¡A defender la UPR!

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| Publicado el 3 febrero 2017

Contra los recortes, el aumento y la privatización

Boletín

Unión de Juventudes Socialistas

La Universidad de Puerto Rico (UPR) vuelve a ser amenazada por las políticas de austeridad. El año pasado enfrentamos las medidas implantadas por el gobierno de García Padilla y la imposición de una Junta de Control Fiscal (JCF). A sólo un mes de un nuevo año y una nueva gobernación, nos encontramos con una continuación agresiva de la agenda neoliberal, esta vez dirigida por el gobierno de Rosselló Nevares y una Junta que responde a los bonistas. Mientras velan por los intereses de los ricos, precarizan las condiciones de vida de la clase trabajadora, y la principal institución educativa universitaria del país.

En la carta que la JCF envió a Rosselló, ésta “sugirió” un recorte de $3 mil millones, que arrasaría con los servicios públicos (educación, salud, etcétera), los sistemas de retiro del gobierno, y la UPR. Aunque el gobernador quiso dar la impresión de rechazar estas medidas, es evidente que su gobierno es un lacayo de quien en realidad dirige este país: la Junta. El mandato – escondido detrás del manto de una “sugerencia” – de un recorte de $200 millones al sistema de retiros, podría afectar el retiro del profesorado. A esto se le añade la reducción de $300 millones al presupuesto de la Universidad, lo que podría significar el despido de profesorxs, un aumento de la matrícula, el empeoramiento de los servicios universitarios, y el cierre o privatización de recintos.

La JCF ha propuesto para la UPR recortes en gastos y un aumento “ajustado a los ingresos”. Una verdadera Matrícula Ajustada a los Ingresos (MAI) sería una medida de justicia, ya que la educación y la vida universitaria es inaccesible para muchxs. Diariamente vemos la facilidad con que pueden estudiar algunxs, con recursos económicos, mientras que lxs pobres y trabajadores enfrentamos múltiples dificultades. Pero eso no es lo que proponen Rosselló y la Junta. Realmente, el problema está en las intenciones y las condiciones del “ajuste” que quiere implementar este gobierno, que está claramente en contra de la clase trabajadora y el estudiantado.

El aumento ajustado, como lo propone el gobierno, produce una serie de preguntas: ¿tendría como propósito aumentar las ganancias de la UPR para mejorar su calidad estructural, sistemática y académica, o para sustituir la fórmula de ingresos que se le pretende quitar a la UPR? ¿Sería el aumento en ingresos por concepto de matrícula dirigido a pagar la deuda? ¿Qué variables se tomarán en cuenta para determinar el ingreso del estudiantado? Con esta JCF, que está en proceso de exprimir a la clase trabajadora y empobrecida, ¿qué seguridad tenemos de que el aumento de la matrícula no se convierta en uno para todxs?

Mientras todos estos cambios se aproximan a la UPR, Rosselló firma dos leyes que aseguran su control, y el control de la Junta, sobre la Universidad. La Ley 2 de 2017 le da poderes e inmunidad al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo José Portela, para determinar las políticas de la UPR, ya que este cuerpo será el enlace entre el gobierno de Rosselló y la Junta. Por su parte, la Ley 3 de 2017 permite que Rosselló monte a quién le parezca en la Junta de Gobierno y elimine a cualquiera de quienes fueron nombrados anteriormente, si “no está ejecutando la política pública… o que no goce de su confianza para formular e implementar el plan fiscal requerido” por la Junta.

Puerto Rico enfrenta cambios drásticos que nos dejarán completamente desprotegidxs ante el capital. La clase trabajadora se verá afectada por distintos factores simultáneamente, ya sea por las medidas directas, o como resultado indirecto de éstas. Cabe señalar que las mujeres y la comunidad LGBTTIQ se verán especialmente afectadas. La seguridad laboral, económica y social de estos sectores se encuentran en un estado de aún mayor incertidumbre con la eliminación de la perspectiva de género en el currículo escolar. Todos los servicios necesarios para la ciudadanía serán precarizados, según las intenciones de la JCF, planteadas abiertamente, de recortar los servicios básicos mientras – sin sorprender a nadie – aseguran la extensión del arbitrio especial a las corporaciones foráneas que tanto dinero se llevan y nada nos dejan.

La Junta y el gobierno parecen querer enviarle un mensaje a esta generación: “no estudies, no trabajes, no te reproduzcas, y no envejezcas.” El posible aumento de la matrícula universitaria, el despido de profesorxs, la Reforma Laboral, el Empleador Único, los aumentos en las contribuciones y en los costos de servicios, el empobrecimiento de la educación y los recortes en retiro son decisiones que vulneran nuestra calidad de vida. Ya la JCF ha proclamado que las medidas abusivas que plantean el Plan Fiscal y la Reforma Laboral son insuficientes, por lo que se continuarán imponiendo otras cada vez peores. No es momento para la indiferencia, la comodidad o la resignación. Debemos dejar claro que el vaivén de leyes al que nos tiene sometidxs quienes gobiernan este país es para velar por los intereses de los ricos. Toda medida que arremeta contra las condiciones de vida de la clase trabajadora es inaceptable, y la vamos a combatir con todos los medios a nuestro alcance.