado de prensa. Al día de hoy, la EPA y el alcalde aún no se han pronunciado mediante ningún comunicado o declaración pública.
El comunicado de la asfaltera confirma que fueron multados por mal manejo de aguas pluviales y el impacto que ya tiene la planta -sin operar aún- en los cuerpos de agua cercanos. Las investigaciones citadas por la Asamblea de Pueblo, explican las incongruencias en las declaraciones por parte DB Asphalt y las agencias municipales que respaldan este proyecto y que, por lo tanto, no tienen los permisos y no cumplen con los requisitos.
Las comunidades señalan que la fábrica está siendo impuesta desde su etapa de construcción y que los planes de operar la asfaltera solo ocasionarán múltiples daños ambientales y a la salud. Operar esta planta ocasionará un alto nivel de contaminaciónn en un diámetro de 3 millas, sin contar que la zona de impacto se amplía con el viento. La asfaltera no cuenta con el apoyo ni el consentimiento de las miles de personas que se encuentran en la zona de impacto y daños. Lxs residentes continúan firmes denunciando el carácter ilegal del negocio porque no cumple con consultas de ubicación y carece de elementos reglamentarios que logren justificar la construcción y la operación de una asfaltera en la zona. Por medio de comunicados, actividades, protestas y reuniones de la Asamblea de Pueblo, las comunidades reconocen la urgencia con que Rivera Cruz insiste en defender la empresa para satisfacer intereses político-partidistas. A su vez, la Asamblea de Pueblo se reafirma en continuar organizando las comunidades y continuar en pie de lucha.
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