Manuel Cintrón Rivera y Pablo Torres Otero
Al fin se dio el anunciado y esperado arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, anuncio hecho hace varios meses por sus abogados como táctica para minimizar el impacto político del mismo. A su vez, con ese anuncio se pretende influenciar posibles jurados en el caso legal a enfrentar. Pues bien, este caso viene a demostrar por enésima vez que el modo operacional del gobierno en Puerto Rico es uno cargado; se trata de uno de alta influencia de la corrupción. También es indicativo de un hecho muy conocido y comentado en el país: la compraventa de candidatos y partidos en el proceso político electoral y de gobernanza.
En el caso particular del arresto de Wanda Vázquez Garced, el mismo se da por un esquema de soborno donde la entonces gobernadora aceptó dinero para su campaña en la primaria del PNP contra Pedro Pierluisi. A cambio de ese donativo, la gobernadora detuvo una investigación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Llegó más lejos, al remover al Comisionado que investigaba al donante y nombrar en su lugar a la persona recomendada por Herrera Velutini, exconsultor del banco investigado. A cambio, Wanda Vázquez Garced recibió una aportación de más de 300 mil dólares para su campaña política.
Este caso de corrupción se suma a la innumerable cantidad de casos de pillaje en la administración pública de populares y penepés que por más de cinco décadas han compartido la administración pública de gobierno. Y cada vez que se inaugura una nueva administración de gobierno nos sorprenden superando a la administración anterior con la mediocridad e ineptitud de gestión de gobierno, y sí, también con la increíble capacidad para el pillaje de fondos y bienes públicos.
A través del inversionismo político en campañas electorales se expone al país a vivir bajo el pillaje constante que significa la corrupción. A esto hay que añadirle las políticas de privatización de servicios y bienes públicos, que son otros de los elementos constitutivos de la corrupción gubernamental. Se plantea la necesidad de acabar con el llamado bipartidismo, entre otras razones porque su base económica de apoyo es el inversionismo privado en campañas políticas.
El concepto de bipartidismo es un tanto problemático pues, entre otras cosas, pretende adjudicar los males de la sociedad capitalista a la actuación de X o Y partido político o la conjunción de dos o más partidos. Los conceptos son herramientas que se usan para intentar definir, identificar, o cualificar fenómenos de la realidad que se intenta analizar y comprender. El concepto de bipartidismo trae consigo ciertas limitaciones, pero el mismo ya se ha introducido en la realidad política en Puerto Rico y en los análisis que de la misma se hacen. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y trabajar con el mismo. Para ello es necesario aclarar cómo se utiliza y qué se entiende por bipartidismo.
A partir de 1968, con el triunfo del Partido Nuevo Progresista (PNP) y con la sucesiva alternancia en la administración de gobierno con el Partido Popular Democrático (PPD), se identifican unas prácticas de gobernar y hacer política que hasta hoy se conocen como bipartidismo. Existen algunos componentes que marcan y definen lo que proponemos como elementos principales para definir el mismo.
En primer lugar: el clientelismo político. Éste se desarrolla en torno a las políticas y programas de beneficencia o asistencia social, ayudas económicas y prebendas, para lo cual los dos partidos se valen de los recursos del gobierno. Son variados los programas sociales del gobierno para atender los problemas y dificultades que trae consigo la miseria y la pobreza que brota de la sociedad capitalista colonial. Lo que procuran esos partidos es poner parchos y remiendos a la grave situación en que viven amplios sectores de la sociedad, como si fuera la solución a los graves problemas que éstos enfrentan.
No tienen intención ni interés en acabar con la pobreza, pues sin pobres pierden el mercado del clientelismo político, y no tendrían sobre quién desarrollar su control mediante esas medidas que les perpetúan en el poder a través de sus políticas populistas. Entonces, ONGs y fundaciones al estilo de Foundation for Puerto Rico contribuyen a extender y perpetuar ese clientelismo político que tanto necesita el bipartidismo. También, estas ONGs y fundaciones promueven el desmantelamiento del gobierno y la privatización de los servicios públicos que se deben brindar a la ciudadanía.
