Ofensiva privatizadora en la AEE

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Daniel Ramírez

Bandera Roja
www.bandera.org

La ofensiva privatizadora del gobierno se extiende a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La entrega de la producción de electricidad a los grandes intereses es otro ataque a los trabajadores y a los consumidores en general. Este fue uno de los temas tratados por José A. Valentín Martínez, presidente de la UTIER, en una pasada asamblea general de dicho sindicato.

Señaló Valentín como parte de su informe general: «En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica el proceso de privatización tiene varias vertientes. La subcontrataciones de las labores de la Unidad Apropiada [nota del redactor: las labores que corresponden a los empleados afiliados a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER)] ha dejado miles de plazas desiertas. En los últimos años, en las centrales generatrices no se recluta personal nuevo. Los subcontratistas son parte de la vida cotidiana. Todo trabajo de conservación es declarado mejora extraordinaria y se excluye de la Unidad Apropiada. Son los empresarios amigos del gobierno los que se roban los dineros del pueblo. Sus trabajos, que no son de calidad, incrementan el costo al tener que realizarse otra vez. Y son, precisamente, los mismos ingenieros que se jubilan o renuncian de las centrales los que ahora dirigen los trabajos de las compañías subcontratistas.»

«En el caso de la nueva Central de Cambalache en Arecibo la situación se torna aún más grave. Mientras en los últimos meses el Director Ejecutivo ha estado planteando que esa planta será operada por miembros de nuestra Unidad Apropiada, que está en proceso la publicación y adjudicación de las plazas, y que la planta no ha sido entregada a la Autoridad debido a problemas surgidos, la información que se nos acaba de dar por el mismo personal gerencial de la Autoridad es totalmente contraria.»

«Se nos ha informado que esta Central ya está siendo operada por la compañía privada que la construyó y que está generando electricidad.»

Los miembros de otras uniones en la AEE, así como los gerenciales, también están siendo utilizados para reemplazar a los miembros de la UTIER. Pero se advirtió que estos otros empleados también serán víctima de los despidos causados por la privatización. Además se recordó el caso de las dos cogeneradoras privadas propuestas en Guayama y Peñuelas, que han enfrentado una gran oposición por parte de grupos ambientales y comunales pues vendrán a incrementar la alta contaminación de la región.

Señaló Valentín finalmente que el mismo gobierno, tal como hizo con la Telefónica, cabildea en el Congreso de los Estados Unidos para des regular la producción y venta de electricidad. Esto abriría el mercado de electricidad en Puerto Rico a gigantescos pulpos norteamericanos, como la Enron, nefasta dueña de la San Juan Gas, empresa acusada de soborno en otros países del mundo.

La privatización conlleva despidos y reducción de empleos en el sector público, sustituidos por los empleos inseguros y mal pagados de los subcontratistas y privatizadores. Para el público consumidor significará aumentos en los costos y peor servicio dado el afán de lucro de los privatizadores, en su búsqueda de ganancias millonarias. Además la privatización incluye el pago de una cuota (mordida) a funcionarios corruptos y al partido de gobierno, que eleva el precio que se paga a los privatizadores.

Es falso que se abrirá una llamada «libre competencia porque simplemente el monopolio estatal será sustituido por uno o pocos (conocido como oligopolio) monopolios privados que controlarán a su antojo el actual servicio eléctrico. Valga recordar que antes de la década del 40 la electricidad en Puerto Rico estaba en manos privadas y era un servicio malo y caro.

La privatización no es ningún progreso ni ningún avance histórico como nos quieren hacer creer los propagandistas del sistema capitalista, es un retroceso a épocas de mayor explotación y lucro por parte del capital privado.