Ante la aprobación de la ley de incentivos económicos: Se regala un paraiso

A finales de mayo el Gobernador firmó la nueva Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico. La Ley fue hecha a la medida de los sectores industriales y financieros. Con ella pretenden crear un paraíso de ganancias donde los costos descansan sobre las espaldas de los trabajadores.
La nueva Ley que fue creada por un Comité de Consenso del Gobernador, la Cámara, el Senado y representantes de la empresa privada. En este Comité participaron Edgardo Fábregas (Presidente de la Asociación de Industriales) y Bartolomé Gamundi (Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y a la vez Presidente de la Cámara de Comercio), y por el Gobierno: Jorge Silva Puras (Secretario de la Gobernación) y los presidentes de la Cámara y el Senado.
Esta nueva ley que reduce la base contributiva de 7% a 4% y la uniformiza, también amplía los beneficios contributivos y otras concesiones a la industria local y a las áreas de servicios. Incluye además empresas cuya actividad económica gira alrededor de la provisión de equipos, materiales y servicios a cualquier empresa local o extranjera. Provee también deducciones por pérdidas en la actividad económica así como deducciones adicionales por re-inversiones, ampliaciones, mejoras, etc., Bajo la Ley se puede reducir la tasa contributiva al lograr inversiones en desarrollo e investigación, también al invertir en «energía renovable».
Las bajas tasas contributivas y los múltiples créditos y deducciones le permiten jugosas ganancias a los empresarios, reduciendo aun más los recursos económicos del gobierno para proveer los servicios básicos Algunos cálculos conservadores estiman que sobre los trabajadores recaerá la responsabilidad de proveer para el erario público más de 400 millones de dólares adicionales que dejarán de pagar las empresas. La ley también amplia los beneficios al capital local. Además, extiende los beneficios contributivos de 10 años a 15 años.
Para colmo, los créditos y beneficios concedidos a las empresas cubiertas por el estatuto afectan los recaudos que venían obteniendo los municipios por concepto de patentes, contribuciones por propiedad mueble e inmueble y arbitrios. No hay dudas que se afectarán enormemente los servicios que ofrecen ahora los municipios.
Un objetivo central de la ley es la eventual privatización de la producción de la energía eléctrica. No en balde Silva Puras señaló en mayo, durante la Cumbre Social, que el objetivo del gobierno «es acabar con el monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica», muy parecido al mensaje repetido hasta el cansancio durante la venta de la Telefónica.
La Ley contempla proveer créditos a los empresarios por consumo de energía hasta por diez años. Se ha estimado en más de 600 millones el costo al erario público y a la AEE por este crédito a las empresas. Además, se obliga a la Autoridad a asumir los costos de mantenimiento y distribución del proceso de trasbordo ( wheeling ) de energía para las empresas cubiertas por la ley. Le entrega también a la empresa privada, no sólo el poder para establecer las reglas de trasbordo de energía, sino además la política sobre energía y el establecimiento de tarifas, al crear una Administración de Asuntos Energéticos, dirigida por un comité de siete miembros de los cuales cuatro son empresarios privados.
En la ley no ata los créditos contributivos a la creación de empleos y beneficios a los trabajadores, sino al beneficio de la industria y el capital financiero. No es una ley para la incentivación de la producción, es un asalto a las arcas del pueblo. Para los trabajadores los costos, para los inversionistas las ganancias.
La utilización de los créditos contributivos y otros beneficios a la industria para promover el desarrollo económico tiene en nuestro país más de 60 años de historia. Evidentemente no ha funcionado como mecanismo para garantizar justicia social y mejor calidad de vida a los trabajadores y el pueblo. Al contrario, la crisis social se agudiza y la fuga del país de cerebros y mano de obra ha tenido que paliar la incapacidad tanto de los empresarios como del gobierno para garantizarle un trabajo honrado a cada puertorriqueño. Sufrimos la carencia de la calidad social necesaria para la convivencia sana y digna. El paraíso prometido ha sido sólo para los empresarios. El pueblo trabajador y demás sectores marginados y excluidos, con los impuestos al consumo, las contribuciones y los aumentos despiadados en los precios de artículos esenciales, pagamos las ganancias y beneficios de los capitalistas.
Por eso no esperó el Gobernador escuchar los reclamos del Frente Amplio de Organizaciones de la Sociedad Puertorriqueña para estampar su firma en la Ley. Frente compuesto por organizaciones sindicales, comunitarias, religiosas, profesionales, ambientales, políticas, etc. que le reclamó no firmarla. Estas además de convocar una conferencia de prensa, llamaron a un piquete para manifestar el repudio a la Ley. El menosprecio y la indiferencia del Gobernador no fue más elocuente. Algunos de los componentes del Frente albergaban la ilusión de que el Gobernador no firmara la Ley y les proveyera más tiempo para su discusión. Unos hacían un llamado al Gobernador «para que se defina sobre el proyecto», otros aseguraban que «el Gobernador tiene buen oído y es muy sensible a los reclamos del pueblo» y terminaron acusándolo de complicidad con los empresarios. Vale decir que el Gobernador y su partido, el PPD, no fueron meros cómplices, fueron conspiradores y artífices junto a la Legislatura de ese atraco a los intereses de los trabajadores.
Para los trabajadores la lección es evidente, ninguno responde a nuestros intereses, son instrumentos que sirven a los sectores empresariales y financieros. Por eso privatizan los servicios esenciales del pueblo. También impusieron la Ley 45, para criminalizar nuestras luchas y proscribir la huelga como instrumento de defensa de los empleados públicos. Si quedara alguna duda tenemos la ofensiva para destruir la Unión Independiente Autentica (UIA), la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Federación de Maestros (FMPR). Y ahora la imposición de una Ley para multiplicar las ganancias tanto de capital extranjero como del patio.
No es ayudando a los capitalistas y su gobierno con leyes para que mejoren la opresión y explotación nuestra. Es tiempo de comenzar a impulsar un movimiento independiente de los trabajadores. Movimiento que impulse y promueva proyectos afines a nuestros intereses de clase.
Es momento de comenzar a derribar los muros que impiden nuestra unidad, solidaridad y capacidad de lucha.

FORTALEZCAMOS NUESTRO ESPÍRITU CLASISTA Y CONSTRUYAMOS UN MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE LOS TRABAJADORES