A despegar etiquetas

Por

| Publicado el 30 marzo 2019

El gobierno de turno frente a reclamos por energía sana para las comunidades

Eric Abreu

Bandera Roja

Recientemente, en Puerto Rico y Estados Unidos, se trajo al relieve lo que han pretendido ignorar por mas de una década funcionarios y agencias de gobierno: que la destrucción de la salud colectiva y los recursos naturales es consecuencia integral del funcionamiento de la industria del carbón para lograr sus ganancias multimillonarias.

El lunes 4 de marzo, El nuevo día publicó un comunicado de la AES indicando que pozos cercanos a su planta de carbón en Guayama están contaminados con litio, selenio y molibdeno.1 Esto y más quedó constatado en un informe reseñado el mismo día por el Washington Post.2 El estudio reveló que la mayoría de los pozos de agua cercanos a 265 plantas eléctricas de carbón se contaminaron; incluyendo los cercanos a la carbonera en Guayama donde esta mantiene un vertedero que contiene aproximadamente 600,000 toneladas de cenizas. El informe indica que los contaminantes provienen de las cenizas de carbón que las plantas almacenan, sea en charcas o en vertederos, cerca de sus predios.

Los expertos de las organizaciones ambientalistas estadounidenses Environmental Integrity Project y Earthjustice analizaron los resultados de pruebas al agua de pozo que por ley deben someter las propias plantas eléctricas al gobierno. Encontraron que la contaminación ya llegó a niveles inseguros en pozos cercanos al 92% de las charcas y 76% de los vertederos.3 El impacto de la contaminación se evidenció en 39 estados de Estados Unidos, y en Puerto Rico. En pozos cercanos a la AES en Guayama, el estudio encontró que el agua no es apta para uso potable, por sobrepasar los niveles de litio, molibdeno, selenio y sulfato. En Estados Unidos, se encontraron venenos como el arsénico, litio y mercurio sobre los niveles permitidos para el agua potable.

Para evitar mayor envenenamiento del agua, en el estudio, expertos ambientales (como, Lisa Evans, ex-directora de la EPA durante la presidencia de Barak Obama) recomiendan sacar todas las cenizas y dejar el terreno libre de contaminación donde no haya la protección impermeable adecuada. Este es el caso de la gigantesca pila de cenizas de la carbonera AES en Guayama. La misma recomendación aplicaron los expertos a depósitos en fosas cuyo fondo esté a 5 pies o menos del nivel freático (nivel del agua de pozo). Tal es el caso de la fosa bajo la calle principal del Arroyo Town Center en el vecino pueblo de Arroyo. La opinión de estos expertos coincide con las acciones que hace casi dos décadas reclaman al gobierno de turno distintos grupos comunitarios y ambientalistas.

Por otro lado, llama la atención de que, bajo la administración municipal del ahora senador Carlos Rodríguez Mateo, se autorizó la construcción de un área comercial y varias urbanizaciones en zonas cercanas a la playa de Salinas utilizando como relleno de base las cenizas de la AES. Esto pone en riesgo la calidad del agua de pozo en la zona y deben aplicarse las medidas recomendadas por los expertos del estudio para proteger el ambiente y la salud en ese pueblo.

Con los hallazgos de estos expertos, se comienza a despegar la etiqueta de “producto beneficioso” que la AES le pone a ese material bajo el nombre de “Agremax”. Al conocerse una serie de estudios como el citado, queda cada vez mas claro que el “Agremax” no es mas que cenizas de carbón que contaminan el ambiente y enferman gravemente a la gente.

Para restaurar el ambiente, y prevenir más muertes y graves daños a la salud, corresponde realizar unas acciones mínimas: 1- el cierre cuanto antes de la carbonera generatriz “AES”, 2- que se recoja y saque del país todas las cenizas que han tirado, dejando limpio el terreno, 3- que la AES indeminice a las personas afectadas debido a su contaminación, que incluye los gases asfixiantes y venenosos que tira al aire su chimenea, 4- que no se queme mas combustibles fósiles en el país, y 5- que se ponga fin a toda negociación de contratos futuros con la AES y sus subsidiarias.

Una vez más, las autoridades de gobierno tienen una decisión pendiente: seguir las recomendaciones de los expertos independientes en el citado estudio, o intentar mantener pegada a las cenizas de carbón la engañosa etiqueta de “producto beneficioso” inventada por la industria del carbón para proteger sus ganancias millonarias. Hasta ahora, contamos con la indiferencia e inacción de los gobiernos de turno sobre este asunto, y la prestación de servicios públicos para la protección de los intereses de la AES y la empresa de vertederos EC Waste con policías, leyes y reglamentos. Cosa que demuestra la alianza entre los administradores del capital de estas dos corporaciones, y su contraparte política: los alzacolas y representantes locales del desgobierno imperialista y su democracia capitalista.