Los contratos de emergencia en Puerto Rico

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| Publicado el 20 diciembre 2017

Roberto Barreto

Colaboración

Luego de los huracanes Irma y María, gobernantes y empresarios han establecido contratos multimillonarios para obtener ganancias extraordinariamente elevadas bajo la pantalla de reconstruir a Puerto Rico. Pero el principal problema con estos contratos no es que paguen tarifas infladas, o que hayan sido acordados de manera corrupta a puertas cerradas y mediante procesos irregulares. Tampoco es su mayor defecto, el hecho que busquen privatizar los pocos servicios públicos que quedan. El principal problema ha sido que estos contratos han retrasado el proceso de reconstrucción y representan el mayor obstáculo para superar la emergencia.

El primer contrato que disparó las alarmas de que algo andaba mal fue Whitefish.

El Weather Channel reseñó en octubre 17 que por razones que no se podían explicar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) había contratado una compañía pequeña, virtualmente desconocida y con limitadísimos recursos para reconstruir la red eléctrica, mientras que simultaneamente, había rechazado la oferta de ayuda mutua de la American Public Power Association (APPA) y sus más de 1,100 compañías miembros. Al ser cuestionados a cerca del contrato de Whitefish, tanto la Federal Emergency Management Agency (FEMA) como el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito aclararon que ellos no fueron participes del proceso de contratación.

Lo primero que saltó a la vista fueron las tarifas excesivas que imponía el contrato de 300 millones de dólares. Por ejemplo, mientras un celador de linea en Puerto Rico gana un máximo de $22.00 la hora, el contrato cobraba $319 la hora por los salarios de los celadores de linea subcontratados por Whitefish. Paulatinamente los vínculos de Whitefish con la administración Trump se fueron descubriendo. El Washington Post reseñó que: ‘Whitefish Energy is based in Whitefish, Mont., the home town of Interior Secretary Ryan Zinke. Its chief executive, Andy Techmanski, and Zinke acknowledge knowing one another — but only, Zinke’s office said in an email, because Whitefish is a small town where “everybody knows everybody.” Se supo también que uno de los socios principales de Whitefish, Joe Colonnetta, es un importante donante a la campaña de Donald Trump.

Eventualmente los hallazgos sobre el contrato de Whitefish tomaron forma en la opinión pública y el escandalo forzó al gobernador Ricardo Rosselló a cancelar el contrato. El Congreso de Estados Unidos prometió realizar una investigación. El Director de la AEE, Ricardo Ramos, atrapado en la complejidad de mil mentiras renunció desprestigiado.

Ante la cancelación del contrato, Whitefish amenazó con abandonar los trabajos antes de tiempo. Entraron en una disputa de pago con el gobierno y se sabe hoy que intentaron boicotear la reconstrucción. El Nuevo Día publicó que Ben Wilson, ejecutivo de ARC American -compañía subcontratada por Whitefish- explicó que “en las pasadas semanas, fueron ejecutivos de Whitefish quienes le solicitaron detener los trabajos de reparación ‘críticos’ que realizan como un elemento de presión sobre el gobierno de Puerto Rico ante la falta de pago. .… “Nuestra compañía y sus 115 empleados en el terreno han rechazado esta solicitud. Simplemente, no podemos, de buena fe, detener este trabajo vital que estamos haciendo por una disputa de pago. ”

Mientras el gobierno de Puerto Rico improvisa la desmovilización de Whitefish y su sustitución por nuevas brigadas, una pieza clave en la restauración del sistema eléctrico continúa detenida, la reparación de la Planta Termoeléctrica de Palo Seco. Desde la primera semana después del Huracán María, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) señaló la urgencia de comenzar los trabajos para encender la planta de Palo Seco a la mayor brevedad. Palo Seco tiene la capacidad de producir 250 megavatios de eléctricidad y se encuentra en las cercanías del area de mayor consumo eléctrico.

El gobierno se negó rotundamente a encender Palo Seco argumentando que un estudio realizado por la compañía Island Structuring Engineering indicaba que la termoelétrica colapsaría si fuera encendida. El mismo estudio predecía que la planta no soportaría vientos de más de 60 millas por hora, pero la realidad fue que sobrevivió los vientos de hasta 200 millas por hora del huracán María. Un estudio del 24 de octubre, presentado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores señaló que si se comenzaban las reparaciones inmediatamente Palo Seco se podría encender para este 14 de noviembre.

En vez de comenzar reparaciones en Palo Seco, el Cuerpo de Ingenieros alquiló a la empresa Weston Solutions dos generadores por $35 millones para producir 50 megavatios de eléctricidad. El gobierno de Puerto Rico delegó la reparación de Palo Seco a la empresa General Electric, la cual no realiza ese tipo de trabajo y por ende tiene que subcontratar a otras compañías al igual que sucedía con Whitefish. El contrato con General Electric no es un contrato de emergencia, por lo que el proceso de subcontratación, de procurar la compra de piezas y los trabajos se conducen por via regular y a paso lento como si no existiera una emergencia en el país. Estos trabajos se realizan hasta las 3:00 pm y en días de semana.

El columnista del New York Times, Paul Krugman, comentó en su cuenta de Twitter: “Puerto Rico story has echoes of early Iraq occupation: key contracts given to politically connected firms, with disastrous results.”