Así que precisan de los pobres para poder existir políticamente y asegurarse su continuidad en el poder. En los años 70 del siglo pasado en Nueva York llamaban chulos de la pobreza a organizaciones y personas que desarrollaban tales prácticas políticas. Desarrollan políticas tribales en torno a grupos sociales que se van conformando y que son atraídos por las mismas. Se les crea la idea de que fuera de esas políticas y programas no hay vida ni salvación. Esas políticas son caldo de cultivo para el populismo. De esta manera, el clientelismo político, el populismo y la dependencia que se crea en la población afectada son parte de los elementos principales constitutivos del bipartidismo para asegurarse su permanencia y control de la administración de gobierno.
En segundo lugar: la corrupción y el inversionismo político. El bipartidismo se alimenta y desarrolla sobre el inversionismo político, que a su vez sirve de estímulo a la corrupción. A través del financiamiento privado de las campañas políticas, los inversionistas entran al mercado de compraventa de candidatos y partidos. Una vez los candidatos son electos, se les pasa factura de la inversión realizada. Se abren las puertas del gobierno al pillaje, a los contratos a los amigos del alma, al favoritismo en privatizaciones, el nombramiento de hijos talentosos, etcétera. O sea, se viabiliza la corrupción y la impunidad como modo de funcionamiento del gobierno.
De esta manera se protege y garantiza la continuidad del binomio PPD-PNP en la administración del gobierno y en el pillaje a su presupuesto. Mediante este control van estableciendo todo un entramado que les permite enriquecerse robando el dinero destinado a obra de gobierno. Así diezman los recursos económicos de proyectos de obra pública y social. Afectan los servicios que el gobierno debe asumir, mantener y brindar a la ciudadanía.
Además, a través del inversionismo político se logra usurpar los derechos democráticos de los electores, pues las personas electas, en vez de cumplir con las promesas y propuestas por las que las eligieron, deciden cambiar de agenda y favorecer a los inversionistas que las compraron a través del financiamiento privado de campañas, y que ahora vienen a cobrar la inversión realizada.
Establecido los elementos principales del bipartidismo, es bueno señalar que el estatus y su lógica no es definitorio de lo que constituye el bipartidismo. El estatus tiene su importancia en la lógica de la política en Puerto Rico, pero no define al bipartidismo. Esto es así pues la lógica del estatus trasciende al bipartidismo y se manifiesta en todas las organizaciones y partidos políticos en el país.
Al pretender colocar al estatus como elemento definitorio del bipartidismo se les resta importancia a los otros elementos constitutivos; se resta peso al contenido principal del bipartidismo. Entonces, basarse en el estatus como elemento principal o único en esa definición plantea dificultades, porque se trata de una definición muy estrecha y reduccionista. Además, al privilegiar la lógica del estatus en la definición del bipartidismo se nubla su comprensión, se le da una importancia que no tiene y así, quizás sin querer, se cae en la lógica del estatus que se pretende criticar.
¿Acaso el bipartidismo es el problema más apremiante en la colonia capitalista? ¿Es posible dentro de este capitalismo colonial sustituir el bipartidismo al margen de los diversos sectores de clase de la burguesía compradora-intermediaria que le ha dado vida? ¿A quién y a nombre de quiénes responderá la eliminación del bipartidismo y su nuevo sustituto? ¿La corrupción va a dejar de existir con la eliminación del bipartidismo?
Por el momento quienes proponen acabar con el bipartidismo no tienen una crítica que trascienda esa propuesta. Nada se dice del capitalismo colonial que existe en el país y que es la base sobre la cual surge la desigualdad social: las diversas opresiones que se manifiestan a través de la sociedad, la explotación de seres humanos y recursos naturales, o el pillaje de la corrupción que sirve como base de apoyo al llamado bipartidismo. Así también, las amigas y amigos que proponen la nueva política (se habla en este punto de Victoria Ciudadana) vienen obligados a definirse: ¿están a favor del financiamiento público de las campañas políticas, o van a seguir con el doble juego de decir que sí, pero a la hora de la verdad acogerse al financiamiento privado?
