La fianza es para los pobres: con la fianza no se juega

Entre las muchas cosas que coinciden tanto el Gobernador Fortuño como el candidato del PPD a la Gobernación, Alejandro García Padilla es en que se debe enmendar la Constitución de PR para limitar el derecho a la fianza en los casos de asesinato. Ambos, como representantes de los ricos y de quienes cuentan en todo momento con baterías de abogados para tapar sus fraudes y escándalos, alegan que esta medida tendrá un efecto en la reducción del crimen.

No reduce la criminalidad

Ciertamente, el País reclama que se tomen medidas para atender la ola criminal. Ante la propuesta Fortuño-García Padilla, debemos evaluar si existe evidencia que sostenga la teoría de que la limitación al derecho a la fianza reducirá el crimen y si el Pueblo debe aceptar que la criminalidad se atienda a costa de los derechos fundamentales que el Pueblo mantiene frente al Gobierno.

Debemos resaltar que en los informes legislativos y en la exposición de motivos de la ley que habilita el Referéndum de la fianza, la legislatura no presenta evidencia alguna que sostenga que existe un problema de alza criminal por motivo de delitos cometidos por personas que se encuentran libres bajo fianza. Muy por el contrario, la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio reporta que en los pasados 3 años solamente el 2.7 % de las personas bajo fianza han violado las condiciones impuestas. Estas violaciones no se refieren a la comisión de delitos necesariamente. La mayoría de las violaciones a las condiciones a la fianza se refieren a incumplir con toques de queda, no reportarse a tiempo o consumo de drogas. Al presente, nadie ha resaltado de la existencia reciente de un caso de asesinato perpetrado por alguien que se encuentre bajo fianza.

Más politiquería y represión

Nos preguntamos entonces, porqué insistir en una propuesta que ya ha sido rechazada en las urnas por nuestro Pueblo en el Referéndum de 1997. La respuesta es una mezcla de politiquería y de deseo de limitar los derechos del Pueblo para tener mayor control sobre los sectores pobres y más vulnerables de nuestro País.

Es una medida politiquera porque trata de crear una imagen de que se esta haciendo algo contra el crimen. Y, porque sirve de excusa barata para alegar que por culpa de la fianza es que hay más crímenes en Puerto Rico.

Peor que la actitud politiquera es el deseo de comenzar a echarle la culpa al Pueblo y los derechos constitucionales de la criminalidad. La idea de fondo es que la gente piense que para vivir en paz hay que darle todos los derechos a la policía y al sistema judicial de manera que ellos se encarguen de resolver nuestros problemas.

La fianza es para los pobres

No debemos caer en la trampa de que esta medida es para los criminales. Los derechos que nos protegen contra los abusos del estado benefician a todos y todas, y es precisamente lo que se invoca cuando se nos quiere fabricar un caso, o cuando por una mera investigación floja se acusa al inocente. Los ejemplos están choretos de policías corruptos y de jueces prejuiciados contra los sectores pobres y quienes luchan contra los abusos del estado capitalista. Contra estos sectores la fianza estará limitada. Contra los ricos, que podrán alegar que viven en una “buena” urbanización y tienen un “buen” trabajo los jueces les concederán las fianzas.

La desigualdad: causa de la criminalidad

Si queremos bregar con la criminalidad debemos buscar alternativas radicales, como romper con la desigualdad entre ricos y pobres; garantizar un sistema de educación integral y de excelencia y despenalizar las drogas. Todo lo demás es aguaje y ansias de crear un estado totalitario en donde las personas sean culpables hasta que prueben lo contrario.