En el Departamento de Educación también se otorgaron contratos que obstaculizaban restablecer los servicios. Pasaron semanas y semanas y las escuelas no abrían. Maestros, padres y estudiantes limpiaron y repararon escuelas y una vez las tuvieron listas solicitaron su reapertura, pero Educación se negaba. La Secretaria de Educación, Julia Keleher, alegó que solo el Cuerpo de Ingenieros podía autorizar la reapertura de las escuelas una vez que certificara que eran seguras. El Cuerpo de Ingenieros desmintió a Keleher y se descubrió que el impedimento para reabrir las escuelas radicaba en contratos otorgados a la compañía CSA Architects and Engineers que se había dilatado en terminar el trabajo de certificar las condiciones de los plateles escolares por carecer de personal suficiente.

Así lo aseguró el periódico Metro al citar sus fuentes que alegaban: “CSA es el Whitefish local. No tiene la capacidad de hacer todo lo que le están pidiendo que haga. La diferencia con Whitefish es que son muy profesionales y capacitados, pero son unos comelones. Quieren cogerlo todo y no pueden… Van a tener que subcontratar”

CSA es una compañía con vínculos a pasadas administraciones de gobierno, que incluyen a Carlos Vivoni, exsecretario de la Vivienda y a José Ortiz, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Su función era certificar los daños causados por los huracanes para que el gobierno pudiera reclamar fondos a FEMA.

Aun cuando muchas escuelas estaban listas para reabrir, el gobierno pospuso su reapertura para asegurarse el cobro de los fondos de federales. El gobierno prefirió que miles de estudiantes se mantuvieran inactivos, en hogares sin electricidad, agua o comunicaciones y en muchos casos en hogares semidestruidos, con tal de cobrar los seguros de FEMA. Padres y maestros comenzaron a organizarse y las protestas y piquetes empesaron a poner presión sobre el gobierno.

Keleher en un intento patético por apaciguar a los padres propuso todo tipo de soluciones improvisadas, incluso jugó con la idea de cancelar el semestre al postear la propuesta de un tercero en sus medios sociales para evaluar la reacción de la opinión pública. También propuso utilizar el programa de escuelas virtuales del estado de la Florida para recuperar el semestre una vez regresara el servicio eléctrico y las comunicaciones. Las protestas de los padres incrementaron.

La Federación de Maestros ayudó a organizar padres, maestros y estudiantes en muchas luchas regionales para el restablecimiento de las clases. Estas protestas forzaron la reapertura de escuelas y ya para la primera semana de diciembre el 97% de las escuelas había reabierto, aunque en horario reducido. Esto ha sido un logro de las comunidades que se organizaron y lucharon, aun en las peores condiciones.

Otra de las precupaciones de muchos grupos de padres y de la Federación de Maestros sobre la renuencia del gobierno a reabrir escuelas tiene que ver con las fuerzas políticas que buscan privatizar el sistema público de enseñanza. Ya en años recientes se han cerrado escuelas públicas, alegadamente, por la reducción de población ante la emigración masiva. Pero a la vez, se contempla la apertura de nuevas escuelas privadas para substituir las que fueron cerradas por el Departamento de Educación.

Tanto el gobierno de Puerto Rico, como el de Estados Unidos, buscan eliminar el concepto de distrito escolar para ser sustituido con regiones que se abren a la competencia de proveedores de servicios educativos. El Departamento de Educación de Puerto Rico tendría que competir en igualdad de condicones con empresas privadas para recibir fondos federales. La desición final sobre si se ortorgan fondos a escuelas públicas o si se favorece a instituciones privadas radicaría en Washington.

A principios de noviembre, Betsy DeVos, visitó Puerto Rico para supuestamente evaluar el proceso de reconstrucción y reapertura de las escuelas. Se reunió con el gobernador y con Keleher para discutir la posición del gobierno federal sobre el futuro de las escuelas públicas. El periódico el Vocero le preguntó a la Secretaria de Educación, Julia Keleher, si el Departamento de Educación estaba considerando utilizar el modelo de escuelas charters y los vales educativos. Keleher admitió que la otorgación de los fondos federales para la educación está vinculada a la aceptación de los esquemas privatizadores: “La secretaria de Educación (federal) tiene su línea y la administración (de Trump) también tiene su línea. El gobierno federal no impone, pero tiene sus prioridades… Esa es su línea, pero si tú no quieres coger sus chavos, pues no los coges”

El paso catastrófico del huracán María por Puerto Rico ha sido visto como una gigantesca oportunidad comercial y de lucro por parte de empresarios y gobernantes quienes con sus contratos millonarios han saqueado los fondos de emergencia. Sacrifican el bienestar del pueblo, retrazan la reconstrucción del país, mienten descaradamente para justificarse, falsifican las estadísticas, todo para privatizar y enriquecerse. Tornan la miseria de muchos en el privilegio de unos pocos. Dominados por la avaricia no pueden ni siquiera anticipar sus propios intereses futuros pues con su egoísmo a corto plazo destruyen el clima de inversión del que dependen para generar ganancias. Constituyen una clase parasítica, – que al igual que los parásitos verdaderos – sino son detenidos a tiempo terminarán matando al organismo del que dependen para vivir.