Hasta ahora la respuesta parece ser que van a seguir con el malabarismo político de decir que favorecen el financiamiento público de las campañas políticas, pero como es legal el financiamiento privado, entonces se acogen al mismo. De la misma manera hablaban del botín del robo, del banquete total, hasta que su líder política se fue a trabajar con Borschow en Foundation for Puerto Rico. Desde entonces no se les ve haciendo señalamientos contra esa fundación promotora de la privatización de los servicios públicos y del neoliberalismo, y cuyos directivos están entre los principales en hacer aportaciones económicas al PNP.
Tanto populares como penepés han administrado el gobierno por décadas. En ese proceso han propiciado el enriquecimiento de las claques que han controlado a esos partidos. A través de esos guisos, los partidos adquieren grandes beneficios y sus finanzas están boyantes. Pero cuando cogen a alguien robando, esos partidos alegan que se trata de casos individuales y que no representan a la organización política ni tienen que ver con el buen funcionamiento de la misma. Esto a pesar de que se han beneficiado de esos guisos. Es hora de señalar a esos partidos como lo que verdaderamente son: organizaciones criminales que viven del robo de parte del presupuesto del gobierno y los bienes públicos. Sí, es crimen organizado y como tal deben ser tratados.
PPD y PNP son los mismos que tenían comités de campaña política partidista en la AEE para recaudar dinero entre los contratistas y suplidores privados a esa Corporación Pública para beneficio de sus candidatos. Contribuyeron grandemente a hacerla inoperante y la llevaron a la quiebra, entre otras cosas, gracias a la corrupción que allí entronizaron para saquear los bienes y dineros de esa Corporación Pública. Entonces vienen con el cuento de camino que todo fue culpa de la UTIER, y ahora no queda de otra que privatizar la AEE para poder “salvarla”. En ese empeño privatizador, PPD y PNP andan cogidos de la mano. Si tiene dudas pregúntele a Larry Seilhamer o a Eduardo Bhatia.
Esa práctica de saqueo de fondos y bienes públicos es uso y costumbre de esos partidos en todas las agencias de gobierno. Un caso grave es el del Departamento de Educación. Gracias a estos partidos, el engendro de la corrupción campea a lo largo y lo ancho de la estructura administrativa de gobierno. Entonces, erradicar o reducir la corrupción gubernamental a un “mínimo tolerable” es algo que resulta más complicado que la simple consigna de acabar con el bipartidismo.
Más allá de hablar y proponer vagamente una administración honesta, justa y sana, los amigos de la nueva política nada dicen sobre el contenido concreto, para dónde va esa administración de gobierno que se propone, de qué sociedad se está hablando. Mucho ruido contra el bipartidismo y la corrupción; sin embargo, se apegan al financiamiento privado de su campaña electoral. Si no se quiere caer en el oportunismo reformista de quedarse en buscar ventaja en lo inmediato, es importante que no se pierdan de vista los objetivos estratégicos. Se quedan en el simplismo de culpar al bipartidismo de los males del país, como si no se tratara del capitalismo colonial que existe aquí hace más de un siglo.
El capitalismo nace imbuido en la corrupción, la apropiación privada mediante el uso de la fuerza, por trucos legales, sobornos, etcétera, de bienes y terrenos públicos o comunes. Ese es uno de los fundamentos de la acumulación originaria del capital. Entonces plantearse acabar con el bipartidismo no constituye una garantía, ni es sinónimo de acabar con la corrupción. Sí, hay que luchar contra los partidos de los ricos y patronos, pero eso es insuficiente. No se debe olvidar que de lo que se trata es de la transformación revolucionaria y radical de la sociedad. Sin esa transformación, hablar de acabar con el bipartidismo y la corrupción es un acto de autoengaño y un chiste de mal gusto.
Hay que sacudir la Mata, para que los bichos caigan.