¿Vuelta al trabajo o vuelta a la esclavitud?

Por

Ernesto A. Beltrán Feliciano

| Publicado el 25 mayo 2020

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Contra la esclavitud de la colonia capitalista

Rakim Calderón Bernal

Bandera Roja

Ante todo sabemos que los estragos de la pandemia del COVID-19 afectan principalmente a la salud y la vida de las personas, pero también están llevando a la economía mundial a una crisis que algunos estudiosos comparan con la Gran Depresión de los años 30. Otros hablan de una contracción económica peor que la recesión de 2008-2009.

Estas realidades internacionales en Puerto Rico van a combinarse con el problema de la deuda, el empobrecimiento del país, la necesidad de reinvertir en infraestructura y el desmantelamiento de las instituciones públicas, en medio de la emergencia del calentamiento global, así como la actual epidemia del coronavirus. No obstante, lo más alarmante es que estamos siendo gobernados por una clase capitalista sin perspectivas de futuro, sin otro modelo de desarrollo que no sean las tradicionales exenciones contributivas al capital norteamericano y más inyecciones de fondos federales.

En toda esta coyuntura del coronavirus, se ha repetido el mismo guión que con los huracanes o los sismos. En momentos en que el Estado se supone que haya funcionado en favor del interés general del pueblo, es cuando más se le ha visto servir como instrumento de dominación de la clase capitalista.

A raíz de la Orden Ejecutiva del 15 de marzo que anunció los lockdowns, toques de queda, medidas de contingencia, etc… muchos trabajadores y trabajadoras han quedado desempleados o se han visto en la situación de tener que ir a trabajar con el peligro de quedar contagiados por el virus. Es necesario señalar que, por su parte, el Estado no ha pretendido proteger a la clase trabajadora.

Hasta la fecha, sólo podemos constatar cómo este gobierno condena a la fuerza laboral del país a vivir una penosa encrucijada. Sobre todo porque, a pesar de las medidas de distanciamiento social, no se responsabiliza en hacer pruebas masivas. No rastrea el virus. No exige a las empresas exentas hacerle pruebas a sus trabajadores. Vamos, ni siquiera se esfuerza en darnos estadísticas fiables, mientras se nos obliga a trabajar a cambio de un salario que apenas permite sobrevivir la pandemia.

De manera análoga está el agravante de quedarse totalmente sin ingresos, y ante esta situación, somos muchos los trabajadores y trabajadoras que nos hemos visto obligados a recurrir al beneficio del desempleo. Es un hecho lamentable que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sea incapaz de brindar un servicio de calidad al pueblo trabajador y que solicitar el beneficio de desempleo o lidiar con el dichoso “Punto Controvertible” se nos convierte en otro infierno. No sólo los cuadros telefónicos se mantienen permanentemente ocupados, también los correos electrónicos son constantemente bloqueados, incrementando así la ansiedad y el desespero. Además, esta condición ha empeorado con la anunciada apertura de la economía, según lo expresó la Secretaria del Trabajo Briseida Torres Reyes en la conferencia de prensa abierta del 13 de mayo del 2020:

“Si usted en este momento está recibiendo beneficio de desempleo y es llamado a trabajar tiene que informarlo al Departamento del Trabajo porque usted no puede estar recibiendo el beneficio de desempleo”.

En otras palabras, a las personas desempleadas (algunas sin haber recibido un solo centavo) se les está presionando para volver al trabajo sin mayores garantías que el miedo a morirse de hambre. Estas expresiones evidencian cómo el Departamento del Trabajo está violentando a las personas a volver al trabajo como si estuviéramos bajo un sistema de trabajo forzado como la esclavitud o el régimen de la libreta.

Sin dudas la crisis en el Departamento del Trabajo (que a este punto debería llamarse Departamento del Patrono y Recursos Humanos) está siendo aprovechada por la Coalición del Sector Privado y el Gobierno de Puerto Rico para justificar e implementar su política de apertura irresponsable de la economía. Con ello, persuaden a miles de trabajadores y trabajadoras desprotegidos a que vuelvan a trabajar en pésimas condiciones laborales, exponiendo su salud y las de sus familiares, a jornadas laborales inestables por un absurdo y mísero salario que en ocasiones no llega a rebasar la compensación por desempleo.

A saber, más allá de la situación puntual con el desempleo, la clase trabajadora se encuentra en un estado de indefensión crónica debido al impacto de la mal llamada Reforma Laboral de 2017, la misma que aumenta la flexibilidad del patrono para realizar despidos injustificados. En ninguna de las Órdenes Ejecutivas de la Gobernadora u Opiniones de la Secretaria del Trabajo se detalla con claridad los derechos con los que cuenta el pueblo trabajador para tomar una decisión informada o disponer por lo que más le convenga.

Es natural que ante la indefensión crónica en que estamos resurjan varias preguntas: ¿Qué sucede con el empleado que es llamado a trabajar y decide negarse porque el patrono no ofrece un ambiente seguro de trabajo? ¿Qué sucede con el empleado que es llamado a trabajar en un horario tan flexible que transforme drásticamente su jornada laboral? De hecho, más preguntas deberían inundar nuestro pensamiento crítico como pueblo trabajador, pero sabemos que no aparecerán las respuestas por parte de la Gobernadora y Secretaria del Trabajo, porque lo que han hecho hasta el momento es cargarles las maletas a los ricos de este país.

Definitivamente, esta situación de criminal injusticia engendrará la indignación de la mayoría del país. La clase trabajadora tiene que tomar conciencia de que ninguna de las instituciones coloniales y federales ha funcionado en favor del pueblo pobre y trabajador. Tenemos que alzarnos y exigirle al Departamento del Trabajo un servicio digno y de calidad: que a cada beneficiario por desempleo se le garantice un año de compensación, que se asignen fondos tanto para optimizar los servicios que ofrece, como pagar las compensaciones por desempleo. Debemos además reclamar garantías de que no se le presione ni se quite el derecho al seguro por desempleo a las personas que han entendido como inadecuadas las condiciones laborales y se rehúsen a trabajar a pesar de ser llamados por sus patronos.

Subrayamos al Gobierno de Puerto Rico la urgencia en hacer un protocolo digno a los trabajadores y trabajadoras ante la pandemia del COVID-19. Es preciso que la Gobernadora y la Secretaria del Trabajo exijan por ley al patrono que se garanticen los equipos de trabajo que protegen la salud, que se clarifique el estatus de sus contratos por escrito y a que no se ejerza presión para regresar a condiciones laborales inadecuadas. Hay que requerirle a la Coalición del Sector Privado hacer las pruebas pertinentes al personal que vaya a trabajar si quieren reabrir la economía. Si son incapaces de llevar a cabo estas y otras medidas, el mejor servicio que pueden hacerle al país es renunciar a su sus cargos.

Mientras nos sigan gobernando los ricos, sus leyes e instituciones seguirán dirigiendo un país sin perspectivas de futuro, que combinadas con las realidades internacionales, sólo van acelerar una violenta e inminente lucha de clases. Lo más que nos demuestra la actual crisis de salud es que el afán de lucro no puede estar por encima de nuestras vidas, y hace evidente que el poder político tiene que estar en manos de un gobierno Obrero y Feminista para sacarnos de la esclavitud de la colonia capitalista.

En el tiempo que nos tome hacer posible lo necesario, hay que conectar con audacia al movimiento obrero, concentrado mayoritariamente en el sector público de la economía, con la clase obrera del sector privado. Sólo en la unión explosiva del pueblo pobre y trabajador es que nos saldrá la nueva patria liberada.

Salud y Revolución Social