Por
Yolanda Rivera| Publicado el 29 marzo 2020
El gobierno de Trump está aprovechando la crisis del coronavirus para hacer más ricas a las corporaciones. Primero, del paquete de 2 billones de dólares, 500 mil millones son para las corporaciones y 377 mil millones para los pequeños negocios. Comparen con lo que se les va a dar a los hospitales y la salud pública:
Casi la mitad de este dinero de los contribuyentes se le va a dar corporaciones y pequeños negocios. El gobierno asegura que van a fiscalizar y que no va a ser un rescate («bailout») para las corporaciones, un regalo de dinero como el que se le dio a los bancos en 2008 y que mantiene la deuda a niveles extraordinarios en los Estados Unidos. Y aunque el gobierno dice que va a fiscalizar la distribución de estos fondos a las corporaciones, ¿a quién contratan para hacerlo? ¡A Blackrock, la misma corporación que distribuyó los fondos del rescate del 2008! Más aún, Blackrock será responsable de supervisar los riesgos ambientales relacionados con el rescate financiero.
¿Y qué es Blackrock? Blackrock es una firma financiera (hedge fund) que maneja dinero, y que es dirigida por Larry Fink. Entre los socios está Henry Kissinger, quien trabajó para el gobierno de Richard Nixon y George Bush. A Kissinger se le asocia a genocidios y golpes de estado en todo el mundo. Es fundador del grupo Bilderberg, que incluye a personas muy poderosas que dirigen muchas políticas de gobiernos a nivel mundial. Además de Kissinger y otras figuras despreciables, el gobierno de China tiene billones de dólares en inversiones en Blackrock. Más aún, Blackrock va a beneficiarse enormemente de esto pues muchas de sus compañías van a recibir dinero de este rescate, según el New York Times.
De acuerdo a CBS, Blackrock ha contribuido a la deforestación y fuegos masivos que vimos en el Amazonas con dos compañías agrícolas en las que invierte: Bungee Limited y Archers Daniel Midland. El descaro del la administración Trump de darle la fiscalización de los asuntos ambientales a esta compañía desenmascara las intenciones del gobierno de entregarle a los capitalistas 900 mil millones de dólares a costa de la salud de la población y la clase trabajadora.
El gobierno de Trump no sólo planea regalarle billones de dólares a las corporaciones, sino quitar todas las restricciones ambientales que pueda para lograr ganancias récord para los ricos. El Hufftington Post reportó que, el 26 de marzo, la EPA anunció que suspendería toda la supervisión de reglamentos para que las corporaciones cumplan con los estándares de aire y agua limpios. Más aún, existen planes para quitar los límites para la contaminación que producen los carros y el millaje que tienen que cumplir los automóviles por galón, lo cual beneficiaría a GM y otras manufactureras de automóviles. El gobierno de Trump está también finalizando su plan de construir una carretera de 211 millas por los bosques de Alaska para permitir el transporte de mercancía con menos costos. Y para culminar este ataque al ambiente y estos beneficios para los ricos, los gobernadores de Kentucky y Dakota del Sur han firmado leyes el 16 y 18 de marzo para convertir en un crimen las protestas contra la construcción de gasoductos. Todo para las corporaciones y a costa de la salud de la gente.
En Puerto Rico, esto terminará en un gran desastre. Imaginen cómo se darán gusto la carbonera AES y otras corporaciones que contaminan en la isla. Aquí, donde por muchos años las farmacéuticas han contaminado y hecho dinero a costa del trabajo de los puertorriqueños, se habla también de traerlas otra vez, con algo parecido a las 936. Con la misma facilidad con que explotaron el trabajo de muchos puertorriqueños bien preparados, con esa misma facilidad se fueron del país y dejaron a esos puertorriqueños desempleados. La inútil Junta de Control Fiscal, que no ha podido traer un solo dólar al país y se ha tragado más de 300 millones de dólares, y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien no ha logrado que un solo dólar de María ni los terremotos le lleguen a los puertorriqueños pobres, están detrás de esta propuesta.
Si estas corporaciones vuelven, vendrán con más exenciones que nunca y a contaminar nuestros suelos sin control con las medidas que ha implementado el gobierno de Trump. Recientemente, en mayo de 2019, la EPA puso a PROTECO en Peñuelas, el lugar donde las farmacéuticas ponían sus desperdicios, entre los «Superfund sites», que es su lista de prioridades para limpieza ambiental. Ahora nuestros genios de la Junta y la comisionada residente quieren traer más desastre ambiental a la isla.
Las corporaciones y el gran capital solo quieren hacer dinero en medio de esta crisis humanitaria. Las corporaciones han convencido al gobierno de Trump de que obligue a la gente a volver a trabajar a pesar del la pandemia. El gobierno de Trump y muchos republicanos han dicho que los obreros deben volver a trabajar el 12 de abril a pesar de la crisis de salud. Ahora mismo, Estados Unidos es el primer país en el número de contagios.
Mientras los hospitales y centros de salud no tienen mascarillas ni máquinas de respirar para los pacientes (los respiradores), el gobierno les da cantidades exorbitantes de dinero a los ricos por sus «pérdidas». Mientras hay desastres humanitarios en Nueva York (en Queens y Brooklyn, dos de las áreas más pobres) y todo el país, los ricos conspiran para robarse el dinero del tesoro y hacerse ricos destruyendo el ambiente. En nuestros hospitales, como el Auxilio Mutuo, sabemos que muchos trabajadores de la salud se han enfermado por no tener los equipos necesarios para manejar la pandemia.
Los capitalistas son capaces de sacrificar millones de personas para hacer dinero. El gobierno trabaja para ellos, regalándoles billones de dólares y quitando las restricciones ambientales. Es hora de acabar con este sistema que pone las ganancias por encima de la gente. Es tiempo de que tengamos un sistema dirigido por la clase trabajadora, para que la gente, y no un puñado de ricos, tomen las decisiones.
¡La gente antes que el dinero!